NEOLIBERALISMO Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA PÚBLICA EN MEXICO 1982-2000

NEOLIBERALISMO Y SU IMPACTO EN LA EMPRESA PÚBLICA EN MEXICO 1982-2000

INTRODUCCION

“Menos estado y más mercado” es la doctrina favorita de los gobernantes mexicanos desde la entrada del neoliberalismo que se tomara como inicio 1982 y sus repercusiones hasta el año 2000. Las consecuencias del neoliberalismo que ha tenido el estado mexicano que ha sido relevado no solo de sus funciones principales de conducción, regulación y planeación del desarrollo sino también ha puesto a la venta sus activos y recursos más valiosos llevados por políticas privatizadores que ponen a México en la mira de los mercados internacionales.

El Estado abandona la producción e intervención directa en los mercados para ocupar un papel más discreto como proveedor de infraestructura básica y como supervisor y garante de la “autorregulación de los mercados”^[1]

Las consideraciones del periodo 1982-2000 devienen de las intervenciones más claras en la política económica de organismos externos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, empleadas por administraciones públicas deficientes que favorecen el capital privado dejando de lado la intervención estatal demeritando al estado al  papel solo de regulador en los mercados y proveedor de recursos para el bien funcionamiento de los capitales privados. La privatización, la desregulación y los rescates de empresarios ineficaces, son parte de las nuevas funciones que el Estado utiliza para facilitar la fijación de los grandes capitales a costa de quitar la función dirigente y planificadora del Estado y de declinar a la responsabilidad social de la administración pública.

Como punto principal del ensayo analizare el impacto que ha tenido este modelo sobre el aparato estatal más específico el impacto en las empresas públicas como se dio la transición a manos de privados la venta y abaratamiento de los activos que provoco un sesgo más notable entre la nueva clase capitalista y los trabajadores cada vez más pobres. La orientación de la administración pública hacia el mercado y la venta de empresas contribuyeron al aumento de prácticas monopólicas y al crecimiento en la concentración de capitales.

Lo dividiré en las tres fases cruciales para el desarrollo del neoliberalismo que son privatización, apertura y desregulación, explicare cada una de estas y como fue el proceso para ser aplicadas en México de 1982-2000.

PRIVATIZACION

Las ocupaciones que el Estado neoliberal toma no son, las de guardián de la ley, sino que debe ofrecer y garantizar las condiciones para la consolidación de los mercados globales y la internacionalización de las empresas transnacionales. Se está viendo que la nueva economía mundial requiere de los Estados y sus aparatos público administrativo para eliminar los obstáculos o barreras a la integración económica mundial y ofrecer las condiciones normativas necesarias así como una seguridad militar indispensable para la consolidación del mercado mundial.

En 1970 en México se sostenía una crisis; el endeudamiento creciente y el incremento de la participación del Estado en la vida económica y social, de ser los elementos contra restantes de los desequilibrios, se vuelven en su contrario, en fuentes de inestabilidad. El gobierno mexicano  como respuesta a la crisis se dio a la tarea de fortalecer el sector público haciéndose cargo de empresas privadas débiles y manteniéndolas como fuentes de empleo para contener la amenaza de descontento por parte de la clase obrera. Entre 1970 y 1980 el número de empresas estatales se duplicó, al igual que el número de sus empleados^[2] En 1940, se contaba con 36 empresas públicas que fueron objeto del auge cardenista y, posteriormente, derivado de la política de sustitución de importaciones, el Estado vio incrementar su número de empresas que llegó a ser hasta de 1,155 en el año de 1982. ^[3]

El gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) organizó una política de expansión del sector público lo que implicó la ampliación de la infraestructura del sector público para abrir campos que consideraron insuficientemente cubiertos (vivienda: INFONAVIT; ciencia y tecnología: CONACYT; promoción de exportaciones: IMCE; industrialización rural: FONAFE; energía nuclear: INEN). Se aplicó la política de "mexicanización" de industrias, mediante la cual pasaron a control público las empresas: Cananea, Azufrera Panamericana, Telmex, Compañía Minera Autlán, Tabacalera Mexicana, Motores Perkins, CONDUMEX y Alimentos del Fuerte. Las entidades paraestatales, representaban más del 30% de los gastos corrientes del gobierno federal en 1969. Están empresas ineficientes a cargo del gobierno perdían dinero por lo que se tuvo que recurrir al endeudamiento para ser mantenidas así la deuda externa de México creció de  6.800 millones de dólares en 1972, a 58.000 millones en 1982^[4]. En términos globales, en el periodo 1971-1981, se da una tendencia general a que el gasto del sector público aumente, en particular, el de capital. Este se concentra en los sectores productores de insumos básicos, fortaleciendo, a su vez, los circuitos financieros estatales (NAFINSA, SOMEX, BANOBRAS) a fin de apoyar la expansión de la industria de bienes de capital, induciendo al capital privado a invertir en áreas consideradas como prioritarias por el Estado. Esto dio como resultado una mayor inversión extranjera y se observa un proceso de asociación entre el Estado y el capital foráneo (caso de Turalmex, S.A., Turbinas de Vapor, Grupo Industrial NKS S.A., Productora Mexicana de Tubería, S.A., Nitrocelulosa, S.A., Tuberías y Equipos Industriales, S.A., Productora de Engranes y Reductores, S.A. y Fábrica de Tractores Agrícolas, S.A.), representado por compañías suizas, japonesas, españolas y alemanas.^[5]

A raíz de la crisis del setenta, los ingresos del Estado mexicano cayeron y los costes de la deuda se elevaron ampliamente. La disminución de la presencia estatal a finales de la década de los sesenta tuvo sus secuelas inmediatas en el retraso de la producción de ramas clave de la economía, tales como petróleo, electricidad, siderurgia y minería, así como rezagos importantes en los gastos de bienestar social.

A partir de la década de los ochenta se empieza a generar un cambio en la política económica en el país derivado de la crisis de los energéticos y de la inestabilidad del sistema monetario internacional de la década anterior. El Estado frenó su crecimiento y disminuyó su intervención en la actividad económica mediante una política de privatizaciones de sus empresas

En 1982 la administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), somete al Estado y a la administración pública a cambios profundos en su particularidad intervencionista; condujo al sector público a una reestructuración profunda mediante mecanismos como la privatización, desregulación y recortes al gasto público, lo que también llevó a la economía a una profunda recesión en aras de destinar la mayor parte de los recursos presupuestales al pago de la deuda externa. Esto en realidad ha significado una forma de traslado de los recursos públicos a manos del capital privado.  En 1982, ante un escenario de altos déficits públicos, una elevada y considerable deuda externa y la presencia de niveles importantes de inflación, tanto los acreedores externos como los organismos internacionales (FMI, BM) fomentaron la política de privatización, encaminada a la disminución del déficit fiscal y la posibilidad del pago de la deuda. Las razones que se han enumerado para llevar a cabo un programa de privatizaciones, están las siguientes: mejorar la eficiencia, mejorar las cuentas públicas, disminuir el poder de los sindicatos, sustituir al sector público por el privado en la toma de decisiones en los mercados de bienes y servicios, redistribuir la renta y la riqueza de la sociedad.

De 1982-1988 se privatizo con la distinción entre las empresas paraestatales estratégicas, las prioritarias y las no prioritarias; algunos ejemplos de empresas estratégicas son: en los sectores de energía y transportes petróleo,  petroquímica básica, electricidad, energía nuclear, carreteras y ferrocarriles. Durante el mandato de José López Portillo se nacionaliza la banca renunciando a la guía neoliberal de privatización, fue realizada para rescatar a los grupos privados dueños de la banca que estaban endeudados por alrededor de 14 mil millones de dólares. Al entrar Miguel de la Madrid se encuentra presionado por organismos internacionales que fueron requeridos para el endeudamiento del Estado; David Harvey lo nombra de esta forma “La nueva combinación formada por el FMI, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro estadounidense, organizada por James Baker para rescatar a México, ejerció sobre el presidente una presión adicional. No sólo insistían en la austeridad presupuestaria sino que, por primera vez, instaban a que se llevaran a cabo amplias reformas neoliberales como la privatización, la reorganizaron del sistema financiero de manera más acorde a los intereses extranjeros, la apertura de los mercados internos al capital extranjero, la disminución de las barreras arancelarias y la creación de mercados laborales más flexibles.”

En conclusión durante el periodo de 1982-2000 el gobierno se pasó rescatando empresas privadas adquiriendo así su deuda por programas como el FOBAPROA en el caso de la banca o estatizando empresas, saneándolas para después abaratar sus activos como el de caso de Telmex que también ayudo al nivel monopolización del país por estas empresas que fueron desde los sectores de minería, telecomunicaciones, transporte aéreo y agricultura. Entre los activos privatizados destacan los casos de Telmex, Aeroméxico, Mexicana, Minera Cananea y sobre todo la banca comercial.^[6] 

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