Ensayo de la Ley de aguas vieja ec

Ley de solidaridad

El 16 de abril de 2016 será recordado como una de las mayores tragedias sucedidas en el Ecuador, al haber sido golpeado con un sismo que afecto en su mayoría a la provincia de Manabí, dejando perdidas innumerables de afectados. El gobierno nacional en su “búsqueda” de resolver los problemas económicos que se generaron con este desastre natural, decidió plantear y aplicar la criticada Ley de Solidaridad y la Corresponsabilidad Ciudadana, la misma que analizaremos a continuación con respecto a su ámbito jurídico, dejando a un lado si su aplicación es correcta o no.  

La Ley de solidaridad considera pretende recaudar fondos suficientes para estabilizar la situación económica en las zonas afectadas por el sismo, tomando como objetivo la recaudación que lo reconoce como solidarias pero no dejan de ser imposiciones tributarias con las que el actual gobierno se caracteriza.

Este objetivo que se plantea, intentará reactivar la situación productiva, su infraestructura, economía y el resto de problemas que se hayan podido generar. La ley impuesta estará en vigencia desde el 1 de junio de 2016  hasta el 31 de enero de 2017.

En otras palabras, la Ley de Solidaridad determina una serie de contribuciones de la ciudadanía, las mismas que actuaran por medio de las remuneraciones, patrimonio, utilidades y bienes inmuebles y derechos de capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades residentes en paraísos fiscales u otras jurisdicciones del exterior. La norma tienen como finalidad recaudar alrededor de $1090 millones para atender a las zonas golpeadas por el terremoto de 7,8 grados en la escala de Ritcher.

En la ley se considera contribuciones por medio del impuesto al valor agregado (IVA), que de un 12%, subirá al 14% desde el 1 de junio hasta un año después. Se utilizó como propaganda al dinero electrónico, en el IVA, cuando se reducirán 4% en transacciones realizadas con este medio, es decir, todas las compras que se hagan con dinero electrónico pagarán solo 10%.

En las recaudaciones que se emplearan por las remuneraciones, se aportara un día de sueldo por uno y hasta ocho, dependiendo del salario percibido en una remuneración igual o superior a los $1000. Conforme aumenta el salario del trabajador incrementa el número de meses a pagar con un tope de ocho días por mes si la persona percibe más de $20.000. También lo pagarán los extranjeros.

Las empresas tendrán que dar parte de las utilidades percibidas con relación al periodo del año 2015, entregando un 3%. Las personas que tengan un millón o más dentro de su patrimonio, deberán entregar el 0.9% como contribución patrimonial.

Se utilizara como incentivo al comercio exterior, estableciendo exenciones aduaneras y del impuesto a la salida de divisas para importaciones que se hagan en las zonas afectadas.

Los bienes inmuebles en el Ecuador que pertenezcan de forma directa con las firmas offshore, deberán pagar 1.8% de su valor catastral del 2016. Asimismo, se exonero del pago a las cuotas al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (Rise), que se hayan generado hasta el 31 de diciembre del presente año, a los que mantengan domicilio tributario principal en la provincia de Manabí, Muisne y otras partes de Esmeraldas afectadas. Pero quedo establecido que las cuotas en el año 2017 se reducirán a la mitad.

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