Arcana Imperi

Introducción

El Arcana Imperii o Razón de Estado que a mi parecer ha regulado el actuar del Estado mexicano en más de 176 años de evolución de la Administración Pública, ha sustentado de una manera fuerte y poderosa la parte oscura y secreta del ejercicio del poder, el bastión irreducible del no derecho. Ha tenido a la actuación de la Administración Pública detrás de la opacidad en cuanto al servicio que le debe a la sociedad. Pero también es cierto que a últimas décadas –a partir del año 2000- y en concreto a partir del año 2002 en que es publicada la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se pretende dar un giro a la visión de la Administración Pública al permitir a la sociedad civil “entrar” en las políticas, programas y acciones del Estado, pedir se le rindan cuentas y conseguir espacio públicos para su actuar.

Desarrollo

El Estado mexicano a la fecha cuenta con las bases y condiciones para poder establecer los principios rectores del “Buen Gobierno”, ya que al permitir la transparencia y rendición de cuentas, en automático se logra el combate a la corrupción y eso a su vez se traduce en un eficiente actuar a través de sus instituciones gubernamentales y de su aparato burocrático. De la eficiencia de la Administración Pública en la gestión y visión de las estrategias y acciones que definirán el rumbo a seguir por parte de éste.

Me parece que el marco jurídico y la normatividad vigente que regulan la actuación del Estado frente a los gobernados como sociedad organizada y ciudadana, son, sino suficientes, si bastantes y aptos para que se den las condiciones de un “Buen gobierno”; que permita encaminar los recursos y las acciones del Estado en pos de lograr la paz social y el desarrollo. Condición que una vez que en la visión estatal se encuentren perfectamente definidas y delimitadas las políticas gubernamentales, publicas y ciudadanas, al detectar las necesidades y puntos críticos de este actuar gubernamental, aportando los elementos que le permitan adaptarse, aprender y experimentar con estás políticas y poder generar un cambio a una realidad en que se conduzca con transparencia y permita a su vez sin la menor responsabilidad la inclusión de la sociedad organizada por medio de la participación en su proceder, compartiendo responsabilidades, recursos, visiones e intereses entre otros.

El Estado debe de tener como primero y último fin, el bien común de la sociedad y por eso está obligado a ser un ente que desde la parte gubernamental y administrativa, pueda dar resultados de calidad y con eficacia. Que la asignación de recursos y prestación de los servicios no vulnere la esfera jurídica de los gobernados, que se obligue a establecer las bases y condiciones que le permitan establecer los principios rectores del “Buen Gobierno” y a su vez, maximizar los beneficios sociales de sus políticas. Los resultados de este tipo de gestión gubernamental, se ven reflejados en diferente elementos que impactan directamente a los gobernados, el “Buen Gobierno”, permite la consecución de la legitimidad, la rendición de cuentas, la competencia, el garantizar los derechos humanos, la libertad de asociación y participación, un sistema judicial justo y fiable, la libertad de información y expresión, la gestión del sector público eficiente y eficaz, la cooperación con instituciones de la sociedad civil, la gestión política transparente y previsible y la administración profesional entre otras.

Conclusión

De la sociedad en general y de los compromisos de los servidores públicos en lo particular, depende la visión de Estado que este país pueda lograr, ya que al final de cuentas el Estado es un ente abstracto y depende del individuo para el ejercicio de su poder. La rectoría de un “buen Gobierno”, podrá permitir al Estado lograr una eficiente dirección, control y administración de sus intereses y poder ejercer eficazmente el poder político sobre la sociedad. En palabras de Jokin Alberdi, el “Buen Gobierno” es la forma de ejercicio del poder en un país, caracterizado por rasgos como la eficiencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la sociedad civil y el estado de derecho, que revela la determinación del gobierno de utilizar los recursos disponibles a favor del desarrollo económico y social.

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