El Sistema Universitario En Los 90

1.1. Respecto al Sistema Universitario de los ‘90 (Buchbinder – Cap 10):

a) Desarrolle los por qué y en qué consistió la construcción de una nueva agenda universitaria, la cuestión de la calidad y la evaluación.

A partir de la vuelta de la democracia en nuestro país (en 1983) las instituciones universitarias asumieron diversos desafíos. El régimen militar dejó como herencia una universidad de limitada significación desde el punto de vista académico. Además se intentaron restablecer reglas democráticas en su funcionamiento interno (Por ejemplo: se tomó como requisito que haya mínimamente un 51% de profesores concursados en el claustro docente; se eliminaron las restricciones en el ingreso y los aranceles). Se fue conformando una nueva relación entre Estado y Universidad que aseguraba la vigencia de la autonomía (Por ej.: de la universidad para administrar y generar sus propios recursos); surgieron becas y subsidios para la formación de jóvenes científicos, se reformularon los planes de estudios y se incrementaron los estudios de posgrado. Luego, este optimismo fue reemplazado por un creciente desencanto en relación a las condiciones políticas, institucionales y materiales en que docentes y alumnos ejercían su tarea (problemas inflacionarios, conflictos gremiales y sucesivas huelgas pasaron a formar un elemento permanente en la vida académica). En el contexto privatizador y conservador de la década del 90 se puso en cuestión el sentido social, la prioridad y la naturaleza de la inversión en educación superior, fue a partir de un diagnóstico de los principales problemas en la Universidad Argentina (a comienzos de los 90) que se puso en primer plano la cuestión de la calidad de la enseñanza y, por ende, de la evaluación.

b) El rol de la nueva Secretaría de Políticas Universitarias

La nueva normativa dispone que el diseño y la implementación de las políticas generales en el área universitaria correspondan a las autoridades de la SPU y del Ministerio de Educación. La SPU tiene, entre sus atribuciones, las de proponer y generar estrategias para el desarrollo universitario y coordinar la cooperación entre las diferentes instituciones que integran el sistema. Los acuerdos que, en este ámbito, se establezcan son fundamentales para la conformación de los contenidos curriculares básicos o para la fijación de la carga horaria de los planes de estudio con reconocimiento oficial, entre otros campos.

c) Las características de la nueva Ley de Educación Superior

La sanción de la Ley 24.521 de educación superior, en 1995, venía a cubrir un vacío legal. Ya que desde 1986 no existía un dispositivo que regulara el sistema universitario en su conjunto. La fue sometida a un largo proceso de consultas y debates, involucra al conjunto del sistema de educación superior y establece una serie de parámetros generales a los que deben sujetarse las casas de estudios, dejando la implementación y definición de los aspectos específicos a los estatutos específicos de cada universidad. La nueva normativa reconoce el rol indelegable del estado en la prestación del servicio de educación superior de carácter público, procura avanzar en la integración y articulación de los sistemas de enseñanza superior universitaria y no universitaria y crea la figura de los colegios universitarios. Finalmente, por medio de disposiciones sancionadas tiempo después, fueron reforzados ciertos márgenes de la propia autonomía que permite a las casas de estudios fijar las condiciones laborales de su personal docente y no docente.

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