Carta Magna

LOS PRINCIPIOS INSCRITOS EN LA CARTA MAGNA, QUE COMO GOBIERNO, ADMINISTRADOR, DE LOS BIENES DE LA NACIÓN Y PROVEEDOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, NO PUEDE ENTREGARLO A PRIVADOS

INTRODUCCIÓN

Gracias a la consumación de la promulgación de las Constituciones de 1857 y 1917, se propició un cambio social a favor de muchas generaciones de mexicanos que lucharon por materializar los principios de libertad, igualdad, justicia, equidad y democracia.

La Carta Magna produjo diversas aportaciones a la construcción del México moderno, como la incorporación de derechos del individuo, el establecimiento de una República representativa democrática y federal con división de poderes, así como la competencia federal en materia de culto religioso y la protección de las garantías individuales.

Por ello, gracias a los esfuerzos de un grupo de mexicanos, se logró consagrar en un amplio capitulado la libertad de pensamiento y expresión.

La Carta Magna de 1917, figuró como referente de vanguardia para su tiempo, ya que incorporó las grandes reivindicaciones sociales, surgidas del movimiento revolucionario armado. De esta forma, se instituyó un nuevo régimen de tenencia de la tierra y la protección de los derechos de los trabajadores.

Con la fundación y fortificación de este documento, se integraron los derechos y garantías individuales, gracias a las gestas sociales revolucionarias. Por eso, la Constitución es pilar de nuestra identidad y síntesis de nuestra historia. Es cimiento de nuestro estado de derecho y fundamento de nuestras instituciones.

La Carta Magna es mandato soberano, es la decisión más elevada de un pueblo en la que se expresa plenamente su capacidad de autodeterminación, pero también compromiso con los principios que la rigen y sustentan.

DESARROLLO

El gobierno es el encargado de regular los servicios públicos que se ofrecen a toda la población y estos resultan esenciales, ya que satisfacen necesidades básicas e indispensables de los usuarios, como agua corriente, redes cloacales, electricidad, gas, teléfonos, solo por citar algunos.

El Artículo 42 de nuestra Carta Magna dispone que:

“...[SERVICIOS PUBLICOS] La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos

de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.”

En este contexto final de la norma constitucional citada, se confiere a la legislación y al Estado la obligación de prever la necesaria y fundamental participación de las asociaciones de consumidores en los entes reguladores de servicios públicos.

Resulta éste un disposi¬tivo supremo al que no se le ha dado toda la efectividad ni el espacio requeridos, pese a los años transcurridos. Tam¬poco se ha tomado plena conciencia de la necesidad que las asociaciones de consumidores participen en todos los organismos de control. Hasta podríamos afirmar que se continúa impidiendo que las asociaciones representantes de los usuarios y consumidores, tengan una efectiva y merecida participación en todos los organismos de control.

En cuanto a la participación, en las denominadas “Comisión de Usuarios”, la representación de los consumidores se ejerce desde afuera para no perder independencia y autonomía. Evidentemente esto requiere de un mayor esfuerzo de las asociaciones de consumidores, el que debe ser reconocido por el Estado para lograr una efectiva participación y representación de los consumidores en los Organismos de Control y Entes Reguladores.

Actualmente, la gran mayoría de los servicios públicos referidos se encuentran en manos de empresas privadas, por lo cual el usuario tiene derechos tangibles y explícitos con relación a la calidad y el precio de los servicios que consume.

Debemos concientizarnos que somos los usuarios quienes permitimos que existan los servicios públicos, y si bien, tal como afirmamos precedentemente, son servicios esenciales para los tiempos que corren, somos en definitiva quienes los apuntalamos. En consecuencia, estamos obligados a replantear y reclamar de manera legal y fehaciente, cada vez que se violen nuestros derechos.

En nuestro país, no existe sólo un tipo de ente regulador y debe entenderse que cada uno responde a la naturaleza propia de cada servicio, es decir no hay uniformidad de criterios, disposiciones, ni procedimientos específicos generalizados. Algunos entes ni siquiera tienen algún tipo de procedimientos determinados.

¿POR QUÉ SE PRIVATIZAN LOS SERVICIOS PÚBLICOS?

Lo primero, porque de ésta manera, los políticos dejan de ser gestores directos de los servicios públicos, desentendiéndose de los problemas que se originan y evitando atender directamente las quejas de los ciudadanos y los trabajadores de estos servicios. Todo ello a costa de utilizar parte del dinero público para el beneficio y enriquecimiento privado.

El segundo motivo, porque los servicios públicos son rentables: si el mundo empresarial ha desembarcado en un sector que tradicionalmente ha sido gestionado por ayuntamientos, diputaciones, etc. es porque da dinero.

Un tercer motivo, sería la venta de estos servicios a grupos o empresas de ideología "amiga" del partido en el gobierno que promueve la privatización. De esta manera, el gobierno privatizador se asegura que ese medio una vez privatizado, mantendrá una ideología similar a la suya. Esto, en un medio de comunicación público es algo fundamental.

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA PARA PRIVATIZAR UN SERVICIO PÚBLICO?

- Gestionarlo mal a propósito para desacreditarlo.

- La segunda parte de la estrategia es repetir machaconamente a la población que lo público no funciona y que es la iniciativa privada la que mejor gestiona, y la única que nos salvará del despilfarro.

¿SON MÁS BARATOS LOS SERVICIO PÚBLICOS GESTIONADOS POR EMPRESAS PRIVADAS?

No. La paradoja de esto es que, en muchas ocasiones, se saca a concurso un servicio con un presupuesto más caro.

Por otro lado, hay peligro de que el concurso público esté redactado de manera que beneficie a alguna empresa de "amigos". Y que con cobro de comisiones y la doble contabilidad se desvíe dinero para enriquecimiento personal o financiación ilegal de partidos políticos.

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