ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

El Papel Del Individuo En La Historia


Enviado por   •  25 de Julio de 2012  •  2.992 Palabras (12 Páginas)  •  711 Visitas

Página 1 de 12

Declaración de Sitges

Después de un año de la entrevista de Benidorm entre los señores Laureano Gómez y Alberto Lleras ha tenido lugar otra, no menos satis¬fac¬toria que la primera, para examinar la situación existente a la caída de la dictadura y los procedimientos que podrían recomendarse para el regreso a la vigencia de las instituciones republicanas.

Estimuló el acercamiento para la primera entrevista la mutua inquietud sentida por el deshonor en que la república se hundía bajo la opresión. Consideróse que en tal sentimiento participaba la unani¬midad moral del pueblo colombiano, por lo que se estimó necesario expresar las bases para un entendimiento de los partidos a fin de recu¬perar la libertad y los derechos cívicos perdidos. No fue erróneo el cálculo porque el acuerdo derrocó la tiranía y, como logro de vital im¬portancia, pudo reconquistarse la libertad de prensa. Con ella el país disfruta hoy del esencial derecho de manifestar su opinión. Más, es evidente que está aún distante la satisfacción de legítimos y esencia¬les anhelos del espíritu republicano. El país padece actualmente de una inquietante agitación, de un recrudecimiento de la violencia y de una muy aguda crisis económica, y parece preciso manifestar los requisitos esenciales para lograr que tamaños males desaparezcan. Por tanto, principia por declararse que ninguno de los partidos tradicionales de Colombia acepta que el delito pueda ser utilizado pa¬ra su incremento o preponderancia. Los crímenes que se cometen con ese fingido designio deben ser repudiados y reprimidos enfáticamente por una y otra de las colectividades, de manera constante e indudable, porque su impunidad afecta el decoro de la república y va en deslustre directo de los mismos partidos en cuyo servicio, hipócritamente, se pre¬tenden cometer.

La tranquilidad pública no podrá establecerse mientras el país no tenga la convicción incontrastable de que impera una justicia desapa¬sionada, clarividente y firme, que aniquile el lamentable fenómeno de menosprecio de la vida humana y suprima el aprovechamiento de cualquier género de delitos para enriquecimiento personal de los de¬lincuentes.

Una tranquila certidumbre de que la paz entre los colombianos está asegurada es la condición ineludible para intentar el remedio de las grandes dificultades económicas del momento presente.

Sobre estas reflexiones aparece que, partiendo de las bases para el entendimiento de los partidos que en Benidorm se presentaron, ahora es necesario consolidarlas y ampliarlas a fin de que Colombia restaure la Constitución, abolida por la tiranía, y pueda vivir al amparo de le¬yes dictadas por los representantes auténticos del pueblo, aplicadas por autoridades incorruptibles en su ejecución y jueces idóneos y rectos.

La pacífica sublevación de los ciudadanos contra los abusos, vio¬lencias y peculados del tirano no ha logrado aún que rija la plenitud de la Constitución, que se suspenda el estado de sitio y se disfrute de una normalidad auténtica, pues la autoridad suprema está en depósi¬to provisional en manos de altos oficiales de las fuerzas armadas, cuyo título precario para ejercerla nace sólo de la aquiescencia del pueblo a la voluntad manifestada por ellos de restablecer el orden jurídico. Con¬tribuye al mantenimiento de la desconfianza y de la inquietud la ob¬servación de que la cabeza de la justicia y muchas de sus derivaciones actuales tienen el viciado origen de la sola voluntad del dictador, lo que no inspira respeto ni confianza en el poder jurisdiccional. Fuente de zozobra, todavía mayor, es la perduración de una asamblea cuya invalidez quedó demostrada por la insurrección del país entero contra sus actos. Institucionalmente tal estado es caótico, y sus consecuen¬cias sobre la opinión no menos graves, pues no se tiene confianza en que investigaciones imparciales y exhaustivas conduzcan a los autores de una delincuencia, ampliamente denunciada en la prensa, al necesa¬rio castigo de sus ilícitos y atentados; se espera a diario una conmoción y aún se cree posible otro o sucesivos golpes de estado, pues la actual autoridad ejecutiva no tiene asiento en ninguna norma permanente; y peor aún, en ese clima de inquietud y zozobra los mantenedores de la tiranía y los que en forma sangrienta fingen combatirla, sus beneficia¬rios y sus cómplices, están estimulando y haciendo violencia sobre sus compatriotas en el intento de defender y asegurar los nefandos intereses económicos que crearon a la sombra de la impunidad con la siniestra es¬peranza de que alguna forma de gobierno semejante a la derrocada los permita continuar el despojo y el crimen. Así, los mismos que ayer se afiliaron a la teoría de la dictadura, pretextando que la coexistencia de los partidos era la causa única de la violencia y que por ello su des¬trucción era necesaria, están ahora en la primera fila del sectarismo combatiendo su entendimiento y tratando de prolongar el desorden pa¬ra justificar el advenimiento de otro tirano.

Necesitamos los colombianos, ante todo, una política de paz, me¬jor aún, una política que produzca la paz. Es indispensable que exista un orden constitucional en que cada persona conozca cuáles son sus derechos, cuáles sus obligaciones y cuáles las penas para quienes violen unos y otras. Los partidos están de acuerdo en que el orden sólo puede reposar sobre los preceptos constitucionales, que fueron violados. Poner en vigencia la Constitución en su integridad es el primero de nuestros deberes. Del armónico ejercicio de un gobierno controlado por los frenos de sus diversas ramas separadas nacerá la paz, y es inútil tratar de ob¬tenerla si no existe un orden jurídico acatado por todos.

Pero, como se dijo en Benidorm, sería insensato que al acudir por el sufragio a la fuente del poder, el pueblo, se reabriera inmediatamen¬te la lucha por el predominio entre conservadores y liberales. Las elecciones, ya inaplazables, deberían precederse de disposiciones que per¬mitan mantener un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición amplia de los partidos, hasta tanto que las instituciones afianzadas por el decidido respaldo de los ciudadanos tengan fuerza bastante pa¬ra que la lucha cívica se ejercite sin temor a los golpes de estado.

Nadie tiene, sin embargo, autoridad para dictar esas disposiciones, que sólo el pueblo ha de ordenar, directamente o por sus representan¬tes. Entre ellas está, en primer término, la que establezca el equilibrio de los partidos en los cuerpos colegiados, que se ha hecho indispensa¬ble para evitar esa prematura y probablemente destructora lucha por el poder, de la cual tememos nuevas amenazas y riesgos para las insti¬tuciones debilitadas por los años de tiranía y abandono. El Congreso, con sus des Cámaras, tal como está previsto

...

Descargar como (para miembros actualizados)  txt (18.9 Kb)  
Leer 11 páginas más »
Disponible sólo en Clubensayos.com