La Administracion

este texto los autores Guillermo Fuentes, Maria Cecilia Gumes y Carolina Isaza, exponen distintos enfoques de modernización de la administración pública y las realidades de esta en América Latina, a continuación de manera resumida pasaremos a analizar.

En las más recientes tendencias de la discusión sobre la reforma de la Administración Pública para América Latina lo que se busca es hacer los planteamientos y valoraciones de forma explícita para cada uno de los enfoques, así como las consecuencias de elegir una opción sobre las demás o de intentar mezclarlas todas. A fines del siglo XX las debilidades y fallas del paradigma neoliberal obligaron a una revisión del diagnóstico original y tímidamente se comenzó a sugerir que la clave ya no pasaba entonces por reducir el Estado, sino por mejorar la acción del mismo.

A tono con esta relegitimación estatal se reiteraba la necesidad de adecuar las Administraciones Públicas a los nuevos tiempos. El desafío de modernizar la Administración Pública es por tanto un reto que precisa una previa selección de opciones técnicas pero también normativas y valorativas por parte de actores políticos, funcionarios y ciudadanos.

En el siguiente punto describiremos brevemente en que consiste cada uno de los enfoques:

Nueva Gestión Pública (NGP) Como es conocido en la literatura referida a la Administración Pública, la Nueva Gestión Pública (NGP) nació en la década de los ochenta en los países anglosajones, esencialmente para ofrecer una alternativa al modo, paradigmático hasta entonces, de gestionar la cosa pública y el modelo Jerárquico burocrático. Es importante conocer que la (NGP) propone la introducción de la lógica de gestión privada dentro del sector público, ignorando, eso sí, las particularidades de este último (Pierre, 2009). Desde este punto de vista, se podría decir que las ventajas o fortalezas que presenta este modelo radican, entre otras cosas, en una mayor cercanía del servidor público a las necesidades del ciudadano (cuya concepción es asimilada en este caso al concepto de “cliente”); una administración pública más eficaz y eficiente a través de organizaciones y, sobre todo, de gerentes que responden directamente por sus actos; a la vez que al separar nítidamente “la decisión” de “la ejecución”, se estaría evitando la intromisión de la política dentro del espacio más técnico y especializado, la consecuencia lógica de este ultimo punto seria la supuesta protección del administrador ante presiones externas.

Por otra parte, el ámbito público ha demostrado tener particularidades tan específicas, que las medidas aplicadas por igual en el sector privado obtienen generalmente resultados e incentivos totalmente distintos (Ramió, 2005). El problema es que, en general, la aplicación de este tipo de reformas no ha tenido en cuenta las particularidades históricas, culturales e institucionales de los países receptores.

Por otra parte Los neoweberianos son plenamente conscientes de dos cuestiones: a) la democracia representativa requiere del uso de la jerarquía y del ethos burocrático y b) la construcción de estructuras estatales profesionales es prerrequisito ineludible para que el Estado pueda llevar adelante eficazmente sus funciones, cualesquiera que estas sean (ya sean funciones “mínimas” o de bienestar) (Evans, 1996; Geddes, 1994). La clave en este caso es fortalecer y reformar la Administración Pública, no liquidarla o privatizarla.

El neoweberianismo reivindica la importancia del Servicio Público y la vigencia de ciertas máximas weberianas como presupuestos de una burocracia eficaz y efectiva (más que eficiente). Ni el término “burocracia” ni las ideas teóricas y observaciones empíricas que se le asocian a Weber resultan irrelevantes, obsoletas o incompatibles con los nuevos tiempos, cuando se trata de entender o explicar la administración pública y el gobierno en las democracias contemporáneas (Olsen, 2005).

Sintetizando, los neoweberianos se oponen a la asimilación de la Administración Pública con la empresa privada y en su lugar revalorizan el espíritu de lo público frente a lo privado, enfatizan la importancia de la profesionalidad y el acceso por mérito, sin perder por ello de vista la necesidad de generar una administración pública más abierta y transparente.

Los diferente enfoque que hemos desarrollado lejos de presentarse como alternativas a los modelos de organización Burocrática Tradicional o de la Nueva Gestión Pública, buscan incrementar y fortalecer las herramientas de interacción entre la sociedad civil y el Estado, mejorar la transparencia en la gestión de lo Público y apostar por una Administración Pública más abierta.

La reforma y la modernización del Estado en Latinoamérica es una tarea que los gobiernos han ido jerarquizando con nitidez. La mayoría de ellos, con diferencias de grado y amplitud, han iniciado procesos de transformación institucional y de funcionamiento que están actualmente en curso (CEPAL, 1998). Es así, como durante mucho tiempo, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, la discusión sobre el Estado estuvo restringida a cuánto debía éste reducirse o desmantelarse, para garantizar y favorecer un mayor y más rápido crecimiento económico.

En tal sentido, organizaciones multilaterales como el BID, Banco Mundial y el FMI hicieron de la prédica pro-mercado –e implícitamente anti-estado- la piedra angular de su política para el desarrollo de los países de América Latina. Al cabo de dos décadas y media de este experimento el mundo ha sacado varias conclusiones al respecto. En primer lugar, que el mercado es el principal y mejor asignador de recursos en la economía y que en su libre desarrollo está la base de la prosperidad para los pueblos.

En segundo lugar, para que este desarrollo sea integral y sostenido en el tiempo, se requiere de un Estado de excelencia. Entre otras cosas, esto supone que el Estado sea ejemplo de transparencia y probidad, eficiente en el uso de los recursos, promotor de igualdad de oportunidades en lo social y un adecuado garante de la plena competencia y de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos.

Diversos estudios han comprobado que las reformas pro-modernización del Estado son un factor que potencia el crecimiento económico, crea nuevas y mejores formas de participación ciudadana y fortalece la capacidad del sector público como el principal articulador de los esfuerzos por alcanzar igualdad de oportunidades y proveer de satisfacción a las múltiples demandas sociales. De ahí la importancia de la modernización de la gestión en los Estados pleno siglo XXI.

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