ALGUNOS ANTECEDENTES A LA LEY DE REFORMA AGRARIA N° 17716

I. ALGUNOS ANTECEDENTES A LA LEY DE REFORMA AGRARIA N° 17716

Sin lugar a dudas, una de las medidas más populares tomadas por el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en el Perú, ha sido la dación de la Ley de Reforma Agraria. Sólo la toma de la International Petroleum Company, realizada en 1968, podría competir en popularidad y en el apoyo obtenido en el país, con la dación de la ley que cambiaba radicalmente la estructura agraria peruana.

En el Perú, por más de dos décadas se había incrementado paulatinamente, no sólo la discusión sobre reforma agraria, sino también se había promulgado y discutido una serie de decretos, leyes y proyectos que en una u otra forma apuntaban a una reforma del agro. Sin embargo, poco se había materializado en términos de reparto efectivo de tierras.

Durante el gobierno de Odría, en la década del 40, se promulgó un primer decreto, declarando que el Estado tenía la capacidad de expropiar las tierras que no estuvieran trabajadas. Sin embargo, nada se hizo para que la situación cambiase realmente, aun a este nivel incipiente de reforma.

Fue durante la campaña presidencial para el período 1956-1962 en el que el tema de Reforma Agraria fue uno de los más mencionados y donde los candidatos necesariamente tenían que tomar una posición al respecto. La Reforma Agraria Boliviana jugó un rol importante en este sentido, al ser un proceso que se llevaba a cabo muy cerca de nuestras fronteras, en una situación rural muy semejante a la de ciertas regiones de nuestro Ande.

Habiendo sido elegido Manuel Prado a la Presidencia de la República, éste se vio obligado a tomar algunas medidas en relación con las promesas planteadas sobre Reforma Agraria. La Comisión de Reforma Agraria y Vivienda fue creada para tal fin. Como era de esperar, al estar presentes en dicha Comisión conocidos latifundistas, representantes de la Compañía Grace y la Sociedad Nacional Agraria, los planteamientos no tocaban aspectos importantes como el futuro de las grandes haciendas azucareras del norte del país, empresas con una extensión considerable de hectáreas, altamente tecnificadas y con alta concentración de poder económico y político. Sumándose a todo ello, el Congreso Nacional sólo dio fondos muy limitados para iniciar los primeros estudios sobre cambios en el área rural.

Todos estos intentos, orientados más para acallar la presión existente que para resolver el problema, no lograron otro objetivo real que el de, justamente, aumentar la presión. La Revolución Cubana y su política de afectar a las empresas azucareras; el incremento en importaciones de alimentos; la subsecuente presión sobre el campesinado para llevarlo a tierras marginales y hasta el Acuerdo de Punta del Este sobre la necesidad de realizar reformas agrarias en América Latina, hicieron que la campaña de los candidatos que pensaban reemplazar a Prado en la Presidencia tuviera nuevamente que enfatizar la Reforma Agraria como uno de los puntos fundamentales de su programa de acción. Fernando Belaúnde Terry, candidato y posteriormente Presidente, fue uno de los que más claramente estuvo en la línea de propugnar una Reforma Agraria en el país. Belaúnde, como signatario de la Carta de Punta del Este, se comprometió a: "Impulsar dentro de la particularidad de cada país, programas de Reforma Agraria Integral, orientados a la efectiva transformación de las estructuras e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante el complemento de crédito oportuno y distribución de los productos, la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienestar y garantía de su libertad y dignidad"

Las continuas frustraciones que acabamos

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