La Ciencia

En general, el estado colombiano ha hecho grandes esfuerzos por implementar

estrategias a través de las disposiciones legales consignadas en el Sistema General

de Riesgos Profesionales para proteger proactivamente a los trabajadores frente a los

riesgos de enfermedades o accidentes y a la vez prevenir los efectos negativos que se

puedan generar por este tipo de eventos en la salud física y mental delos trabajadores.

De igual forma, la legislación colombiana se ha enfocado en ofrecer garantías para la

atención médica y psicosocial de los afectados, para su pronto reintegro a las

actividades productivas y evitar exclusiones o discriminaciones por las consecuencias

que este tipo de eventos de tipo laboral puedan generar.

Sin embargo, aún es necesario reforzar la exigencia en el cumplimiento de las normas,

empezando por la afiliación al sistema, la cual no supera el 30% de la cobertura de la

población económicamente activa4, y resolver el falso dilema empleo–protección

contra los riesgos laborales. Dado que en Colombia la tasa de desempleo se ha

mantenido en los últimos años alrededor del 12%5, es apenas natural que se de

prioridad a la creación y sostenibilidad del empleo, que a mejorar la calidad de vida

laboral a través de mejores sistemas de control y protección de los riesgos

ocupacionales. En el fondo, lo que se requiere cambiar es el concepto de muchos 6

empresarios de ver en las medidas de protección un gasto más que una inversión en

productividad y eficiencia.

4- Situación actual

Colombia es un país en desarrollo en el cual el sector agroindustrial representa cerca

del 31% del valor de la producción total del país, seguido por la industria

manufacturera y del sector de químicos con el 14%. Sus principales rubros por

exportación son petróleo y sus derivados, carbón, café, ferroníquel y flores4

.

Como una economía mayormente orientada al aprovechamiento de recursos

naturales, tanto de origen agropecuario como minero, y un sector manufacturero en

crecimiento y en busca de una mayor competitividad a nivel global, el uso de mano de

obra es extensivo, debido a su relativo bajo costo. A esta situación se suma el hecho

de que cerca del 99% de los establecimientos industriales son clasificados como

microempresas (menos de 10 trabajadores), pequeñas (11-50 trabajadores) y

medianas (51-200 trabajadores), las cuales generan el 63% del empleo y el 53% de la

producción bruta del país5

.

Sin embargo, en la gran mayoría de las micro y parte de las pequeñas empresas

existe un alto grado de informalidad a nivel de todo el negocio que necesariamente

afecta la manera como se maneja la salud ocupacional en su interior. Agravando la

situación anterior, la Ley 879 del 2000, también llamada Ley de Flexibilización Laboral,

permitió la intermediación de la contratación a través de cooperativas de trabajo, que,

en muchos casos, desatienden las normas mínimas relativas a la seguridad social2

.

Según los datos reportados por la Primera Encuesta Nacional de Condiciones de

Salud y Trabajo de Colombia6

, solo el 44% de los centros de trabajo con menos de 50

trabajadores indicaron desarrollar algún tipo de actividad en salud ocupacional.

Igualmente, el informe encontró que existe una mayor probabilidad de sufrir un

accidente de trabajo en establecimientos con menor número de trabajadores, mientras

que a nivel de enfermedades profesionales la mayor proporción se presenta a nivel de

los grupos de administración pública, servicios

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