José Javier Rodríguez

José Javier Rodríguez

A nadie le gustan los tramposos. A nadie menos a muchos de nuestros legisladores estatales. El miércoles pasado, la Cámara de Representantes de la Florida se puso del lado de los cabilderos de la Florida Retail Federation (Federación de Detallistas de la Florida) y votó a favor de eliminar una ordenanza de Miami-Dade que ayuda a los trabajadores cuando no les pagan su trabajo.

Si a los trabajadores les roban horas, les pagan menos de lo que les prometieron o sencillamente no les pagan, el problema se llama robo de salario, y es algo que ocurre mucho. En 2010, hicimos algo al respecto aquí en Miami-Dade. Aprobamos una ordenanza, llamada el Wage Theft Ordinance, que ha ayudado a cientos de trabajadores a reclamar lo que les deben mediante un proceso de queja administrativa.

Nuestra ordenanza local ya ha ido al rescate de algunos de nuestros industriosos vecinos. Un ejemplo es el caso de Norma y Carlos –camarera y panadero en una pizzería del sur de Dade– que se aparecieron a trabajar un día el año pasado y les dijeron que se fueran. Les informaron que el negocio cerraba y que se les pagarían los $6,000 de sueldo que todavía les debían a ellos y a otra compañera de trabajo. Dos semanas más tarde, los trabajadores descubrieron que el restaurante había contratado nuevos empleados y abierto otra vez bajo el mismo nombre, pero sin pagarles a ellos. Sin la ordenanza de Miami-Dade, Norma y Carlos no hubieran tenido quien mediara por ellos. Ahora, su caso avanza por el proceso administrativo del condado.

Conozco bien la ordenanza de Miami-Dade. La redacté en 2009 cuando era abogado de una organización de servicios legales sin fines de lucro, escribí el informe amicus curiae que la defendió ante los tribunales cuando los intereses especiales la impugnaron, y sigo luchando a favor de esta protección esencial para nuestros trabajadores.

La ordenanza contra el robo de salario de Miami-Dade ayuda al trabajador de día a día. También protege a nuestras empresas honestas. La mayoría de las empresas tratan bien a su personal. No es justo que tengan que competir con los comercios inescrupulosos que cortan costos robando salarios.

Una queja que suelen tener los empleadores es el alto costo de resolver las disputas salariales si llegan a la corte. Habiendo visto de primera mano lo complicado que es resolver problemas por medio de litigios, considero que esta es una preocupación seria, sobre todo para empresas pequeñas. Por esa razón, bajo la ordenanza, no hay cargos de abogados si el empleado y el empleador eligen utilizar el proceso administrativo en vez de ir a juicio.

Al proyecto de ley (House Bill 609) le han puesto, cínicamente, el nombre de “Protección de Salarios para los Empleados”. En realidad, hace lo opuesto. Se impondría

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