Liquidación del reparto agrario y de privatización de los ejidos

Liquidación del reparto agrario y de

privatización de los ejidos (1992).

En febrero de 1992, con cierta popularidad

amasada, Salinas de Gortari se lanzó sobre otra tradicional demanda de

los empresarios: acabar con el reparto agrario. Como sabemos, la Revolución

Mexicana tuvo entre sus principales causas la lucha de millones

de campesinos por recuperar la tierra. Por años y a pesar del triunfo de

los grupos revolucionarios, los gobiernos se negaron a realizar dicha

recuperación, haciendo pequeñas restituciones y dotaciones de tierras.

Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia (1934-1940), la política

agraria dio un vuelco enorme. Convencido de la posibilidad de una economía

rural campesina para México y del tremendo poder de los grupos

conservadores latifundistas. Cárdenas realizó un extenso reparto agrario

y cerró las condiciones para el regreso al poder de las viejas oligarquías

conservadoras. Desde entonces; los afectados, algunos de ellos fundadores

del PAN, trataron de recuperar sus propiedades y reclamaron que el

gobierno declarara el fin del reparto agrario. Sin éste -decían- no habría

seguridad en la tenencia de la tierra, pues sus empresas podían verse amenazadas

por nuevos repartos. ¿Por qué invertir en la agricultura si existe

el riesgo de una expropiación? Esto último había ocurrido de manera

muy sonada en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, cuando este mandatario

expropió propiedades privadas en el norte del país, mismas que

luego repartió entre grupos campesinos. En el PRI, la idea de finalizar el

reparto no era del todo aceptable. Algunos la miraban como una traición

al campesinado. Otros como una necesidad técnica ya que las tierras que

quedaban por repartir eran, desde los años setenta, tierras de muy mala

calidad. Y otros más pensaban que la opción para los campesinos no

eran más tierras, sino más tecnología. Salinas era partidario de esta última

y anunció su medida como una nueva era de modernización agrícola.

Ésta coincidía plenamente con el enfoque neoliberal que promueve la

conversión de todo productor en empresario capitalista. Al mismo tiemIMAGEN

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María del Rosario Vidaca Montenegro

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po, cumplía los deseos del PAN de

declarar oficialmente concluido el

reparto agrario y, además, impulsaría

la seguridad de la tenencia de la

tierra no sólo eliminando cualquier

nuevo reparto, sino reformando la

Constitución para iniciar un largo

proceso de división de los ejidos en

parcelas individuales y entregarlas

como propiedad privada a los campesinos.

Participación de las corporaciones religiosas en educación

y obligatoriedad para la educación secundaria (1993).

En 1993 se realizó una nueva reforma a la Constitución, esta vez tocó el

cambio al Artículo 3°. Las reformas previas a éste habían sido conflictivas

ya que definían el carácter de la educación y, básicamente, habían

procurado distanciar la educación pública de la educación confesional o

religiosa. Después adquirieron connotaciones más políticas en términos

de su definición como educación socialista (1934), que después fue sustituido

por una educación de carácter nacionalista (1945). Para la reforma

de 1993, ya estando zanjadas en la práctica las diferencias entre la Iglesia

y el Estado, los cambios no despertaron reacciones encontradas. Como

en el caso del Artículo 130, se trató en parte de legitimar las acciones que,

aunque siendo violatorias, se venían dando

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