Carceles En México

Tal como sabemos, el propósito de la prisión en México (y en cualquier parte del mundo) según lo define el artículo 18 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos es lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que este no vuelva a delinquir o a cometer algún acto que ponga en peligro la tranquilidad y estabilidad de la armonía ciudadana. Se trata de un castigo que implica perder, al menos temporalmente, el ejercicio de derechos ciudadanos tan relevantes como la libertad. Esto se debe ejercer con base en los derechos humanos de cada uno de los involucrados en procesos penales. Sin embargo, lejos de ser un castigo exclusivo para quienes realmente han cometido un delito y deben pagar el precio de dicha sentencia, la cárcel en México se ha convertido en gran medida en un lugar para albergar a individuos acusados por delitos no graves o que se encuentran en espera de un proceso judicial y la determinación de una sentencia mientras una averiguación previa los pone en espera de una resolución por un juez u organismo supremo. Más sin embargo aquí en México no siempre se ocupa una visión conforme a lo dictado en la constitución, más bien es marginal. Desde su punto de vista de justicia, la función del castigo es que el delincuente reciba lo que se “merece” como consecuencia de sus acciones, independientemente de que el castigo produzca beneficios a la sociedad. Es un término principalmente vengativo: “el que la hace la paga”. De esta forma, los objetivos de prevención o reinserción a la sociedad son completamente irrelevantes. De acuerdo con una visión retributiva de la sanción penal, si un delincuente hizo sufrir a la víctima, su pena debe infligir sufrimiento, pues el castigo es proporcional a sus actos y ese punto de vista es ultimadamente el usado para ejercer autoridad en los penales mexicanos. La institución carcelaria en México no ocupa un lugar de importancia en el esquema social de contención y lucha frente al incremento de la criminalidad y al parecer responde más a una estrategia de castigo diferencial dirigida hacia quienes no pudieron evitar ser procesados y sentenciados, que a una política articulada y consistente que enfrente la criminalidad dentro de un marco de respeto a la legalidad y a las garantías constitucionales. Hay que ponerle más énfasis a nuestros reclusorios ya que de ellos depende toda nuestra seguridad, la seguridad de nuestros futuros hijos y de nuestra futura familia. Una sentencia como la ley amerita hará más obras en materia de seguridad que solo un espacio para alojar a la gente que violó la ley. Y no digo que todas las cárceles en México sean malas, algunas cumplen conforme la ley lo pide pero las que no, por esas hay que seguir trabajando para reformarlas y que de ahí cumplan con su propósito original: reformar a los que hicieron daño, no castigar. Hacerlos cambiar para bien.

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