El caso de “La Panel Blanca”

INTRODUCCIÓN

El caso de “La Panel Blanca” fue denominado así, debido a que los tripulantes de un vehículo tipo panel, una especie de microbús o furgoneta de color blanco, que era tripulado por hombres armados, vestidos de civil en la mayoría de ocasiones, quienes según investigaciones posteriores fueron vinculados con la Guardia de Hacienda o con la institución militar guatemalteca, llevaban a cabo detenciones arbitrarias de personas, quienes en su mayoría resultaron posteriormente privados de la vida.

Cada uno de los detenidos ilegalmente fueron capturados por los tripulantes de La Panel Blanca, en diversas fechas comprendidas en un periodo de tiempo entre junio de 1987 y febrero de 1988. Entre los detenidos identificados estaban: Ana Elizabeth Paniagua Morales, Julián Salomón Gómez Ayala, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Erik Leonardo Chinchilla, Augusto Angárita Ramírez, Doris Torres Gil, José Antonio Montenegro, Oscar Vásquez y Marco Antonio Montes Letona. Cinco de ellos fueron ejecutados extrajudicialmente y sus cuerpos fueron abandonados el mismo día o días después de su detención, con signos de violencia física, en las calles de la ciudad de Guatemala y en sus alrededores. Mientras que, los sobrevivientes testificaron que durante su detención fueron sometidos a diversos maltratos y torturas.

Como respuesta a ello, se presentó una demanda contra el Estado de Guatemala ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, el 19 de enero de 1995, donde se pedía que se condenara al Estado de Guatemala por la violación a los derechos humanos de la vida, a la integridad y libertad personal, y las garantías judiciales de las víctimas detenidas ilegalmente, torturadas y ejecutadas extrajudicialmente.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso habiéndolo conocido la sede de Costa Rica, al concluir se obtuvo sentencia condenatoria en contra de Guatemala por la desaparición, tortura y asesinato de 10 personas en noviembre de 1987 a febrero de 1989;         ya que, existieron suficientes medios de convicción para concluir que los hechos señalados efectivamente fueron realizados por personas que actuaban como agentes del poder público. No obstante, no hubo avances significativos en la identificación de los responsables, por lo que la condena fue más de tipo pecuniario en contra del Estado de Guatemala, al que se le ordenó pagar diversas cantidades monetarias como indemnización a las familias de las víctimas identificadas, así como, a facilitar el traslado de los restos mortales de los asesinados para su posterior inhumación en el lugar de elección de sus familiares.

Constituyéndose este caso, en un importante logro de la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos guatemaltecos frente al poder casi omnipotente del Estado de Guatemala. De ahí que, su estudio sea imprescindible para comprender el avance en materia de protección a la persona humana en Guatemala; y al efecto, se ha desarrollado el análisis que se presenta a continuación.

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