La opinión política como medio de acción del movimiento indígena Quintín Lame

La opinión política como medio de acción del

movimiento indígena Quintín Lame

Mariana Hincapié Zamora.

        Diciembre de 2020.

Parlamento Andino.

Órgano de representación ciudadana y control político de la Comunidad Andina (CAN).

Constitución política y democracia colombiana.

La historia colombiana ha estado constantemente marcada por la administración política de una población segregada, en la que diferencias como el poder político o económico, origen cultural, ideologías e incluso aspecto físico han determinado las posibilidades que tiene una persona de hacer valer sus derechos y contar con condiciones de vida dignas. A causa de estas condiciones de desigualdad, sumando un sistema de gobierno en el que suelen perseguirse intereses personales y dejar de lado regiones enteras, que tienen que lidiar con mayores niveles de pobreza y delincuencia, surgen grupos armados con el propósito de expresar su inconformismo e incluso en otros casos son percibidos como una necesidad para la supervivencia de la comunidad.

No obstante, queda claro que la situación generada por la violencia, abusos de poder y microtráfico reclama acción por parte del estado, una acción cuyo norte difiera de la reacción militar como medida de “solución”, en la que se le de la oportunidad a los colombianos en su totalidad, y especialmente a los grupos armados, de comunicar sus inconformismos, necesidades y propuestas de mejora. Esto, para resaltar que toda propuesta e idea de cambio social debe hacerse a través del dialogo y respeto por la vida de cada persona, teniendo en cuenta principalmente que la presencia de grupos armados en el país no es otra cosa que el manifiesto de las rupturas internas por abandono y falta de oportunidades.

Producto de los factores mencionados, y caso particular de un entorno condicionado por la violencia, pobreza e injusticia, da origen al movimiento Quintín Lame. Que constituyó desde 1974 y 1991 una resistencia y respuesta militar a los atropellos y arbitrariedades cometidas con los indígenas, en este caso del departamento del Cauca, que busca el fortalecimiento de los grupos étnicos constituyentes, su protección y velar por la garantía de sus derechos. “El Quintín Lame aparece públicamente como organización armada en 1984. Nace como respuesta a una escalada de la violencia ejercida contra las comunidades indígenas” Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación en El avance hacia la reconciliación, 1989, pg 375 [6].

El movimiento surge en un contexto en el que las comunidades indígenas se estaban viendo explotadas y excluidas de sus tierras por los latifundistas. Además, la región carecía evidentemente de la presencia y acción del estado, su participación en la economía nacional estaba en descenso y esta parte de la población se encontraba excluida de la participación política [1].

Actualmente las leyes en Colombia se rigen bajo lo estipulado por la constitución de 1991, producto directo de debates y movimientos estudiantiles que proponían de forma contundente la creación de una asamblea nacional constituyente en la que se incluyen temas como la inclusión y validación de la diversidad demográfica que caracteriza al país, tocando específicamente puntos como la libertad de culto, el respeto por las minorías étnicas, consolidación de la defensoría del pueblo, la doble nacionalidad, entre otros[2].

El periodo mencionado anteriormente se caracterizó por el surgimiento y acción de grupos armados como el EPL, ELN, M-19, FARC, entre otros; los cuales tenían filosofías y objetivos distintos, pero manaban como consecuencia de un descontento generalizado en variados sectores sociales y económicos del país, comprendidas las comunidades indígenas.

Es así como el movimiento armado Quintín Lame, o MAQL, con el apoyo de campesinos e indígenas que veían constantemente vulnerados sus derechos y se sentían amenazados por la delincuencia común y el abandono de la zona, decide conformar una colectividad militar que proporcionaba a sus integrantes, en su mayoría menores de dieciocho años, las armas, entrenamiento y sustentos básicos para la contribución esta causa común.

El MAQL podía distinguirse de aquellos grupos insurgentes cuyo método era la “violencia para la sustitución”, ya que este ejercía la “violencia para la incorporación social” [3]. Sin embargo, aunque esta organización favorecía temas como la seguridad y control de la delincuencia, el inconformismo y la sensación de desigualdad en Colombia motivaba la creación de otros grupos armados, cuyos ideales chocaban entre sí e incrementaban las cifras de violencia, lo que terminó por perjudicar a los grupos indígenas, de manera contraria a lo que se buscaba.

Alape, 1995

Aunque la mayoría de las comunidades seguían reconociendo los esfuerzos del MAQL en poner coto a la delincuencia, lo cierto es que ésta en lugar de cesar se incrementaba. La lucha armada había favorecido involuntariamente la extensión de un fenómeno que se pretendía erradicar [5]. Pg 36.

El estado, ante el claro llamado del país por un gobierno más eficaz a la hora de atender las necesidades de los colombianos y proporcionar mecanismos de decisión en los que los ciudadanos tuvieran voz y voto y pudieran verse representados en estas resoluciones para beneficio común, comprendió la importancia de negociar condiciones de desmovilización con los grupos armados y acatar la propuesta del movimiento universitario La séptima papeleta, que planteaba adicionar en las elecciones de marzo de 1990 una papeleta asignada para votar a favor o en contra de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente como plan de acción para una inclusión más amplia de la población en el diseño de la nueva constitución.

Ibeas, 1995

Para tratar de superar esta situación de crisis institucional e ingobernabilidad fue necesario dar impulso a una dinámica transicional y de democratización cuya piedra angular fue la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Esto creó un ambiente favorable para las negociaciones. (p. 47) [2]

 En esta asamblea se planteó la incorporación de las distintas componentes sociales colombianas a la colectividad por medio de negociaciones de paz individuales, en el caso de los grupos armados, y una nueva filosofía basada en optar por el cumplimiento del derecho a la expresión y representación política de cada grupo social, con el fin de garantizar la participación de las personas mediante el diálogo en vez de las armas y dando representación en la asamblea nacional constituyente al MAQL, junto con los grupos EPL y PRT[2].

“El interés del MAQL en tener presencia en la ANC estimuló su proceso de negociación ya que deseaba participar, junto al conjunto del movimiento indígena, en el proyecto de democratizar el país”.Ibeas, 1995. Pg 47[2]

Puede afirmarse que la negociación hizo referencia al concepto de gerencia política incluyente como fundamento, la cual se basa en incluir a los ciudadanos en el ejercicio de dirección y administración, y busca fortalecer y potenciar la formación de sociedades democráticas a través de la participación de actores sociales en temas políticos.

Trayendo a colación el término actores políticos, que se refiere a personas asociadas libremente, que comparten intereses y cuentan con los medios para decidir y actuar, cabe resaltar la existencia de diversas necesidades, ideologías y opiniones que no cuentan con representación en el poder y son la más clara muestra de la marginación de grupos sociales que se diferencian de alguna forma de la élite política [8]. Esta marginación, como se explicó anteriormente, es la causa inicial de la necesidad del estado de negociar la desmovilización de distintos grupos armados como el Quintín Lame, la cual refleja una falta de balance social en la que el poder es ejercido por unos pocos y hay constantes fallas en el ejercicio de representación que debe ser ejercido por los actores políticos.

Según la corriente marxista, las élites políticas son resultado directo de una constante diferenciación social en la que, al tener ciertos individuos una característica que otros no poseen, ambos grupos buscan ser reconocidos como mejor segmento social respecto a aquel del que se diferencian. Debido a esta competencia, las élites políticas tienen una capacidad restringida como actores políticos, ya que su inclusión de la sociedad es deficiente.

Este fenómeno genera movimientos sociales, que son espacios de acción política y en muchos casos el recurso con el que cuentan los grupos minoritarios para ser escuchados por el gobierno. Dicha acción política bien puede ser realizada mediante acciones legales o desde la marginalidad, cuyo campo de acción en el caso de las minorías mencionadas, como lo son los campesinos e indígenas, suele limitarse al plano de la marginalidad como consecuencia de la violación y no reconocimiento de sus derechos.

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