CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886

Se produjo el fin de la hegemonía constitucional liberal con el triunfo del movimiento regenerador encabezado por Rafael Núñez, dando como resultado la Constitución que regiría los destinos del país hasta 1991.

Se trató de una alternativa totalmente opuesta a la anterior: centralizaba el poder ejecutivo, devolvía la preeminencia de la Iglesia católica en el manejo de la religión y la educación y establecía el Concordato con el Vaticano para la atención de tierras de misión dentro del territorio nacional. Presidencialista por excelencia, al punto de conceder amplias facultades al ejecutivo para casos de conmoción interior o guerra exterior, en su artículo 121 llegaba a darle a aquél tal superioridad que la mayor parte del tiempo de vigencia de esta carta el gobierno hizo uso de ella para atender emergencias internas y externas de todo orden, por ejemplo: régimen de aduanas, sueldos, instrucción pública, prensa, creación de entes administrativos, manejo de contratos con el Estado, reorganización de territorios o creación de la banca central. Los decretos leyes desde el ejecutivo se volvieron comunes y corrientes; la dirección del orden público quedó a su merced.

Esta Constitución estuvo sometida a reformas múltiples durante su vigencia para adecuarse a la cambiante situación del siglo XX, pero las más relevantes fueron las de 1910, 1918, 1921, 1936, 1945, 1958 y 1968. En la primera se redujo el tiempo del presidente de seis a cuatro años, y las siguientes intentaron definir parámetros para la modernización de los aparatos del Estado, con la consecuencia de una excesiva fragmentación de su estructura. El poder presidencial llegó al punto de tener a su cargo, además de los ministerios, 8 departamentos administrativos; 126 organismos adscritos; 35 organismos vinculados; y 7 superintendencias encargadas de asuntos como fondos, cajas de previsión, bancos, compañías de financiamiento comercial y de seguros, almacenes generales de depósito, una línea aérea, una empresa de productos veterinarios, zonas francas, colegios, universidades o industrias militares. La reforma de 1968 estuvo orientada al incremento de la tecnocracia en el uso de muchas de esas dependencias.

Clericalismo y Confesionalismo

Es una constante histórica, que contiene el programa de ejercicio del poder, desde la vinculación de la Iglesia Católica con el estado, este carácter confesional del texto de 1886 resulta obvio y se evidencia desde diversas normas y aspectos. Cómo se sabe, colocaba a Dios y no al pueblo como el fundamento del poder. Por la firma del concordato entre el Estado Colombiano y la Santa Sede, por lo que se le entrego a la Iglesia católica el derecho de la familia y la educación.

Presidencialismo Extremo

Colombia al igual que la mayoría de los países del continente, ha construido su estado bajo un muy fuerte régimen presidencialista. América latina se identificó políticamente con la institución presidencial y era imposible concebirla sin la persona de un primer magistrado que tiene en sus manos la totalidad del poder nacional.

La carta de1886 dividió las funciones presidenciales en tres grupos. El artículo 118 establecía ocho funciones relacionadas con el poder legislativo, el artículo 119 preveía un total de seis funciones relacionadas con el poder judicial, mientras q el artículo 120 contenía en total 21 potestades del presidente en su calidad de suprema autoridad administrativa. Desde ese entonces el presidente es el eje de toda actividad estatal. Es decir, designa y despide a sus ministros, es jefe y comandante de las fuerzas armadas, domina las relaciones internacionales etc.

El artículo 121 preveía la normatividad de emergencia, especialmente la figura del estado de sitio, que hoy se llama estado de conmoción interior, por medio de la cual, el presidente era revestido de numerosos poderes adicionales que permitirían las alteraciones del orden público interior.

El Centralismo

Se presentó como consecuencia del establecimiento de un fuerte poder presidencial, el centralismo es la formulación del estado unitario.

El estado unitario, como antípoda del estado federal, se caracterizaba por dotar a las autoridades centrales de fuertes de poderes, que se contrastan con la debilidad de los poderes otorgados a las autoridades locales.

La constitución de 1886 fue absolutamente puntual al señalar en su primer artículo: ‘”La nación colombiana se construye en forma de república unitaria”.

El Reformismo

Es un rasgo desafortunado y permanente del constitucionalismo colombiano ya que todas sus constituciones han sido sometidas a procesos sucesivos de reforma, afectando su estructura hasta convertirlas en verdaderas colchas de retazos. Así sucedió con las constituciones del pasado y así viene sucediendo con la con la de 1991. Para Valencia Villa el reformismo constitucional opera como una eficaz estrategia de autolegitimación a través de la cual los sectores dominantes han intentado crear un consenso y han logrado prevenir un cambio, es decir que el reformismo se establece como un verdadero aparato de regresión, que por vía de reforma sacrifica los avances que se hayan logrado por vías constitucionales.

Constitución política de 1991

Se produjo la constitución actual. De todos modos, la inoperancia creciente del Estado y la agudización de los conflictos en el país llevaron a la Constitución de 1991, que consignó en especial los siguientes propósitos: preponderancia de la democracia participativa frente a la representativa; una amplia carta de derechos humanos; fortalecimiento institucional; el principio de separación de poderes; adopción de mecanismos ágiles, eficientes y democráticos en materia económica; autonomía y descentralización territorial; reconocimiento de la diversidad cultural del país; establecimiento de unos aparatos más eficientes en justicia, incluyendo una Corte dedicada a la preservación del espíritu de la propia Constitución; disminución del poder central presidencial para conceder derechos a las regiones y las localidades; control sobre los estados de excepción y las atribuciones especiales al ejecutivo; posibilidad de acceso a representación en el legislativo de nuevas fuerzas y grupos sociales, políticas y culturales, incluyendo las etnias indígenas y negras; revocatoria del mandato a quien violase las normas; lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos; inhabilidad e incompatibilidad para el desempeño de varios puestos públicos por la misma persona; transparencia en los procesos electorales; así como control de las prácticas clientelistas y del financiamiento de las actividades de los poderes

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