Historia

DE LA RENOVACIÓN MORAL A LA MODERNIZACIÓN NEOLIBERAL

Alejandro Alcántara Gallegos

A menudo los profesores de historia aducimos la necesidad de que los alumnos desarrollen aprendizajes para comprender la sociedad en que viven. Si bien el programa de estudios de Historia de México II aporta elementos vitales para comprender el presente, probablemente ninguno de sus temas es tan definitivo para conseguir esta meta como el que nos interesa aquí, aunque lamentablemente sea el último del programa y resulte difícil de alcanzar por los numerosos contenidos que se incluyen y el poco tiempo para revisar casi toda la Historia de México en un solo curso. Además, cabe señalar que –a la luz de este trabajo– la Unidad 8 plantea errores en la interpretación de ese trascendental periodo, debidos a la indefinición y falta de actualización que es perceptible 18 años después de la redacción del programa.

De todos modos, el tema que nos ocupa representa el quid de los cuestionamientos y problematización que profesores y alumnos pueden hacer sobre una historia realmente contemporánea de México, que aparece entonces no sólo como conocimiento significativo sino ante todo como conciencia histórica del momento social en que se vive. Así, puede afirmarse que la difícil transición que para la sociedad mexicana representaron los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo de 1982 al 2000 constituye el cimiento sobre el que descansa el edificio del México actual, y si bien es un lugar común oponer las “reformas neoliberales” al agotamiento del “populismo” como resultado de ello, no lo es analizar el proceso histórico que llevó a la modificación no sólo de una economía en problemas sino, al final, de todo un proyecto de nación.

1. La Crisis de la deuda en 1982

El 19 de agosto de 1982 el Secretario de Hacienda Jesús Silva-Herzog se reunió en Nueva York con los representantes de 6 bancos norteamericanos para anunciarles que México no podría cumplir con los pagos de su deuda externa pública en las fechas previstas, cuyo vencimiento tendría lugar en los últimos tres meses del gobierno de José López Portillo. Al día siguiente la reunión se amplió a 104 bancos de Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, Suiza, Japón y Canadá acreedores de México, a los que se propuso una renegociación de los plazos de pago y la autorización de nuevos préstamos para cumplir con las obligaciones contraídas.

Aunque la respuesta internacional fue favorable –lo que incluyó el otorgamiento de 1,000 millones de dólares para restablecer la liquidez del país, la aceptación de una prórroga de 90 días para el pago de la deuda y el apoyo político de Estados Unidos– las consecuencias de dichos acuerdos resultaron altamente onerosas para nuestro país. Ya el 17 de agosto Silva-Herzog anunciaba en México negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para lograr un convenio de apoyo financiero, cuyos alcances se informaron en la prensa:

Estados Unidos expresó hoy su firme apoyo a los esfuerzos de México para “resolver sus dificultades económicas y financieras de una manera ordenada y responsable”, colaborando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un consorcio de bancos privados para rescatarlo […]. El Subsecretario del Tesoro […] explicó el papel del gobierno norteamericano en una operación progresiva […] para mejorar […] la situación de México en los próximos tres años. La operación incluye reformas en la estructura económica mexicana y la refinanciación de su deuda externa, que […] estiman en 80,000 millones de dólares.

La negociación abrió una nueva etapa en las relaciones internacionales porque, en un contexto más amplio, dio origen a la “Crisis de la Deuda” que caracterizó a los años 80 como la "década perdida" para América Latina. En efecto, la propuesta del Secretario de Hacienda implicaba que México ya no era capaz de pagar su deuda pero reconocía sus compromisos, solicitando ayuda para salir de la crisis y poder continuar sus pagos. De ahí que se considere esta negociación como una “moratoria encubierta” que buscó alejar el fantasma de moratorias unilaterales por parte de otros países latinoamericanos en circunstancias similares.

La avanzada mexicana llevó a Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Perú a seguir caminos similares, sentó las bases de la relación económica mundial con América Latina en los años 80 –que pasó a ser de “acreedor-deudor”– y supeditó todos los factores políticos, sociales y económicos nacionales al pago de la deuda externa (“socialización de las pérdidas”) cuyos costos sociales fueron dramáticos. Además, la nueva relación dio capacidad de intervención a los “Comités Asesores Bancarios” y al FMI, que condicionaron su ayuda financiera a la imposición de un plan de ajuste en las economías latinoamericanas que contradecía sus programas desarrollistas –muy agotados o en crisis para 1982– fomentando la disminución del gasto público, economía recesiva, aumento de ingresos del Estado y apertura comercial para sostener el pago de la deuda. Así lo preveía ya José López Portillo en febrero de 1982:

Cuando advertí que nuestras reservas corrían el riesgo de agotarse […] tome la dolorosa decisión de retirar del mercado monetario al Banco de México, para que no nos volviera a ocurrir lo que en 1976, año en que […] tuvimos que acudir a los convenios con el Fondo Monetario Internacional y su injerencia en nuestras decisiones económicas […], antes de que fuera demasiado tarde y que, a la gravedad de las consecuencias, se sumara nuestra impotencia para seguir manejando nuestra política económica. […] [Esto] permitirá consolidar nuestra economía, los logros que ahora, ante este tropiezo, palidecen, pero que son sólidos pilares para garantizar el progreso del país, para garantizar que el país acredite la posibilidad de dar empleo a todos sus hijos […].

Por desgracia, ni la Reunión de Quito, el Consenso de Cartagena, la Reunión de La Habana o la Declaración de Lima entre 1984 y 1985 lograron un frente común de América Latina para resolver el problema de la deuda en mejores condiciones. Esto hizo más vulnerable a cada país que enfrentó negociaciones individuales con los acreedores internacionales y permitió la continuidad de su política draconiana de ajustes económicos y costos sociales hasta 1986.

Así, no es exagerado decir que la “Crisis de la Deuda” de 1982, los ajustes económicos impuestos por el FMI y las reformas estructurales que derivaron de ella, fueron por sus efectos sociales factores que llevaron al colapso de dictaduras y regímenes autoritarios en América Latina en los años que siguieron al desastre económico: el Régimen Militar de Brasil (1964-1985), la Dictadura de Pinochet en Chile (1973-1990), el Proceso de Reorganización Nacional en Argentina (1976-1983) y el Régimen Priista en México (1930-2000).

2. El México de antes de la crisis: el modelo desarrollista (1934-1975)

Llama la atención que las tres décadas anteriores a la Crisis de 1982 transcurrieran en México sin graves problemas económicos, exceptuando las devaluaciones de 1954 y 1976 con sus efectos inflacionarios que minaron la confianza de la sociedad en el manejo de la economía por el gobierno. Con todo, nadie imaginaba entonces la gravedad de la crisis que enfrentaría México en la década de los 80. ¿Cómo era la economía de nuestro país antes de la Crisis de 1982 cuyo modelo sería abandonado luego de los efectos que dicha crisis provocó?

Luego de dos décadas en que se nivelaron los efectos destructivos que la Revolución Mexicana y rebeliones como la de Adolfo de la Huerta o la Guerra Cristera habían dejado, de sortear la Crisis de 1929 y sus efectos para la exportación de materias primas, de superar las tensiones del gobierno cardenista con los inversionistas extranjeros por la política de expropiación, y una vez institucionalizado el reparto agrario como control del campesinado para suplir las anárquicas condiciones del campo entre 1925 y 1940; gradualmente se consolidó en México un modelo económico de industrialización fundado en la sustitución de importaciones bajo los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán (1946.1952) que aprovecharon las condiciones generadas por la Segunda Guerra Mundial.

Así, más que la Constitución de 1917 fueron los gobiernos postrevolucionarios quienes definieron entre 1934 y 1983 el sendero que la economía mexicana debía tomar, como lo demuestran las distintas y trascendentales reformas constitucionales a los artículos 3º, 25, 26, 27 y 28 –vinculados al papel activo que el Estado debía jugar en el desarrollo del país– que tuvieron lugar en esos años. Tales reformas buscaron el interés nacional, la independencia económica y el desarrollo de México, aunque fuera bajo un régimen autoritario, de partido hegemónico, de Estado y con tendencia dictatorial que subordinó Estado, campo y bienestar social al crecimiento de un sector empresarial privado (burguesía nacional) que debía establecer fábricas, industrias, servicios y empresas que –un día– serían el cimiento de una economía nacional fuerte, autónoma y generadora de riqueza social.

Para lograr este proyecto desarrollista se asignó al Estado –de jure o de facto– la rectoría del desarrollo económico que debía cumplir con las metas de progreso y justicia social que dictaba el Nacionalismo Revolucionario, sustento ideológico del Régimen Priista:

Artículo 3º.- La educación que imparte el Estado […] atenderá

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