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Derechos Fundamentales

aandreita199418 de Octubre de 2012

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Colombia: al tablero en Derechos Humanos

Por iniciativa propia, que hay que reconocer y celebrar, Colombia decidió someterse al proceso de evaluación en DD.HH que adoptó recientemente la ONU y que es ya conocido como "Examen Periódico Universal" (EPU). El 2008 es el primer año de este proceso de evaluaciones al que se llega -a diferencia de un mecanismo anterior- por decisión propia o por un medio aleatorio de selección entre los países miembros. En 10.700 palabras (no mas de 20 páginas) Colombia presentó el informe con sus anexos el 1 de septiembre, a la espera de que, coincidiendo con el Día Internacional de los DD.HH se iniciara en firme, el 10 de diciembre, el proceso de evaluación.

No es fácil exponerse a un escrutinio público de carácter internacional en materia de DD.HH. Muchos países, incluso con muchísimas menos situaciones críticas en materia de violencia o conflicto lo eluden sistemáticamente al amparo de los más variados argumentos. Que Colombia lo haga, y justo en un momento particularmente difícil de la situación de DD.HH, ha sido una decisión mas que conveniente. Si se le ha de poner la cara en el orden interno, ¿por que no hacerlo en el marco de un sistema de naciones, de donde pueden provenir tanto criticas como valiosa cooperación?

Nadie discute la gravedad de la situación actual de derechos humanos en Colombia pero igual seria absurdo desconocer los avances que se han obtenido. En medio de un debate político e ideológico intenso como el que vive el país, es fácil extraviarse entre los extremos de creer que "estamos bien" y el otro de que "no se ha hecho nada", todo lo cual ocurre en medio de una extendida y compleja violencia atravesada por elementos tan perturbadores como los del narcotráfico, la degradación y la barbarie.

Tal vez como pocos, Colombia tiene un marco constitucional y un amplio desarrollo legal en materia de DD.HH. La Constitución de 1991 es un pacto alrededor de un Estado Social de Derecho cuya finalidad ultima no es otra que la de hacer posible el respeto, la garantía, vigencia y disfrute de los Derechos Humanos. Colombia es además uno de los Estados que más tratados internacionales de DDHH y DIH ha ratificado, tanto del Sistema Universal como del Sistema Interamericano. En el país opera una Oficina de la Alta Comisionada desde 1997, cuyo acuerdo ha sido prorrogado hasta octubre de 2010; hay 23 oficinas entre agencias, fondos y programas de Naciones Unidas y una delegación del CICR.

Es claro pues que no solo hay un marco político-jurídico de garantía de derechos sino también un amplio inventario de instrumentos nacionales e internacionales de observación, vigilancia y acompañamiento.

Son grandes los avances pero mas lo son los desafíos. Las acciones cada vez más degradadas de los grupos armados ilegales, la incapacidad del Estado para controlar el territorio, las acciones u omisiones de agentes estatales y los efectos en la cultura ciudadana de la violencia, han producido una grave situación de violaciones a los DDHH. Las estadísticas favorables no se pueden desconocer pero tampoco la gravedad de asuntos como los falsos positivos, el "rearme" paramilitar, el desplazamiento forzado o los cuestionamientos a políticas en relación con las victimas, entre otras.

El actual es un contexto de indudables y reconocidos avances en materia de DD.HH. y DIH pero también de persistencia de situaciones y hechos tan repudiables como inadmisibles. Y como en el caso de algunas enfermedades que la humanidad se ha esforzado en erradicar, la ocurrencia de un solo caso es en extremo grave. Así vale para una sola mal llamada "ejecución extrajudicial" o para una sola desaparición forzada.

Pero en Colombia estamos abocados a responder a estos desafíos de manera no solo decidida sino también integral porque existen también otras dimensiones de los derechos humanos que la dureza y magnitud de los hechos que se originan en la violencia relegan a un segundo plano y que tocan con la pobreza, la exclusión y la discriminación. Por eso hay que animar a que también se tomen decisiones en otros frentes y una extraordinaria posibilidad la constituye que en el 2009 se concrete la adopción del "Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos".

En junio de 1993, Colombia, al igual que otros 171 Estados, suscribió, durante la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la "Declaración y Plan de Acción de Viena", los cuales llaman a que "cada Estado considere elaborar un plan de acción en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos". Pero el éxito de un empeño así pasa por reconocer, como lo plantea ya un documento inicial, la integralidad de los derechos humanos y la dependencia recíproca entre los derechos a la vida y la libertad; los civiles y los políticos; los económicos, sociales y culturales; asumiendo, en todo caso, como de gran importancia, la permanente concertación con la sociedad civil.

A condición de que, además, incorpore los compromisos internacionales asumidos por Colombia en estas materias, incluidos los que salgan del "Examen Periódico Universal 2008", el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos puede llegar a ser el instrumento estratégico y operativo para que desde el Estado -con el concurso de toda la sociedad- no solo se los promueva sino que, sobre todo, se los proteja efectivamente.

Y como política permanente de Estado -más allá de cualquier período de gobierno y por encima de las a veces inútiles controversias políticas o sesgos ideológicos- un logro asi seria también, sin duda, una gran contribución para la construcción de una paz y una reconciliación que aun están en el porvenir.

*Profesional en Estudios Políticos y Transformación de Conflictos. Especialización en Cultura de Paz, DD.HH y DIH. Consultor del Programa Presidencial de DD.HH y DIH. Columnista EL TIEMPO

Cambios fundamentales en la Constitución Política de Colombia

Uno de los cambios implementados por la Constitución, fue afirmar la necesidad de construir un Estado social de derecho en el cual, todos los colombianos puedan acceder al beneficio de unos derechos sociales fundamentales que garanticen condiciones de vida dignas.

Además, la Constitución incorporó nuevos espacios de participación ciudadana, dejó de lado la tradicional democracia representativa y definió al Estado colombiano como una democracia participativa.

Los siguientes son algunos de los cambios que introdujo la Constitución de 1991.

• Estableció mecanismos de defensa para los derechos fundamentales, como la tutela.

• Facilitó la doble nacionalidad.

• Mejoró la participación comunitaria.

• Eliminó los suplentes en los cargos de las corporaciones públicas.

• Estableció un amplio régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los congresistas.

• Introdujo el sistema acusatorio y la Fiscalía.

• Reconoció como derechos de la ciudadanía la ecología y la cultura.

• Determinó la delimitación y administración de los territorios indígenas.

• Creó la vicepresidencia de la República.

• Creó el Concejo Nacional Electoral para organizar y vigilar el sistema electoral.

os derechos humanos en Colombia: realizaciones y desafíos

Intervención del Consejero Presidencial para los Derechos Humanos en el 44 periodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Nueva York, 1992), con ocasión del examen del Tercer Informe Periódico del gobierno de Colombia

Señores miembros del Comité de Derechos Humanos:

Para el gobierno de Colombia es muy satisfactorio poder dirigirse a este Comité, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por una parte, creemos que la permanente vigilancia de los organismos internacionales y de la opinión del mundo es central para que se desarrollen los principios de defensa y protección de los derechos humanos: el diálogo que tendrá lugar hoy constituye para nosotros una nueva oportunidad de confrontar las políticas que desarrolla el Estado para cumplir con sus compromisos con el país mismo y con las Naciones Unidas. Pero también es satisfactorio que, desde cuando, hace casi cuatro años, Colombia participó en la discusión del Segundo Informe periódico, los cambios constitucionales, legales y políticos que ha vivido Colombia hayan estado impulsados por una clara decisión política de lograr una efectiva protección de los derechos de los ciudadanos.

La situación colombiana ha sido particularmente compleja, y a veces parece desafiar toda lógica. Las paradojas de su desarrollo reciente son evidentes. Durante años, en la década pasada, tuvo la más alta tasa de crecimiento económico de América Latina. Una política social decidida ha conducido a un mejoramiento en los índices de desarrollo humano, como los definen los expertos de las Naciones Unidas, hasta el punto de que en el Informe de Desarrollo Humano de 1990 se la presenta como uno de los tres o cuatro países del mundo donde mayores avances se han hecho a partir de 1960. En efecto, estos años han visto una ampliación del sistema educativo que redujo el analfabetismo de casi el 40% al 12%; que igualó la participación de las mujeres en el sector escolar e incluso, como lo muestran los índices actuales, le permitió superar la participación masculina, hasta en la educación superior. Han visto como los colombianos han ganado más de 10 años en su esperanza de

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