Guatelama, Guerra Civil

El proceso judicial contra el ex dictador militar de Guatemala, Efraín Ríos Montt, dio otro paso adelante el día 29 de marzo, cuando la Fiscalía presentó la acusación junto con las evidencias que sostienen el caso. La Fiscalía acusa a Ríos Montt de delitos de genocidio y “deberes contra la humanidad” –así denomina la justicia guatemalteca a los crímenes de lesa humanidad– por las atrocidades cometidas entre marzo de 1982 y agosto de 1983.

En las semanas anteriores, cinco ex paramilitares de las Patrullas de Autodefensa (PAC) que estuvieron en activo durante la guerra civil fueron sentenciados a un total de 7.710 años de prisión cada uno por la masacre cometida en 1982 contra la comunidad indígena de la etnia achí en la región central de Plan de Sánchez. Además, un soldado guatemalteco fue sentenciado a 6.060 años de cárcel por su intervención en el asesinato de 201 personas en la localidad de Dos Erres, también en 1982.

La búsqueda de la justicia en Guatemala sigue adelante, tras más de 15 años desde el fin de una larga y sangrienta guerra civil. El ICTJ entrevistó a Claudia Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, para hablar sobre la lucha de víctimas y sobrevivientes para obtener justicia por los crímenes padecidos.

¿Cuál es el proceso de justicia transicional que se ha seguido en Guatemala desde el fin de la Guerra Civil?

En Guatemala vivimos un conflicto que duró casi treinta años y la paz se firmó en 1996. Durante este conflicto hubo graves violaciones a los derechos humanos, muchas de las cuales permanecieron en la impunidad hasta recientemente. En 1998 y 1999 tuvimos en Guatemala una comisión de la verdad, la Comisión Para el Esclarecimiento Histórico, que a través de los testimonios de las víctimas documentó para la historia del país todos estos crímenes. Y a pesar de esto y de los esfuerzos que se han hecho por la reparación de los mismos, la gran deuda que existía era con relación a la justicia.

"Los avances que hemos tenido son importantes pero aún son insuficientes." Los esfuerzos por obtener justicia en estos crímenes sobre todo han estado en los hombros de las víctimas y sobrevivientes, de los familiares de las personas que fueron desaparecidas o que murieron en masacres. Estos esfuerzos se han hecho permanentemente durante todos estos años, incluso se obtuvieron algunas sentencias históricas, como en el caso Cándido Noriega, el caso de Río Negro o el caso Myrna Mack.

Sin embargo, la mayoría de los crímenes permanecían impunes a través de distintos recursos que obstaculizaban el avance de la justicia; y porque realmente no había una voluntad para llevar estos casos a juicio.

Los avances que hemos tenido son importantes pero aún son insuficientes, porque las sentencias logradas por casos ocurridos durante la guerra aún las podemos contar con los dedos de la mano.

¿Cuáles eran los crímenes más importantes que se estaba intentando juzgar y quiénes eran los responsables?

La Comisión Para el Esclarecimiento Histórico habla de crímenes como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, genocidio, violencia sexual y violaciones sexuales, habla también de violaciones al derecho internacional humanitario. Para la Comisión, los responsables fueron tanto grupos estatales como actores no estatales. Entre los grupos estatales están fundamentalmente el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y miembros de la Policía Nacional, y los actores no estatales son los integrantes de la guerrilla. En el informe se dice que más o menos el 3% de los crímenes fueron responsabilidad de los grupos no estatales y el resto (aproximadamente un 93%) fueron responsabilidad de grupos estatales.

Guatemala es uno de los pocos casos del mundo en los que se ha reconocido que se cometió un genocidio durante la guerra.¿Quiénes fueron los responsables y quiénes las víctimas?

Exactamente el informe para la Comisión del Esclarecimiento Histórico habla de una comisión de actos de genocidio en contra de cuatro pueblos: en contra del pueblo maya- ixil, del pueblo maya-achi, del pueblo maya-k'iche' y del pueblo maya-q'anjob'al en el norte de Huehuetenango.

Más o menos en la misma época se presentó una querella por estos actos de genocidio. La querella no había tenido realmente un avance importante hasta más o menos el año 2009-2010, cuando comenzó a trabajarse el caso dentro de la Fiscalía. Las órdenes de captura se hicieron efectivas a mediados de 2011 en contra de tres personas: Óscar Mejía Víctores, que fue Ministro de la Defensa en el período donde se señala que hubo estos actos de genocidio; Héctor López Fuentes, que fue Jefe del Estado Mayor; y José Rodríguez, que fue G2 o Jefe de Inteligencia. Pero con respecto a Mejía Víctores hay una declaratoria de inimputabilidad por parte de él que ha llevado a suspender el proceso [Mejía fue declarado incapaz para afrontar un juicio debido a un derrame cerebral] y López Fuentes se está dilucidando si puede ser o no juzgado [tanto López como Rodríguez alegan problemas de salud, sus vistas han sido aplazadas].

¿Qué beneficios supone la lucha contra la impunidad para una sociedad como la guatemalteca, tan polarizada y dividida en torno a su pasado y con tantos otros retos que afrontar?

Es muy importante que en mi país se fortalezca el Estado de Derecho, que implica que, independientemente de quién sea el actor, hechos graves como los ocurridos durante la guerra civil se tienen que sancionar para garantizar que nunca jamás vuelvan a ocurrir. Si el derecho penal no actúa, si es indiferente ante la tortura, la desaparición forzada o el genocidio, lo que se crea es la sensación de que algunos sí pueden matar y otros no; o de que a algunas personas sí se las puede matar. En la medida en que logramos juzgar estos casos, estamos fortaleciendo el Estado de Derecho. "Si la ley no se aplica igual para todos, la fuerza moral de la aplicación del Derecho se va erosionando."

Cuando se tolera la impunidad para unos hechos se abre la puerta a que se tolere la impunidad para otros muchos. Porque si la ley no se aplica igual para todos, la fuerza moral de la aplicación del Derecho se va erosionando. Por otra parte, estas estructuras que actuaron durante la guerra ahora pueden continuar actuando con otros propósitos, como su lucro personal, y permanecen intocables. Es muy importante para la seguridad del presente que quien ha cometido un hecho delictivo sea llevado ante la justicia y, si se demuestra su culpabilidad, que cumpla una condena.

Recientemente el presidente del país ha vuelto a pedir perdón por los crímenes cometidos durante la guerra. También

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