Matanza De Acteal

Matanza de Acteal

La Matanza de Acteal fue una incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, ubicado en la región de Los Altos de Chiapas al sureste de México, el 22 de diciembre de 1997. Durante dicha incursión, fueron atacados indígenas tzotziles de la organización "Las Abejas", que se encontraban orando en el interior de una pequeña iglesia de la localidad. El resultado fueron 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, opositores y grupos defensores de derechos humanos la consideran parte de una estrategia terrorista auspiciada por el gobierno para desarticular la base social de la localidad de Acteal. El crimen oficialmente fue castigado, pero diversas fuentes jurídicas consideran que el procedimiento policial y judicial fue altamente inadecuado, por lo que la comunidad que sigue exigiendo garantías, ya que el crimen permanece impune.1 2 Diversas fuentes periodísticas acusan directamente a mandos del ejército de haber colaborado con la masacre, por ejemplo diversos casquillos de bala encontrados en el escenario del crimen corresponden a armas que sólo están en posesión del ejército,3 igualmente diversos testimonios declaran que los mandos militares armaron a civiles y les incitaron a usarlas contra otros civiles.4La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo debe ser condenado pordelitos de lesa humanidad.4 El grupo Las Abejas se deslindó de la demanda en contra del ex presidente Zedillo, alegando que los demandantes anónimos deben de ser partidarios delPartido Acción Nacional o el propio ex presidente Carlos Salinas, con quien mantiene una seria rivalidad.5

Tras los hechos de Acteal, fueron inculpados 26 indígenas identificados por los deudos de las víctimas como los autores de los crímenes. Los inculpados solicitaron un juicio de amparo, que finalmente les fue otorgado a 20 de ellos el 12 de agosto de 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN), bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República (en aquél tiempo encabezada por Jorge Madrazo Cuéllar) fabricó evidencias para inculpar a los presos.

Hace 11 años, seis meses y 15 días que en el poblado de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró una masacre que dejó 45 indígenas muertos, la cual convulsionó la política de aquella época y abrió una herida que todavía no cierra en ese poblado.

También desató un polémico debate sobre qué fue lo que pasó en aquel rincón de México, donde pensadores se han enfrascado en acusaciones sobre la veracidad de sus dichos. Mientras que una parte señala que el asesinato de aquellas persona fue por una fallida estrategia paramilitar, otros tratan de minimizar el alcance del conflicto, para dejarlo en un mero pleito comunitario.

22 de diciembre de 1997. Un grupo armado -presuntamente conformado por más de 100 personas- mató a 45 indígenas tzotziles: 18 niños, 22 mujeres y 6 hombres. Según la versión oficial, difundida por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, se atribuyó el ataque a disputas entre grupos locales tras formarse Concejo Municipal Autónomo de Polhó.

La otra versión, de los habitantes, es que su simpatía por la causa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) derivó en que el gobierno, en sus tres niveles, organizara grupos paramilitares para hostigar a la población y rebelde, y posteriormente causar enfrentamientos para poder justificar el ataque en contra de los zapatistas.

3 de enero de 1998. Emilio Chuayffet Chemor renunció a la Secretaría de Gobernación. Fue remplazado por Francisco Labastida Ochoa, quien a la postre sería candidato presidencial priista en la elección de 2000, cuando ganó Vicente Fox.

5 de enero de 1998. Carlos Marín, en ese entonces reportero de la revista Proceso, reveló la existencia de un plan de contrainsurgencia militar para crear conflictos sociales, como también para provocar la inducción de desplazamiento de poblados.

7 de enero de 1998. Julio César Ruiz Fierro, gobernador interino chiapaneco, renunció a su cargo, el cual fue asumido por Roberto Albores Guillén. A Ruiz Fierro se le atribuye la siguiente declaración: “Mi presidente (municipal de Chenalhó, Mariano Arias) no te preocupes, deja que se maten, yo voy a mandar la seguridad pública para que levanten a los muertos”

20 de diciembre de 1999. Legisladores chiapanecos pidieron ayuda a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) para que los implicados políticos sean sancionados.

20 de diciembre de 2000. El subcomandante Marcos, líder visible del EZLN, señaló en un comunicado, a propósito del ataque contra indígenas que "al contrario de lo que dice la profusa campaña publicitaria gubernamental, nada ha cambiado. Nada hay en Chiapas que permita asegurar que Acteal no se repetirá".

27 de diciembre de 2006. La Fiscalía General de Justicia de Chiapas anunció la creación de una instancia para reactivar las investigaciones del caso Acteal.

24 de agosto de 2007. Dos de los encarcelados por la matanza revelaron la ubicación de las armas que fueron usadas durante el ataque. “Nos duelen los inocentes, por eso decidimos confesar”, señalaron.

4 de octubre de 2007. Condenaron a 34 indígenas a 26 años de prisión, de los cuales sólo dos aceptaron haber sido autores materiales del asesinato colectivo.

20 de noviembre de 2007. Murió Antonio Vázquez Secum, quien según el libro blanco elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR), solicitó apoyo a hombres armados de la comunidad Los Chorros para ultimar a 45 indígenas de Acteal, en venganza por el asesinato de su hijo Agustín Vázquez, el 17 de diciembre de 1997.

27 de diciembre de 2007. Antonio Santiz López, presunto autor del ataque, fue exonerado de los delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

30 de enero de 2008. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), señaló que existe una responsabilidad del Estado por la masacre. “Sabemos, como dicen los propios documentos oficiales, que los militares organizaron a civiles para que sirvieran como apoyo para enfrentar a grupos disidentes. A partir de esas evidencias sostenemos que hay impunidad”, indicó.

2 de agosto de 2009. La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió atraer el caso Acteal porque se trata de un asunto que "reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación

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