Una meta de la acción política. En cuanto los actores políticos buscan imponer sus propios valores y/o intereses, y teniendo en cuenta que el derecho constituye un conjunto objetivado de valores con un alto grado de efectividad

1. INTRODUCCIÓN - RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y DERECHO

Toda la labor jurídica se halla determinada por la teoría política. Y esto no debe extrañarnos, la mutua dependencia de la ciencia jurídica y la teoría política no es más que el correlato de la inseparabilidad del derecho y la política en tanto actividades de la vida social.

En efecto podemos imaginar al universo político como un campo en que, fuerzas políticas se enfrentan, se potencian se neutralizan y se imponen unas a otras. De esta forma, el concepto de fuerza política puede descomponerse en tres elementos centrales:

1.           Los sujetos-actores del universo político

2.           Los valores y/o intereses que expresan y persiguen (los motivos de su accionar)

3.           Medios de acción a los que recurren para imponerse.

De toda esta dinámica entre actores, valores y medios de acción en el campo de la política surge lo que llamaremos “derecho”. Tenemos así que del universo político aflora un régimen de poder y un cierto orden jurídico o derecho y esta relación surge como una suerte de unidad dialéctica entre legalidad y efectividad, esto es, el derecho dota de legalidad al régimen de poder político y el régimen de poder político dota al derecho de efectividad. Entenderemos la legitimidad como el grado de aceptabilidad que cosecha entre la población esa dupla derecho-poder político. Ahora bien, para tratar más específicamente la relación entre política y derecho debemos distinguir 2 puntos de vista: el del observador y el del participante.

Desde el punto de vista del observador, el derecho se presenta como una expresión de un determinado orden político. Esto quiere decir que el derecho positivo de una sociedad es una suerte de fotografía de las fuerzas políticas predominantes en un momento histórico determinado.

Por otro lado, desde el punto de visto de los actores políticos, la apreciación del derecho está fuertemente determinada por el grado de legitimidad que estos reconozcan al orden jurídico-político vigente. Por esta razón, los actores políticos pueden ver en el derecho tres diferentes cosas, no excluyentes las unas de las otras:

• Una meta de la acción política. En cuanto los actores políticos buscan imponer sus propios valores y/o intereses, y teniendo en cuenta que el derecho constituye un conjunto objetivado de valores con un alto grado de efectividad, toda fuerza política pretende que sus propios valores alcancen ese resguardo que brinda el derecho. En resumen, los actores políticos buscan que sus valores se vuelvan derecho.
• Un marco de la acción política. A través del derecho se fijan las reglas del juego político. El derecho fija pautas y mecanismos de comportamiento político.
• Un instrumento de la acción política. A través del derecho los valores/intereses de ciertas fuerzas políticas se imponen como una normatividad efectiva aplicable objetivamente a todos los actores.  

En resumen la política no es otra cosa que conflicto de valores e intereses enfrentados que busca resolverse por medio de diversas técnicas de imposición de la voluntad. Y el derecho no es otra cosa que un conjunto objetivado de esos valores, interés y técnicas de imposición de la voluntad, en el seno de una sociedad determinada; es decir, un cierto orden de valores e intereses políticamente relevantes, respaldados en el monopolio coercitivo del Estado. De esta manera se observa que el derecho no está del otro de la frontera de la política, sino que es una continuación de la política. Siempre, el derecho es producto, meta, instrumento y marco de la lucha política; y la administración de la justicia, donde se dirimen conflictos particulares mediante la aplicación de aquellos valores, intereses y técnicas de imposición de la voluntad, no es otra cosa que la punta donde acaba la madeja de la política.  

2. EL ABOGADO Y SU DEBER EN LA POLÍTICA

Algunos definen la política como el proceso de toma de decisiones aplicables a todos los miembros de un determinado grupo, otros la definen como un arte, doctrina u opinión referida al gobierno de los Estados.

Sin embargo, aun si se prescindiera de una definición de lo que por política debe entenderse, identificar las conductas que la constituyen no representa problema alguno. Por ejemplo, sabemos que se hace política al militar por un partido político, cuando se sirve al mismo o se defienden sus ideales, también cuando se tiene una actitud crítica hacia un régimen determinado o cuando, por el contrario, se defiende a uno de forma leal y coherente.

Lo que aúna estos estos esfuerzos, lo que motiva a las personas a participar de la política es en definitiva la posibilidad de ejercer influencia en las decisiones del Estado, de guiarlo en una determinada dirección, consecuente con el pensamiento del actor.

El desarrollo de estas actividades parece generar un mayor interés en los abogados, pues una parte considerable de ellos adhiere a un sector político determinado, participa activamente en la vida política y, por lo general, son quienes ocupan los cargos políticos de mayor relevancia.

Esta relación entre el Derecho y la política ha sido objeto de comentarios a través de la historia, repitiéndose en múltiples naciones, siendo repudiada por unos y elogiada por otros. Ejemplo de esto último es el caso de Azorín, autor de ascendencia española, que dice que “mientras más abogado se es, mientras más adentrado esté en el foro, mientras más sincero y profesionalmente abogado sea, mejores condiciones tendrán para el ejercicio político”.

Dando por cierto el hecho de que los profesionales del Derecho se sienten especialmente inclinados a participar de la actividad política, persiguiendo la realización de ciertos ideales o propósitos, debemos preguntarnos cuál es su rol en ella. Dicho de otro modo, ¿qué debe hacer el abogado en la política?

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