ENSAYO SOBRE EL NAYA Y DOCUMENTO DE LA HABANA

ENSAYO SOBRE EL NAYA Y DOCUMENTO DE LA HABANA

POR:

SANTIAGO ZAPATA CARMONA

DOCENTE:

MARÍA CRISTINA HERRERA MESA

GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS ASOCIATIVOS

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS

MEDELLÍN – ANTIOQUIA

2021.

Desde hace muchos años, en Colombia se ha evidenciado el abandono del Estado en las zonas más inhóspitas del país. Un ejemplo muy claro de esto es la región Pacífica, Orinoquia y Amazonia; sin dejar atrás las otras regiones, donde hoy en día las cifras de pobreza extrema son abruptas, comenzando por el índice Gini que tiene el país, que se aproxima a 0,51, que con el paso de los años va aumentando, reflejando el alto grado de desigualdad.

Con el modelo neoliberal que ha gobernado el país, y lo sigue haciendo; la concentración de la riqueza esta puesta en las multinacionales y el capital financiero transnacional, dueños de casi todas las empresas, especialmente las de servicios públicos esenciales y fundamentales. Esto ha generado que el trabajo informal aumente, debido a la liquidación de empresas del estado, privatización de los derechos fundamentales, constantes reformas tributarias
(con nombres diferentes para dispersar la población), TLC que arrasan con la producción de los campesinos a nivel nacional, etc.

Como se es conocido el desarrollo rural en el país, es un sinónimo de atraso e inconsistencias que intentan envolver en políticas que resguarden el campo y el desarrollo de los campesinos tanto social, productivo como económicamente (que se plantean, pero su ejecución no es visible), es ahí cuando el campesino se ve en la obligación de velar por su vida, la de su familia, ganar dinero y ser autosuficientes, ante la falta de infraestructura vial, acueductos, electrificación, vivienda, atención a la primera infancia, educación,  vías terciarias, canales de comercialización, precios fijos etc. En presencia de este abandono e insuficiente inversión social en las regiones del país, estas personas optan por opciones viables como el cultivo de coca. En estas zonas de precariedad, están asentados los grupos armados que muchas veces son un apoyo para la comunidad (aunque no se puede justificar las malas acciones y la violencia que estos arremeten). Por esta razón, el gobierno opta por militarizar estas zonas, erradicando los cultivos ilícitos como estos con la polémica aspersión aérea, lo que lamentablemente provoca aún más violencia y desplazamiento en estos lugares.

Como lo indican muchos campesinos, el cultivo de coca es el único producto que tiene la suficiente demanda para que los compradores vayan por él donde se produce, las carreteras de acceso con el cambio climático muchas veces se vuelven intransitables, y por esta razón es que los campesinos no pueden transportar otro tipo de oferta de productos a los lugares o ciudades más cercanas, que están muy distanciadas de ahí. Es entonces cuando aparece el dilema, el gobierno gasta millones de pesos en la militarización de estos lugares, en vez de invertir en algo verdaderamente productivo, como carreteras, vías terciarias, educación, hospitales, que garantice el futuro de las próximas generaciones.

Como lo expone (Duncan Tucker, Américas Media Manager at Amnesty International, 2020) hasta ahora, el gobierno del presidente Duque no ha proporcionado suficiente financiación para subvencionar la sustitución de las plantaciones de coca a través de un programa creado en virtud del acuerdo de paz. Su enfoque es más agresivo, y en pro de esto, anunció los planes de reanudar la aspersión aérea de las cosechas de coca con glifosato, un herbicida cuyo uso fue suspendido por la anterior administración debido a su relación con el cáncer. Finalmente, a nivel social se destaca la gran desigualdad en el país, por ello lastimosamente muchos productores tienen que optar por algo que, en realidad, genere rentabilidad, y la única opción que tienen es la coca. Con relación a la solución en términos de reformas rurales y políticas agrarias que puedan garantizar la seguridad alimentaria de la población, se debe considerar la concepción que muchos sectores del gobierno y de la sociedad tienen de aquellas familias campesinas que viven del cultivo de coca: no son delincuentes. De hecho, son miles de familias que están esperando alternativas para producir y comerciar productos que les permitan vivir sin temores a que puedan ser sometidas a la ley de extinción de dominio o a que alguno de sus miembros termine procesado por narcotráfico en alguna cárcel del país.

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