Historia De Los Derechos Humanos

Historia de los Derechos humanos en Venezuela

Las políticas públicas desplegadas por el Estado venezolano, desde 1999, se orientan a garantizar los derechos humanos y lograr la inclusión plena de los venezolanos y las venezolanas, haciendo posible su realización y disfrute de manera integral y, especialmente, los derechos colectivos económicos, sociales y culturales.

El Título III del Texto Fundamental desarrolla el articulado de derechos consagrados para la construcción del nuevo modelo de nación, basado en el respeto de los derechos humanos. El artículo 19, garantiza el respeto de los derechos humanos conforme al principio de progresividad y sin discriminación, siendo obligatoria para los órganos del Poder Público, de conformidad con la Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República.

En Venezuela el artículo 23 de la constitución establece: "Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público".

La República Bolivariana de Venezuela asume el importante compromiso internacional de presentar el Examen Periódico Universal, mecanismo del Consejo de Derechos Humanosencomendado por la resolución 60/251.

La denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Venezuela puede leerse desde varias perspectivas. Una de ellas es analizar los motivos de fondo de tal decisión. Tomando en cuenta sus repercusiones nacionales e internacionales, es de suponer que el Gobierno tuvo razones de peso para tomar tal decisión.

El concepto de Estado de derecho implica la existencia de una constitución, como ley suprema, y un conjunto leyes e instituciones supeditados a ésta. A su vez, la división de poderes en una sociedad democrática supone que el poder judicial, independiente y autónomo, es el intérprete último de la constitución y demás leyes.

En cambio, en los regímenes dictatoriales, la ley suprema no es la Constitución, sino la voluntad de quienes detentan el poder. Si las medidas o acciones que se deciden tomar no están acordes con la Constitución, ésta se cambia, se ignora o se interpreta de forma tal que el resultado final sea sustentar las medidas o acciones de quienes detentan el poder. En tal contexto, el rol del poder judicial suele ser buscar y encontrar la manera de dar una justificación legal a las medidas o acciones de quienes detentan el poder.

En la realidad actual de Venezuela, las nociones fundamentales del Estado de derecho son una utopía.

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