A Principios Del Siglo XIX

A principios del siglo XIX, las ideas de la Ilustración, que tomaban en cuenta muchas de las premisas educativas de Rousseau -que proponía una formación basada en la naturaleza humana y en la libertad de aprendizaje- influyeron en la forma de conceptuar la educación en México. Los criollos liberales que luchaban contra el absolutismo español y los insurgentes mexicanos coincidían en la necesidad de formar un sistema educativo que tuviera un carácter menos religioso y que fuera más incluyente.

Este debate entre una postura rígida de la educación como instrucción y la postura flexible como formación prevaleció aún después de la Independencia e incluso se intensificó por la aguda lucha entre conservadores y liberales. Ambos bandos buscaban, entre otras cosas, mantener el control de las instituciones educativas. En 1842, ante la falta de consenso, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana, la única institución educativa que se había creado hasta ese momento, el manejo de la Dirección de Instrucción Pública.[2] Sin embargo, el papel de la iglesia en la educación y la noción de libertad educativa fueron los temas que desencadenaron nuevamente el conflicto. Los liberales proponían la libertad de enseñanza con el objetivo de acabar con el monopolio eclesiástico sobre la educación. Finalmente, el esquema liberal fue el que triunfó y sentó las bases de un nuevo sistema educativo en manos del Estado.

De esta manera, en 1867 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública. En ella se establecía la educación primaria gratuita y obligatoria, se excluía del plan de estudios toda enseñanza religiosa y contenía disposiciones para la educación secundaria, entre las cuales destacaba la creación, bajo los principios del positivismo, de la Escuela de Estudios Preparatorios, la cual habría de sentar las bases de la educación profesional. La ley sólo regía al Distrito Federal y a los territorios federales, pero ejerció influencia sobre las leyes estatales.[3]

Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción, convocó a dos congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo proyecto gubernamental de educación pública, que se consolidó con la promulgación de la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888.

A finales del siglo del siglo XIX, el interés de los regeneracionistas por el tema de la educación, llevó a los políticos a la creación del Ministerio de Instrucción Pública en el año 1900, encargándose el Estado de pagar el salario de los maestros. Con la proclamación de la Segunda República, en 1931, se hace una apuesta clara por la escuela pública y laica.

En el siglo XIX, con la Revolución Francesa, se introdujo definitivamente el concepto de Escuela Pública.

A finales del siglo XVIII y principios

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