Caso Acteal

ACERCA DEL CASO ACTEAL

INTRODUCCIÓN

El expresidente Felipe Calderón se deslindó. Declaró ante la justicia federal que nunca dio la orden de solicitarle al gobierno de Estados Unidos inmunidad diplomática para el exmandatario Ernesto Zedillo.

La extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Espinosa también se desmarcó y ahora el único integrante del gobierno anterior que debe responder por las acciones para favorecer a Zedillo es el exembajador Arturo Sarukhán. Pero éste se defiende y en declaraciones a Proceso asegura que actuó bajo las órdenes del gobierno de Calderón. Flamante miembro de la poderosa firma de cabildeo estadunidense Po-desta Group.

Nadie asume su responsabilidad y el conflicto saltó de mano en mano hasta quedar en las del ex diplomático. El juez que lleva el caso de la demanda contra el ex gobernante priista se lanza a fondo contra Sarukhán, a quien -en consecuencia- acusa de haber actuado por su cuenta en aquella gestión, con lo que habría violado la ley.

DESARROLLO

Javier Cruz Angulo Nobara, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), al referirse a la orden de liberación inmediata de 15 indígenas acusados por la matanza de Acteal, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), recordó que esta resolución se da luego de que estas personas pasaran casi 14 años en prisión.

Durante el año 2002 para los Tribunales Colegiados de Circuito, ya existía en 2002, una figura denominada "reconocimiento de inocencia", por lo que una vez que la Corte declaró que las pruebas fueron falsas, fue que se promovieron los reconocimientos de inocencia con base en las sentencias que había dictado la Suprema Corte.

En este sentido, es importante recordar que la acusación del Ministerio Público se basó en una lista de presuntos responsables de la masacre, elaborada por un testigo integrante de la comunidad que tras manifestar no saber escribir y no conocer suficientemente el castellano, señaló a más de 100 personas por sus nombres completos.

La masacre de Acteal se ha convertido en un caso de justicia cuestionada, donde más que certezas, hay dudas sobre si los verdaderos culpables están pagando su crimen.

“En su momento, la Procuraduría General de la República consideró sólidas y suficientes las pruebas aportadas. Tan es así que los jueces dictaron una sentencia”, manifestó la PGR por medio de su vocero Ricardo Nájera Herrera, en respuesta a las conclusiones del máximo tribunal. Los indígenas acusados por la PGR cumplen sentencias de entre 20 y 40 años de prisión.

En los tres primeros meses posteriores a la matanza, la PGR inició 13 averiguaciones previas y detuvo a 87 indígenas y 15 funcionarios de segundo y tercer nivel, que recibieron sentencias menores a los ocho años de prisión, salvo el ex alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, quien sigue preso.

La dependencia sustentó la hipótesis de que el motivo de la masacre fue un conflicto por la posesión de un banco de arena, junto con el asesinato del hijo del líder de un grupo antagónico al de Las Abejas, del que formaban parte los indígenas asesinados.

La defensa de los sentenciados argumentó también en el amparo que durante la investigación desapareció evidencia relevante para el caso, que se alteró la escena del crimen, que el Ministerio Público sustrajo de manera ilícita a inculpados del reclusorio y fabricó testimonios, entre otras irregularidades.

Por todas las irregularidades detectadas, la Corte pretende también establecer criterios a los jueces para combatir en el futuro irregularidades relacionadas con una integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la admisión de pruebas obtenidas

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