Historia.

Desde los comienzos fundacionales del país, la educación tuvo un lugar de importancia considerable otorgado por el estado. Sin ahondar en lo que referente a las diferentes corrientes ideológicas, de las primeras figuras que incidieron poniendo a la educación en este lugar de importancia, se puede tomar a Manuel Belgrano como una de las principales, quien esgrimía una pedagogía influida por ideas norteamericanas, por lo que ya pensaba en la escuela gratuita como elemento fundamental en su concepción de estado democrático. Mas tarde, en la constitución de 1853, cuyo cuerpo planteaba que era posible transformar a la Argentina en una nación moderna estableciendo el liberalismo económico y alentando la inmigración noreuropea, se trato el tema educativo de una forma breve y no del todo clara. “Fueron textos no solamente generales sino ambiguos y dejaron lugar a interpretaciones diversas.”2. Esta constitución empieza a dejar a la educación primaria en manos de las provincias.

La Iglesia se considera como una institución de influencia constante en el plano educativo, defendiendo desde los principios del sistema la educación colonial-clerical y rechazando la educación de indios y mestizos. Esta relación Estado/Iglesia sufrió cierta ruptura con la llegada al gobierno de Sarmiento, quien exigió “…una escuela popular, democrática, gratuita, laica, (…) de acuerdo a los intereses de la Nación, y de su pueblo…”1. Sarmiento alentó la inmigración y el asentamiento de educadores europeos y construyó escuelas y bibliotecas públicas en todo el país, en un programa que finalmente duplicó la matrícula de los estudiantes durante su mandato. El rechazo que sentía Sarmiento hacia los pueblos originarios y a la llamada “barbarie”, aporto de forma decisiva en su lucha civilizadora y fue razón de sus principales acciones, instaurando así una escuela excluyente y dirigida a erradicar las culturas nativas.

Un punto clave en la historia educativa fue la Ley 1420, sancionada bajo el gobierno de Roca en 1884, estableciendo la instrucción primaria obligatoria, gratuita y gradual para todos los habitantes dependientes del estado nacional. En 1905, la ley Lainez permitió al estado nacional abrir escuelas en las provincias más necesitadas, creando escuelas nacionales donde ya habían escuelas provinciales, promoviendo un doble sistema escolar que dio origen a grandes desigualdades a nivel regional.

Esta ley sentó también bases positivistas, sobre las cuales se afirmo la “escuela normalizadora” o “escuela normal” con una seguidilla de gobiernos enmarcados bajo la misma premisa, heredada de los ideales de Sarmiento: la homogeneización. Así es que la escuela normal surge como elemento político de poder, como organismo para ordenar y moldear la población de un país con una identidad en construcción, notablemente constituida por oleadas de inmigrantes europeos de diferentes procedencias. En la corriente normalista el método, la organización escolar, la planificación, la evaluación y la disciplina eran las nociones fundamentales que organizaban la práctica, aspectos que indiscutiblemente apuntaban a desembocar en la homogeneidad tan anhelada, en la normalidad y la uniformidad en relación a la mayor cantidad de aspectos diarios posibles (usos, costumbres, valores, saberes específicos, lenguaje, etc.)

Paralelamente a esta concepción educativa tradicionalista se comienza a gestar la “escuela nueva”. En oposición a la escuela normal, la escuela nueva posiciona al estudiante activamente en el aprendizaje, priorizando conocer los intereses y las necesidades del niño y su entorno. El objetivo es lograr que dicho estudiante alcance un aprendizaje significativo, perdurable en el tiempo, marcado por contenidos contextualizados que respondan al momento histórico-político-social atravesado por los estudiantes y a su realidad local e institucional, logrando un proceso educativo feliz y placentero. Esta forma de educar no tuvo un marco político favorable, siendo los docentes

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