Reforma Agraria Aguan

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Reforma Agraria y el conflicto agrario en el Bajo Aguán

Gilberto Ríos

FIAN Internacional

Sección Honduras

Febrero 2 2010.

Introducción

Lo que originalmente fue una exposición sobre el caso MUCA, en la que se destacó lo

negativo de la coinversión entre empresarios agroindustriales y empresas campesinas

creadas a partir de las tomas de tierra del 9 de diciembre de 2009, se amplía con el análisis

de los demás temas del convenio firmado entre el régimen de Porfirio Lobo y esta

organización campesina, en abril de 2010, y su cumplimiento. Se destacan ahora las graves

violaciones a los derechos humanos a los miembros de esa organización campesina.

Agregamos una breve reseña del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), cuyo protagonismo

es destacado en los medios de comunicación luego que guardias de seguridad de

Miguel Facussé asesinaran a 5 de sus asociados el 15 de noviembre del 2010. También se

amplía con el análisis del Decreto 18-2008 que abona a la actualización y reflexión de las

políticas públicas luego del golpe de Estado decidido por empresarios y ejecutado por los

altos jerarcas de las fuerza armadas.

Antecedentes

Las tomas de tierra del MUCA en el Bajo Aguán, Colón, el 9 diciembre de 2009 y luego

del MCA en abril de 2010, respectivamente, han orquestado a los más grandes medios de

comunicación del país contra ese movimiento y reinventado la historia productiva del

valle a favor de los terratenientes. Se empeñan en lograr una opinión pública agresiva

contra los campesinos y, con ese propósito, repiten hasta el cansancio que ahí se gesta un

movimiento guerrillero apoyado por venezolanos, cubanos y las Fuerza Armadas Revolucionarias

de Colombia (FARC).

Adulteran los hechos históricos cuando aseguran que las inversiones de los terratenientes

convirtieron el Bajo Aguán en un lugar productivo y que, por tal razón, los campesinos no

tienen otra opción que agradecer las oportunidades de empleo que aquéllos ofrecen.

La historia del Bajo Aguán es muy distinta a la que escribe y promueve el aparato ideológico

nacional y otros medios internacionales que se distinguen por su parcialidad a los

intereses de la oligarquía hondureña y las transnacionales.

Fueron los conductores del Estado hondureño, incapaces de afectar tierras dentro de la

frontera agrícola1 durante la implementación de la Ley de Reforma Agraria de 1962 quie-

1 Área rural con infraestructura económica y social dedicada a la actividad agropecuaria o con ese potencial.

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nes decidieron colonizar2 ese valle aún con la certeza de que tal iniciativa tendría un costo

muy alto, y que por la incapacidad de implementarlo con recursos financieros propios del

Estado hondureño se verían obligados a acudir a préstamos internacionales que se sumarían

significativamente a la deuda externa del país.

En 1970 el Instituto Nacional Agrario (INA) realizó las primeras actividades para el cultivo

de palma africana y cítricos (naranjas, toronjas y limones) con cooperativas del sector

reformado3 asentadas en el Valle del Aguán.

Con el gobierno reformista surgido en 19724 se intensificó el proceso de colonización,

siempre con fuerte financiamiento proveniente de la banca internacional5 y recursos financieros

propios del Estado exigidos como contraparte por la fuente financiera. Con esos

recursos el Estado hondureño construyó carreteras y caminos secundarios, puentes, sistemas

de drenaje, bordos para contención de inundaciones, escuelas, centros de salud…en

ambas márgenes del Río Aguán.

El INA estableció un programa de migración inducida para trasladar campesinos al despoblado

Bajo Aguán, especialmente de la zona sur del país. Otros departamentos con

altos índices de pobreza aportaron importante cuota en ese proceso de poblamiento. Tan

inhóspita era la región que en los primeros años muchos de los asentados emigraban a

otros lugares del país obligando al Estado a mantener el programa de migración inducida

por más tiempo que el preestablecido, hasta que logró el arraigo de una importante población

que se dedicaría al trabajo productivo exigido por un proyecto de tan grandes dimensiones

para Honduras.

Al Estado se debe, entonces, la colocación de todos los factores productivos fundamentales

en esa región: tierra, capital y fuerza de trabajo.

Como en el resto del país, los asentamientos campesinos del Aguán debían constituirse en

cooperativas, empresas asociativas o en cualquier forma de organización societaria en el

interés de que los campesinos convertidos en empresarios lograran ser competitivos en el

mercado y, con ello, prevenir que la propiedad adjudicada por el INA se concentrara nuevamente

en manos de latifundistas y empresarios rurales, tal como había sucedido con las

asignaciones unifamiliares de tierras que mandaban las disposiciones legales en esa materia

en 1925 y 1936, o las que integraron las desaparecidas “colonias agrícolas” en la

década de los 506, así como las practicadas bajo la ley de reforma agraria de 1962.

2 Rompimiento o ampliación de la frontera agrícola a costa de la utilización de territorios vírgenes.

3 Totalidad de asentamientos campesinos de reforma agraria sin distingos de formas de organización empresarial campesina

desde la reforma agraria de 1962 a la fecha.

4 Golpe de Estado militar dirigido por Oswaldo López Arellano el 4 de diciembre de 1972 al gobierno de unidad nacional

encabezado por el nacionalista Ramón Ernesto Cruz.

5 Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

6 Colonias agrícolas: Catacamas, OLA, Jila, Monjarás, Guaymitas, Leán y Aguán.

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El decreto número 87 y 170 o Ley de Reforma Agraria promulgada en 1974 mantuvo esas

prevenciones aún cuando en esos tiempos a nadie se le ocurría que se vendieran las tierras

del sector reformado habida cuenta que la ley contenía serias restricciones y se confiaba

en que quienes gobernaban el país mantenían la voluntad política necesaria para fortalecer

el sector reformado. En el caso que se presentar la eventualidad de la venta de tierras

del asentamiento los interesados debían contar con la aprobación del INA y este instituto

podría comprarla para reasignarla a otros campesinos sin tierra, siempre que cumplieran

con los requisitos de beneficiarios de la reforma agraria8 establecidos en la misma ley.

El plan nacional de reforma agraria (1974-1978) se orientó con la idea de construir un

sector reformado que sustituyera con éxito las relaciones económicas y sociales establecidas

por una irracional distribución de la tierra y el bosque. A partir del diagnóstico preliminar

de las formas de producción y propiedad de la tierra se identificaron tres modelos

que los planificadores llamaron compartimientos: el tradicional, expresado en el binomio

latifundio-minifundio; el moderno, por la empresa privada agropecuaria con importante

inversión de capital (bananera, cañera, palmera…); y, el contemporáneo, por las empresas

societarias campesinas del sector reformado.

Atendiendo criterios de justicia social, productividad, protección al ambiente y, en suma,

el desarrollo del país, había que eliminar el compartimiento tradicional con la finalidad

última de fortalecer el compartimiento contemporáneo; es decir, eliminar el latifundio y el

minifundio y, con las tierras afectadas, constituir nuevas empresas campesinas.

Las empresas del compartimiento moderno se desenvolverían a sus anchas, en el marco

de un modelo de desarrollo de corte capitalista impulsado especialmente por empresarios,

dedicados a la industria, las finanzas y el comercio, que entendían y promovían a la reforma

agraria como proyecto que contribuiría sustancialmente al fortalecimiento de sus

capitales. De ahí que el Plan Nacional de Desarrollo (1974-1978) señalara que la reforma

agraria era el “quehacer fundamental” del gobierno militar que lo implementaba.

Pero el logro de estos propósitos estuvo muy por debajo de lo esperado. La meta de afectación

de tierras estimada en 600,000 hectáreas para beneficiar a 120,000 familias (5

hectáreas por familia) establecida en el plan quinquenal 1974-78 no se cumplió. Entre

diciembre de 1972 y 1990 (18 años) se afectaron aproximadamente 385,000 hectáreas y

solamente 40,000 hectáreas provenían de propietarios privados, según la información

ofrecida en los documentos que sirvieron de base a la Ley de Modernización y Desarrollo

del Sector Agrícola (LMDSA).

La imposición del modelo neoliberal en el gobierno de Callejas (1990-1994) y continuada

por los gobiernos que le siguieron, ya nacionalistas o liberales, rompió la lógica de esta

7 Emitido el 26 de diciembre de 1972 y vigente a partir del 5 de enero de 1973.

8 Ser hondureño por nacimiento, varón, mayor de dieciséis años si es soltero o de cualquier edad si es casado, o mujer

soltera o viuda si tiene familia a su cargo; b) Tener como ocupación

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