Hacia la independencia intelectual

Hacia la independencia intelectual

René Ramírez Gallegos

1. ¿Qué implica construir una economía basada en el conocimiento?

Una de las propuestas programáticas centrales de este gobierno constituye pasar de la economía de los “recursos finitos” a la de los “recursos infinitos”. Es decir, de ser un país primario exportador y secundario importador a construir una economía basada en el conocimiento y la creatividad del talento humano de sus ciudadanos y ciudadanas. Los recursos naturales son finitos y perecibles. Las ideas, la innovación, la creatividad y la cultura no tienen -a priori- más límites que los éticos.

No es por capricho que el gobierno de tanta importancia a la educación superior y a la investigación científica: becas, crédito educativo, fortalecimiento de las universidades y de los institutos técnicos y tecnológicos, evaluación y acreditación de universidades, mejora salarial de los docentes/investigadores, inversión de casi 2% del PIB en educación superior, la edificación y financiamiento de Yachay, Ikiam, Unae, Uniarte, etc. Este conjunto de reformas procuran crear el entorno académico e intelectual más propicio para el cultivo de la investigación, la cultura, la ciencia, la reflexión crítica y el conocimiento de punta.

En este marco, es necesario trabajar en dos sistemas: el de educación y el de innovación. Este gobierno, en estos casi 7 años, ha avanzado significativamente en el sistema de educación (aunque falta mucho por hacer), pero todavía tiene pendiente construir un sistema de innovación social.

2. ¿Qué componentes tiene este sistema de innovación social?

El modo en que opera la innovación en una sociedad depende, como siempre, de elecciones políticas fundamentales. En los países de capitalismo avanzado, la innovación va de la mano de las necesidades de acumulación de las grandes empresas y trasnacionales. Las universidades y los científicos se adosan a esa dinámica y terminan por investigar según intereses particulares (sin negar que en algunos casos ello puede ayudar a intereses más amplios).

En efecto, las actuales reglas de juego del comercio mundial han producido un perverso fenómeno: la “tragedia de los anti-comunes”. Éste ha involucrado la hiperprivatización, el sobrepatentamiento y la hiperconcentración del capital por parte de aquellas instituciones que financian la investigación e innovación; lo cual ha generado un sub-uso social del bien conocimiento. Romper con tal tragedia, recuperar el sentido de lo público y democratizar el acceso y usufructo a este bien es el núcleo central de la economía social del conocimiento y del sistema de innovación social. El fin último de la innovación no debe ser la maximización de utilidades sino generar economía que permita satisfacer necesidades, garantizar derechos y potenciar capacidades individuales, colectivas y territoriales.

Para conseguir tales objetivos es necesario desarrollar, como parte del sistema de innovación social, los subsistemas de: talento humano; investigación; financiamiento e infraestructura científica y de innovación; y, de gestión de los derechos de propiedad. Justamente estos cuatro subsistemas plantean una mirada y tratamiento integral del recorrido que sigue la generación de saberes y conocimientos hasta su acceso libre y utilización social.

3. El Presidente de la República señaló que la propuesta presentada implica un cambio entre el enfoque del capitalismo cognitivo y el que ustedes han denominado “economía social del conocimiento”. ¿Cuáles son las principales diferencias?

El capitalismo, en general, busca privatizar todo, mercantilizar todo. Si pudiera mercantilizar el aire, lo haría (en realidad tengo entendido que ya existen cámaras en donde la gente paga por respirar aire puro). No obstante, cabe sostener que la naturaleza del conocimiento es su carácter o condición de bien público: no registra ni la exclusión ni la rivalidad de un bien privado. Es un recurso infinito que se puede distribuir libremente con mucha facilidad si no existiesen trabas institucionales. Por ejemplo, un libro o un software se pueden publicar en el internet para que todos hagamos uso de ellos. Por más que una persona lo use no habría, inicialmente, impedimentos para que otros lo hagan. Asimismo, sin barreras ad hoc no habría forma de excluir a nadie de su disponibilidad y usufructo. Esto es justamente el punto central que reconoce y, por ende, norma la economía social del conocimiento.

En el caso del capitalismo cognitivo, éste ha construido regulación mundial que viabiliza la privatización y mercantilización del bien conocimiento. Esto se ha procesado a través de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de los Tratados Bilaterales de Inversión o de los acuerdos bilaterales/multipartes de comercio.

Es obvio que los países industrializados buscan estos sistemas mercantiles del conocimiento/tecnología dado que ellos son los poseedores de los saberes de punta. Por su parte a los países del Sur nos queda reservado tan solo el papel de “ser consumidores” de la ciencia, la creación y la innovación del Norte.

Dado que Ecuador es una nación de desarrollo tardío y por principio ideológico, la nueva gestión del conocimiento debe buscar construir una institucionalidad que recupere el sentido de lo público y común del bien conocimiento. En otras palabras, no sólo proponemos construir un sistema abierto, libre y público del conocimiento porque creemos (por convencimiento) sino porque lo necesitamos en este momento histórico que vive el país. Básicamente nos referimos a una apuesta soberana para romper las sujeciones dependentistas históricas y contemporáneas en el campo cognitivo; y, programáticamente al cambio en la matriz productiva y los procesos de industrialización asociados a ello.

Recordemos que -por ejemplo- EE.UU. tenía un sistema cuasi-abierto de gestión del conocimiento durante sus tempranos períodos de industrialización -solo reconocían las patentes nacionales y no permitían las patentes de empresas extranjeras; así podían copiar libremente su tecnología-. Otros países que han desarrollado industria recientemente, como India ni siquiera aceptaron la regulación internacional de la OMC sino hasta hace pocos años, cuando -por ejemplo- su industria farmacéutica de medicamentos genéricos ya había despegado. Los gobernantes de este país sabían que si aceptaban un régimen privativo de propiedad intelectual no podrían desarrollar esta industria, poniendo en riesgo no sólo el desarrollo manufacturero de su país, sino la salud de su población. Rusia es otro ejemplo de país que recientemente aceptó reglas OMC.

Esto implica que tanto los convenios que hemos firmado a nivel internacional, los acuerdos que firmaremos y el nuevo código orgánico de economía social del conocimiento busquen construir un sistema de propiedad intelectual que desarrolle la actividad creativa y la innovación socio-económica, que facilite la transferencia tecnológica y el acceso abierto al conocimiento/cultura (lo/la democratice) para así romper con la dependencia cognitiva que hasta este momento padecemos.

Tenemos clara consciencia de nuestras limitaciones como país pequeño que no podremos cambiar la división internacional del trabajo, pero tampoco debemos caer en ese entreguismo en el cual -como mencionó el Presidente de la República- “no sólo permitíamos que nos impongan el collar y la campana sino que agenciosamente hemos puesto la cabeza y el cuello para que nos pongan más campanas”. Es decir, ¡si nos pedían reconocer patentes por 15 años, ofrecíamos reconocer por 20! Nuestra actual legislación nacional incluso es más restrictiva que los acuerdos internacionales firmados. Por eso, estamos elaborando una nueva legislación orientada a democratizar el conocimiento para que sea un bien accesible a todos y permita el desarrollo de la industria nacional. Hoy en día, aunque nos den la opción de mantener vigente el sistema de propiedad intelectual que rige el uso de semillas, existen países cercanos a Ecuador que han firmado profundizar todavía más ese régimen de propiedad; de tal forma que no se permita resembrar las semillas que se compran del exterior si son patentadas. Nosotros nos alejamos de tal perspectiva. Al contrario, tenemos que jugar con las flexibilidades que dejan dichos convenios y obviamente cambiar la legislación nacional de propiedad intelectual. Esta normativa sólo evidencia el servilismo y el sometimiento de las elites que nos gobernaban, las cuales querían demostrar ser los alumnos más destacados del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Ojalá en algún momento como Región Latinoamericana, con los países del Sur del mundo, podamos coincidir en la necesidad de re-negociar colectiva y mancomunadamente aquellos acuerdos vigentes en el comercio mundial que son ataduras a la ignorancia y al subdesarrollo. Si no reducimos las brechas tecnológicas, científicas y/o cognitivas, no podremos romper la dependencia estructural con el Norte rico del planeta.

Por otra parte, debemos tener claro que la biodiversidad no puede ser patentada. Se trata de patrimonio y no hay que confundirla con las invenciones que a partir de ella se generan. Es por eso que en la economía social del conocimiento, a través de su normativa, buscaremos que la biodiversidad sea tratada como patrimonio intangible de la nación y del Estado, tal y como señala la Constitución. De la misma forma, protegeremos los saberes de los pueblos ancestrales a través de regímenes especiales, sui generis.

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