La paradoja de un proceso hostil que busca la paz.

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l próximo 2 de octubre se definirá el rumbo del país para los próximos años. El proceso que ha dejado mucho de qué hablar, y que ha sido motivo de fuertes críticas, se la permitirá o negará la posibilidad de funcionar, todo dependerá del voto de los ciudadanos.                                                                                Por Sergio Dorado Gonzalez

Colombia adelanta el proceso de cese al fuego bilateral con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), esta rendición se escenifica en la Habana. Han estipulado puntos importantes para acabar con el conflicto interno y abolir las discordias que existen entren los dos bandos, sin embargo, los acuerdos que han trabajado y los ítems que han propuesto están siendo criticados y señalados como dudosos, dando lugar a movilizaciones y oposición. Hay quienes ven el proceso con malos ojos y deciden apoyar la campaña de la política de derecha liderada por el expresidente Álvaro Uribe, para votar NO a las negociaciones, sin contar las repercusiones que esto traería para el país, ya que los grupos armados han amenazado al pueblo si se opone al proceso.[pic 1][pic 2]

La intención prevalente de darle fin a la guerra ha generado un afán fortuito en los aspectos que se han tratado, descuidando objetivos que la comunidad consideramos reprochables e injustificables, ya que los acuerdos dejan espacios que son atribuciones a la impunidad y de elegibilidad para criminales de guerra y de lesa humanidad, dicha situación pone en tela de juicio lo planteado en el tratado y coloca a la nación en un juego de mesa político entre el gobierno y la oposición donde cada uno juega para su beneficio personal, llevando al país a la controversia por defender sus intereses, dificultando así la construcción de la paz, ya que es muy difícil lograrlo en una sociedad fragmentada, que ha sido vulnerada por la violencia y los actos delictivos, que necesita de la reparación de víctimas,  que busca justicia en un proceso que no se los asegura.

Natalia Springer en su columna: "No podemos renunciar a la obligación de heredarles a nuestros hijos un país mejor que el que recibimos, en el que el día a día no esté supeditado por el terror, un país en el que la civilidad nos reúna de nuevo”, es injusto que se le deba preguntar a la población si quiere vivir en paz, cuando en realidad es un derecho invulnerable, durante las negociaciones han surgido contratiempos que dificultan el adelanto y anclan su avance. Sucesos como las manifestaciones de sectores productivos de la nación y también movilizaciones para llamar la atención de la máxima autoridad nacional, con el fin de motivar la inversión en los grupos que han dejado a la deriva por darle prioridad a la alianza con las FARC, una de las movilizaciones que más impacto generó fue el paro camionero, que provoco una crisis en las centrales de abastos nacionales y perdidas millonarias, dejando en evidencia el grado de importancia que le da el gobierno al bienestar de la nación.

Votar positivamente a los planteamientos de estos grupos subversivos es acabar con la guerra, pero, también es aceptar el fin del estado de derecho, todo esto a cambio de la “promesa” de no asesinar más personas inocentes, ni poner en riesgo a la población civil, dejando que el tiempo dicte hasta qué punto son verdaderas, y cuál es su capacidad de cumplirlas, lo cierto es que los negocios ilícitos, son una fuente de ingresos elevados, y es poco probable que renuncien a dichos procedimientos, está claro que se le darán poderes especiales en el congreso y que sus decisiones tendrán un peso importante en el desarrollo del país, también se les pagará el triple de un salario mínimo legal y algunos otros beneficios, algo que consideramos injusto. Ha llegado el punto en que algunos consideran la posibilidad de pertenecer a estos grupos para poder mejorar su calidad de vida y acceder a la mano “caritativa” del gobierno.

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