Violence Escarole

La violencia ha sido utilizada para acceso y permanencia en el poder, como instrumento de expropiación y método para enriquecimiento de las élites.

“Reformar la sociedad por medio de leyes es el sueño del ciudadano incauto, y el preámbulo discreto de toda tiranía”. Gómez Dávila (1913-1994)

Colombia es un país de leyes, algunas de ellas colmadas de virtudes en la letra, pero sin desarrollo práctico favorable, porque las transformaciones o soluciones que se pretenden, son solo enunciados abstractos, distanciados de las realidades concretas.

Acaba de expedirse la ley 1620/13, “Por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, que se inscribe en la lógica de resolver problemas con expedición de leyes, pretendiendo que la realidad y dinámica social se ajusten a las leyes y no estas a las primeras.

Ha reconocido el propio gobierno nacional, a propósito del proyecto de reforma a la salud, que además de ser fruto de la improvisación, resulta ser un acto de “demagogia legal”, queriendo señalar como se crean unas expectativas alrededor de la solución a problemas sociales, las cuales no se van a cumplir.

La violencia no se origina en la escuela, tiene expresión en ella, como reflejo de todo el fenómeno de crisis y descomposición que vive nuestra sociedad. Al acuñar la ley 1620/13 la expresión “violencia escolar”, está dando a entender que su germen está en la institución educativa independientemente del entorno, convirtiéndola en “chivo expiatorio” cargada de culpas que no le corresponden, responsabilizando a la escuela y al maestro de la crisis que el propio Estado, la sociedad y la familia no han podido resolver.

Se olvida que la violencia ha sido utilizada históricamente como mecanismo para acceso y permanencia en el poder, como instrumento de expropiación y como método para enriquecimiento de las élites o dispositivo para acceso a altos cargos de representación estatal (“para-política”); que igualmente está asociada a la pobreza, la miseria y la marginalidad, a los problemas familiares, la impunidad, al pésimo ejemplo que da la fuerza pública (“falsos positivos”) y con una realidad nacional permeada por un enfrentamiento armado.

Por supuesto que a la institución educativa en cumplimiento de unos de los fines esenciales de la educación, como lo es la formación integral, le corresponde jugar su papel frente al fenómeno de la violencia y la manera creciente como esta se expresa en la cotidianidad de la vida escolar, recurriendo para ello al saber, la reflexión y la práctica pedagógica.

Una lectura crítica sobre contenidos de la norma y sus implicaciones nos permite señalar que:

Esta norma se asume a sí misma no como una solución o superación del problema, sino, como un paliativo, al afirmar que se trata solo de mitigar la violencia escolar.

Al plantear la corresponsabilidad de la familia en el desarrollo del Sistema de Convivencia Escolar, desconoce que son la mayoría de estudiantes involucrados en actos de agresión quienes por lo general carecen de un núcleo familiar como tal.

Se reconoce en varios de sus apartes, la vigencia de la ley 115/94 (Ley General de la Educación), la misma cuya vigencia se niega cuando hemos acudido desde la organización sindical a su contenido para sustentar y reclamar la intervención de los órganos del Gobierno Escolar —consejo directivo y consejo académico— en decisiones como la implementación de jornada escolar, jornada laboral, la asignación académica o reconocimiento del descanso como tiempo efectivo para la formación de los estudiantes en el marco de la jornada escolar.

Se contempla la participación de las entidades privadas en la ejecución del sistema de convivencia escolar, lo que llevaría a preguntarnos sobre ¿cuál es la racionalidad e intencionalidad que anima al sector privado para participar del diseño y ejecución de propuestas curriculares?

En la conformación del Comité Nacional de Convivencia Escolar, cuya función principal es definir las estrategias generales para el desarrollo del sistema, se excluye a Fecode, es decir al magisterio, a pesar de ser los maestros quienes tenemos en el día a día el contacto directo con el problema, sigue excluyéndose al maestro de la toma de decisiones trascendentales para el devenir

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