Derecho Chino

El sistema jurídico chino comunista, sobre todo desde las reformas jurídico-económicas realizadas a partir de 1978, tiene características muy particulares. Por un lado, es heredero de uno de los sistemas jurídicos más antiguos del mundo, el sistema jurídico imperial chino, caracterizado por su severidad penal y la amplia libertad brindada a los jueces, similar en este aspecto al common law anglosajón. Por otro lado el sistema socialista de mercado adoptado por China, ha llevado al desarrollo de una legislación garantista de las inversiones, en base al principio de la equity del derecho anglosajón.[1]

Históricamente, el derecho chino estuvo fundado en la tensión entre el fa (ley escrita) y el li (rito). Esta dinámica, postergada durante las primeras décadas del estado comunista, ha resurgido después de las reformas de 1978.[2]

Los rasgos generales del sistema jurídico chino comunista moderno "se caracterizan por tender a proteger al sujeto fuerte, frente al débil, buscando hacer primar la eficacia en los negocios".[1] El sistema jurídico patrimonial chino se basa en la propiedad colectiva de los medios de producción, pero a la vez garantiza las inversiones privadas y establece un derecho de usufructo sobre las mismas por un plazo de 70 años, que también puede ser objeto de sucesión.[1] En 1999, una reforma constitucional, reconoció formalmente el derecho de propiedad en la economía, a la vez que estableció un derecho al usufructo de la tierra por períodos mínimos de 30 años, para los campesinos.[3]

China posee también un muy eficiente y severo sistema de penalización de la corrupción, en el que el Partido Comunista actúa como poder judicial. La constitución vigente es la sancionada en 1954 con 31 enmiendas incluidas en 1982. Adopta un sistema demócrático parlamentario en el que el poder radica en el pueblo, representado en el parlamento nacional, llamado Congreso del Pueblo. El partido político mayoritario y dominante es el Partido Comunista, existiendo también ocho partidos legales minoritarios.[1]

La necesidad de seguridad jurídica derivada de las reformas de la década de 1980, llevaron a una revalorización y fortalecimiento del poder judicial y de la profesión de abogado.[1] Estos últimos están organizados en una asociación nacional llamada Abogados de Toda China que agrupaba en 2006, a unos 120.000 abogados, que reciben una remuneración fija. En el proceso penal los jueces deben atenerse estrictamente a la ley, en tanto que en el proceso civil, los jueces están habilitados para hacer uso de la analogía

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