LA CONTABILIDAD ELECTRONICA

LA ILEGALIDAD DE LA SOLICITUD DE CONTABILIDAD ELECTRÓNICA.

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Actualmente existe una norma fiscal de la cual se desprende una obligación de hacer y se relaciona directamente con la propiedad de los contribuyentes, esta obligación establece a los contribuyentes enviar de manera mensual su contabilidad a la autoridad recaudadora usando los medios electrónicos y con las condiciones que ésta misma autoridad determine.

En la ley reglamentaria el legislador dejó en completa libertad a la autoridad para reglamentar las condiciones en que se deberá entregar la información contable, dejando en completa inseguridad jurídica al contribuyente referente a los datos que contienen toda la información de los derechos, obligaciones y patrimonio o capital de todo contribuyente, esta información es propiedad de las personas, sean estas físicas o jurídicas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege las garantías individuales de las personas dentro del articulado de inicio de donde específicamente se extrae el Artículo 16, que a la letra dice:

Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

El principio jerárquico de la normatividad en nuestro país establece que ninguna norma podrá estar por encima de la Constitución, en este caso claramente se está ante la transgresión de dicho principio, ya existe una norma jurídica de nivel reglamentario tal y como lo es el Código Fiscal de la Federación, que impone una obligación de hacer generalizado para todos los contribuyentes y sin embargo debería constar en un escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado, motivado y notificado personalmente al contribuyente en su domicilio en estricta interpretación del artículo 16 constitucional.

INTRODUCCIÓN.

Las reformas estructurales, anunciadas con el inicio de la presente administración encabezada por un gobierno priista después de 12 años de que este partido no gobernara el país, se sustentaron con una exposición de motivos justificando la necesidad de un cambio radical en la normatividad tributaria, el proceso legislativo dio como resultado una normatividad que si bien es cierto no fue del todo nueva, si se generó cambios que como su nombre lo indica fueron de estructura, modificación, adición y hasta derogación del articulado del conjunto de leyes fiscales vigentes en México.

En esta reforma fiscal estructural, como fue llamada en mi opinión sólo para hacer sonar el nombre ostentoso, sucedió lo que históricamente se ha planteado en cada administración: fue enviada al poder legislativo una reforma con el objetivo de que paguen más los que ganen más y que todos puedan tener mejores servicios mediante una recaudación efectiva y una correcta distribución del gasto .

En esencia, es así como muchos analistas en diferentes exposiciones, artículos y libros lo plantean , pero el resultado del proceso legislativo en las reformas es algo completamente diferente, efectivamente si pretende recaudar más pero utilizando medios que lejos simplificar los procesos los complica, al generarle a los sujetos obligados al pago de impuestos un carga administrativa mayor y obligaciones que van más allá de su esfera jurídica, es decir leyes que transgreden garantías y vulneran la seguridad jurídica de los contribuyentes.

En el desarrollo del presente documento de investigación se analizarán las normas reglamentarias que establecen algunas obligaciones en materia de contabilidad y solicitud de información por parte de la autoridad recaudatoria, para concluir si están apegadas a los principio de legalidad o si por el contrario vulneran las garantías constitucionales de los sujetos

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