Dictadura

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Educación

Profesorado de Educación Primaria

Escuela Normal Superior n°4

Comisión 3.2

Trabajo Práctico

Espacio Curricular: Historia social y política de la educación argentina

Estudiantes:

Carriel Rabinovich, Ayelén

Frigo, Daniela Ayelén

Perna, Narella

Rodríguez, Ayelén

Profesora: Yadhjian, M.

Dictadura cívico-económica-militar argentina 1976-1983

El 24 de marzo de 1976, una junta militar integrada por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. El gobierno de facto se autotituló como “Proceso de Reorganización Nacional”. Pocos días después, la junta designó como presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla. Los otros integrantes de la junta militar fueron el almirante Eduardo E. Massera, por la Armada, y el brigadier Orlando R. Agosti, por la Fuerza Aérea. La Junta Militar se estableció como la máxima autoridad del Estado atribuyéndose la capacidad de fijar las directivas generales del gobierno, y designar y reemplazar a la Presidenta y a todos los otros funcionarios.

Una vez mas en la historia de nuestro país, ocurría un nuevo golpe de Estado que, al igual que los anteriores, tenía con el apoyo de importantes sectores, sobre todo de los grandes grupos económicos, nacionales y extranjeros, medios de prensa, cuya labor cómplice fue preparar a la sociedad para aceptar el golpe como única alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y dirigentes políticos y sindicales que no dieron un apoyo explícito pero tampoco se pronunciaron en contra. Amplios sectores sociales recibieron el golpe militar en forma pasiva, otros lo impugnaron y unos pocos lo resistieron. Esta nueva interrupción de la democracia, una vez más, tenia como objetivo terminar con el «caos» y retornar al anhelado «orden». Sin embargo, la búsqueda de «orden» implicó un feroz disciplinamiento a una sociedad que estaba caracterizada por la movilización social y política. El método de la dictadura para terminar con cualquier oposición a su proyecto fue hacer «desaparecer» las fuentes de los conflictos.

Sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente. Además instaló el Estado de sitio; los lugares de trabajo y producción fueron considerados objetivos militares; cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; todos los jueces fueron declarados en comisión; prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; instaló la pena de muerte para delitos de orden público, entre otras tantas medidas.

Las Fuerzas Armadas asumieron el poder político como representantes de los intereses de los grandes grupos económicos. Para aplicar el proyecto de esos grupos, que consistía en garantizar una mayor concentración de las riquezas, fue necesario destruir las organizaciones político-sociales que luchaban por impedirlo.

En marzo de 1976 se designa a Martínez de Hoz como Ministro de Economía, según este, el mal de la economía era consecuencia de la clase obrera demandante e indisciplinada, y por la industria nacional ineficiente basada en el mercado interno y en el subsidio estatal. Su estrategia se dirigió a disciplinar a los sindicatos obreros y abrir la economía al comercio exterior aunque esto perjudicó a la industria nacional. Con el fin de frenar la inflación se congelan los salarios por tres meses, esta medida provocó una gran pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. También achicó las restricciones que limitan a productos que provenían del exterior y empezaron a competir con productos nacionales.

A mediados de 1977 se produjo la reforma financiera, para lograr mayor disponibilidad de divisas se liberaron las tasas de interés de los bancos y se eliminaron las restricciones a los movimientos de capitales exteriores, que se destinaron a la especulación financiera. Empresas privadas, pequeños comerciantes y hasta ciudadanos comunes se volcaron a la especulación, que producía grandes ganancias en poco tiempo, pero también provocan un efecto negativo sobre la estructura productiva del país.

Entre 1978 y principios de los 80 el Estado dió subsidios a grandes grupos empresarios que tenían relación con el poder. A fines de este año, se quitaron los aranceles a las importaciones y se reformó el sistema cambiario estableciendo una disminución del precio del dólar, esto hizo que la clase media se lanze a la compra de productos importados, a viajes al exterior, al consumo desmesurado.

El golpe más grave lo recibió la industria nacional al no poder competir contra la calidad, precio y cantidad de los productos importados. Hacia 1980, la pequeña y mediana industria nacional atravesó una crisis terminal. Los grupos económicos más importantes expandieron sus actividades a todos los rubros, lo cual trajo como consecuencia que el poder económico terminará concentrado en pocas manos.

Para 1981 se produjó una crisis financiera producto de la política económica de Martínez de Hoz, que afectó en especial a los sectores más humildes, al sector obrero y la industria nacional. Luego en marzo de ese año, el presidente Roberto Viola nombra como Ministro de Economía a Lorenzo Sigaut, su primera medida fue la devaluación de la moneda nacional en un 400 %, esto afectó mucho a los empresarios que habían sacado créditos en dólares para sobrevivir, ven cuadruplicadas sus deudas, si bien la situación era crítica para los grandes grupos económicos recibieron la ayuda del estado.

En 1982 se asignó a Domingo Cavallo al mando del Banco Central, una de las primeras medidas fue asumir como públicas las deudas privadas de las grandes empresas, a esto se suma un cambio en las políticas del Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, que dejan de ofrecer préstamos baratos a los países latinoamericanos. A fines de ese año, la imagen de la dictadura militar se deterioró debido al fracaso de las políticas económicas, de la derrota de malvinas, y las denuncias de las violaciones a los derechos humanos, todo esto hizo que la sociedad salga del silencio y se supere el miedo.

“..Era necesario modificar las estructuras de la economía argentina. El cambio propuesto era muy profundo; no bastaba con un simple proceso de ordenamiento, sino que había que transformar normas y marcos institucionales, administrativos y empresariales; políticas, métodos, hábitos y hasta la misma mentalidad.” escribió Martínez de Hoz en las “Bases para una Argentina moderna: 1976-80”.

La dictadura desplegó dos tipos de violencia sistemática y generalizada para lograr ese objetivo: la violencia del Estado y la violencia del mercado.

Nuestro país atravesó por seis golpes de Estado entre 1930 y 1983. Sin embargo, La última dictadura militar tuvo como elemento diferenciador de las otras el “terrorismo de Estado”. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica de nuestra historia, no obstante, el golpe de Estado de 1976 propagó el terror en toda la sociedad. El terrorismo de Estado implicó el uso de la violencia política al servicio de la eliminación de los adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la población a través de diversos mecanismos represivos, generando miles de personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura, vigilancia. Y, sobre todo, la puesta en marcha de los centros clandestinos de detención.

Los centrros clandestinos de detencion son evidencia de otro elemento diferenciador de la ultima dictadura militar: la desaparición sistemática de personas. La implementación de un plan sistemático de represión, tortura y desaparición contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”, que consistía en el secuestro, la tortura y la muerte de ciudadanos en centros clandestinos de detención en todo el país, cuyos cuerpos nunca fueron entregados. El Estado terrorista sustrajo todo rasgo de humanidad, se apropió de la vida de las víctimas y eliminó todos los signos que dieran cuenta de ella: su nombre, su historia y hasta su propia muerte.

Ser joven, obrero, estudiante, pertenecer a un gremio, representar a un grupo, fueron actividades «sospechosas» frente al Estado Terrorista que tenían como consecuencia la desaparición, generando un individualismo exacerbado que continuó mostrándose más la vuelta a la democracia y que a su vez permitió el avance en la destrucción de conquistas sociales fundamentales a lo largo de las décadas del ochenta y del noventa

La violencia política ejercida fue aplicada de manera clandestina. Es decir que no sólo se suspendieron los derechos y garantías constitucionales, y a la Constitución misma, sino que además, se decidió implementar un plan represivo al margen de la ley, violando las normas del uso legítimo de la violencia. El Estado se transformó en el principal agresor de la sociedad civil.

El terrorismo de Estado deshumanizó al “enemigo político”, le sustrajo su dignidad personal y lo identificó con alguna forma del mal, criminalizó al enemigo: la figura del desaparecido supuso borrar por completo toda huella que implicara alguna forma de transmisión de un legado que se caracterizara como peligroso. La sustracción de bebés es una consecuencia de esto.

El dictador Jorge Rafael Videla declaró en una entrevista en el año 1979 una frase indignante que da cuenta de los crímenes cometidos por la dictadura: “Le diré que frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido” .

La palabra “desaparecido” refiere a aquellas personas que fueron víctimas del dispositivo del terror estatal, secuestradas, torturadas y, finalmente, asesinadas por razones políticas y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus deudos y, en su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos

La secuencia sistematizada del terrorismo de estado argentino consistía en secuestrar-torturar-asesinar, para sustraer la identidad de la víctima, que es lo que define su humanidad.

Todo el escalafón militar estaba comprometido con la operación represiva de los centros clandestinos, desde las “patotas”qu secuestraban, los “Grupos de Tareas”(militares de baja graduación), hasta los encargados de la tortura y los que tenían la más alta autoridad en cada una de las armas.

Los secuestros ocurrían en plena vía pública, en sus casas o en sus lugares de trabajo. Ingresaban a los centros clandestinos de detención sin previo proceso policial o judicial. Dentro de los centros clandestinos, se los sometía a condiciones extremas: aislamiento, malos tratos, escasos alimentos, poca agua, mínima higiene. El principal método represivo fue la tortura como mecanismo para obtener información sobre la vida y las actividades de los prisioneros o los conocidos de éstos. Esta situación podía durar meses e incluso años, hasta el “traslado” definitivo, es decir, su muerte.

Los centros clandestinos, funcionaron como mecanismo disciplinador para el resto de la sociedad, infundiendo temor y obediencia frente a lo desconocido. Habia conocimiento de que algo sucedia, pero no se sabía exactamente qué era. Muchas veces, los militares dijeron “Sin cuerpos no hay pruebas, sin pruebas no hay delito”. La desaparición de personas generaba incertidumbre y, temor: ¿Dónde estaba el vecino, el compañero de trabajo, el amigo, el hermano, el hijo?, ¿estaban vivos?, ¿estaban muertos?, ¿qué había pasado? Esto generó una cultura de miedo, terror y desconfianza en la cotidianeidad (la gente pensaba “por algo será” o “algo habrá hecho”), una cultura del silencio (desde la propaganda de “el silencio es salud”), un autocontrol de la sociedad, que puede verse evidenciado por ejemplo, desde la propaganda cuyo slogan decía: “¿Sabe usted dónde está su hijo ahora?”.

El terrorismo de Estado implementó en los centros clandestinos de detención una metodología específica que consistía en quitarle a las personas sus rasgos identitarios encapuchándolas y asignándoles un número en lugar de su nombre; mantenerlas incomunicadas; robándoles a sus hijos para “interrumpir la transmisión de las identidades” y, por último, adueñarse hasta de sus propias muertes.

La apropiación de niños y niñas se llevó a cabo de diferentes maneras: secuestrados junto a sus padres; otros nacieron durante el cautiverio de sus madres en maternidades de modo clandestino y fueron separados de sus madres. Es decir: además del plan sistemático de desaparición de personas, existió un plan sistemático de sustracción de la identidad de los niños. Los niños y las niñas apropiados tuvieron diversos destinos: inscriptos como propios por los miembros de las fuerzas de represión; vendidos; abandonados en institutos como seres sin nombre; o dados en adopción fraguando la legalidad, con la complicidad de jueces y funcionarios públicos.

Muchos familiares de personas secuestradas empezaron a hacer reclamos individuales, pero luego, comenzaron a tomar contacto con otros en igual situación. Y así el 30 de abril de 1977, un grupo de madres de desaparecidos empezaron a reunirse alrededor de la casa rosada, y como las reuniones públicas están prohibidas, las madres daban vueltas alrededor de la plaza para no ser detenidas, y así nacieron las marchas de madres de plaza de mayo. Luego otros grupos de familiares comenzaron a organizarse, y paralelamente asociaciones civiles como el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y e

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