Reparto Agrario

El artículo 27 constitucional, es uno de los artículos mas importantes de la parte dogmática de nuestra constitución. Por ser uno de los derechos más elementales que tutela como lo es el poder adquirir una propiedad privada para cualquier particular, el de proteger la propiedad ejidal de la cual se deriva una importante actividad como es la agricultura que es base de la economía de cualquier nación. Por lo que el artículo 27 constitucional es uno de los que más reformas tiene, ya que tiene que adaptarse a la realidad social imperante en ese momento para poder tutelar el derecho.

En el contexto internacional respecto a lo socioeconómico y político y más referente a la globalización económica, las reformas al Art. 27 Const. es factor importante en la etapa de la economía mundial. El proceso globalizador es en sí un conjunto de tendencias y concepciones que se presentan en los campos científicos técnico, económico político, social, ambiental, jurídico, institucional, en el cual nuestro País se ve envuelto en los cambios. Respecto a la globalización es importante hacer mención a la “mano invisible” del mercado como único motor regulador de la economía, esta mano que aprieta y ahoga, cuyos actores responde a influencias políticas y económicas no democráticas. Ya que los países

subdesarrollados muy apenas tienen voz en las instituciones donde se decide el destino de la humanidad con sus planes de ajuste estructural que obligan a privatizar las empresas publicas y reducir los gastos sociales y de protección ambiental. Los Países firman sus tratados y convenios en los cuales los más

pobres de ven perjudicados y los países desarrollados, abandonan las políticas de tipo social condenando a los desfavorecidos a la miseria y a la marginación.

Desde el año 1982 el gobierno mexicano comienza una reestructura

económica tomando como base los lineamientos del modelo neoliberal virtud a sus transformaciones de competitividad y de inserción en la economía mundial rediseñando la política macro económica, cambiando todos los ámbitos, como el sector agropecuario que es el que no ocupa en este trabajo, enfrentado medidas siendo una de ellas la reforma al Art. 27 Constitucional y una la nueva legislación en materia agraria. En cuanto a la política económica debido a las recomendaciones del BM y el FMI llevaron a que el gobierno privatizara las paraestatales vinculadas al sector agropecuario, tales como INMECAFE, FERTIMEX, ingenios azucareros, etc. Y procediendo a la restructuración de instituciones como CONASUPO, BANRRURAL, ANAGA, FIRA

ante el asombro. Se debería de legalizar la venta y arriendo de las parcelas ejidales, así como formar asociaciones y usufructuar los terrenos de uso común.

En el contexto nacional las condicionantes que fluyeron en la reforma del art. 27 constitucional fueron la reorientación económica hacia el neoliberalismo, debido a la crisis económica generalizada provocada por el descenso de los precios del petróleo y el aumento de las tasas de interés en la deuda externa. La política económica durante el gobierno de Miguel de la Madrid eran darle prioridad a los compromisos financieros externos y la implementación de una restructuración económica general. El estado, prepara el terreno a la inversión extranjera mediante un proceso de desregulación jurídica y administrativa. Aunque tales políticas se dan a partir de 1982 las reformar al sector rural se implementa a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en el cual incorpora el plan nacional de desarrollo cuyo fin era la modernización referente a incrementar el nivel de ingresos y el nivel de vida de los productores rurales

mismos que solo podrían ser logrados aumentando los niveles de producción. Otro fin era volver competitiva la economía mexicana en el exterior recibiendo de la agricultura alimentos y materias primas en condiciones favorables.

Otro factor interno que motivó el nuevo modelo económico para el

campo y por lo tanto la reforma multicitada es la crisis del sector agropecuario, ya que después de un gran auge entra en crisis a mediados de los años sesenta y de la cual no se ha podido recuperar, dicha crisis se debió tanto a situaciones de carácter interno como externo, a los cual el presidente Díaz Ordaz

promueve una política de ventajas comparativas lo cual desestimula aún mas la producción comenzando México a importar granos básicos a principios de los 70, en esta década las políticas se orientan a estimular la producción campesina tratando de sacarla del estancamiento, para los cual se implantaron ciertos planes tanto en el gobierno de Luis Echeverría como de José López Portillo, quienes canalizan recursos para intentar salir del atraso productivo mismos que no rindieron los frutos deseados.

El estallido de la crisis económica y financiera las consecuencias

negativas para la agricultura fue la pérdida del poder adquisitivo de la

población, la inflación, el desempleo y la disminución de los apoyos gubernamentales, y el hecho que el campo no fuera rentable se debió en gran manera a los bajos niveles de inversión pública y financiamiento bancario y lo bajo de los precios de los productos del campo en relación a los industriales y urbanos. Al campo le urgía una reforma, plantear alternativas que le ayudaran a superar la crisis es por eso que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modifica sustancialmente el Artículo 27 de la Constitución y la legislación agraria.

En la iniciativa de reformas está el hecho de que se reconozcan las

prácticas que se hacían al margen de la ley como era el rentismo, venta y transmisión de propiedades ejidales y comunales, para lo cual daba pauta a que fuera legal, así el campesino podría libremente decidir sobre el destino de su patrimonio.

“Diez puntos para dar libertad y justicia al campo Mexicano” expuesto

ante el sector agropecuario por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari el 14 de noviembre de 1991, argumenta las modificaciones que se proponen al Art. 27 Constitucional estando a favor de dichas reformas y para ello promete recursos presupuestales extraordinarios y junto con el nuevo marco jurídico permitirá traer justicia y libertad al campo mexicano.

“Justicia y libertad para el campo” su propósito es proporcionar justicia

social efectiva por la vía del empleo, producción, capacitación y reparto

equitativo de los beneficios. Otro fin es restituir al campesino la libertad de decidir

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