El Estado democratico y social

Generalmente, al hablar de Estado pensamos en la organización política de una Nación, las facultades de los gobernantes. El Estado está conformado por autoridades con funciones establecidas con el fin de satisfacer las condiciones adecuadas en las que los habitantes se van a desenvolver.

Nuestra actual Constitución establece en su artículo 2 que Venezuela es un Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia con  valores superiores al ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Por tanto, Venezuela es considerada un Estado Democrático y Social por considerar los derechos humanos como fundamentales y universales. Al igual se compromete a crear, conservar y materializar dichos derechos para lograr un bienestar general para los habitantes. Para garantizar este gran fin, el Estado Democrático, sustentado en la organización política de la Nación, debe estar basado en los principios fundamentales, iniciándose con el ejercicio de la Soberanía mediante la democracia directa y participativa, que garantice la verdadera participación de los ciudadanos en la elección de las autoridades de cada ente gubernamental que van a resguardar tales derechos.

El Estado Democrático y Social debe actuar salvaguardando la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, además de buscar la armonía entre las clases para evitar las desigualdades sociales, políticas y económicas. Así como se deduce del preámbulo constitucional, el Estado Democrático y Social está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni subordinación, es decir, debe ir más allá, hasta llegar a la función de educar, proteger, asistir y colaborar con aquellos ciudadanos y ciudadanas a quienes les han sido vulnerados sus derechos humanos.

Por tal, el Estado de Derecho y de Justicia apunta a reforzar la protección constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición de debilidad; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea perniciosa para otros.

Permite a los ciudadanos el derecho a tener el acceso a los órganos de administración de justicia y ejercer el contradictorio para obtener una decisión dentro de los lapsos procesales establecidos, con las garantías mínimas de un proceso, las cuales están contenidas en el artículo 49 de la Constitución, todas las personas llamadas a un proceso, o que de alguna manera intervengan en el mismo, en la condición de partes, gozan del derecho y garantía constitucional a la tutela jurisdiccional efectiva. Así mismo, al encontrarnos en un Estado de Derecho y de Justicia, la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías establecidas en la Constitución.

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