Cua año 2000 A 2010

Entre 2000 y 2010 el fortalecimiento del poder público, como urgencia en pos de aspirar

a la superación del escenario de conflictos violentos, ha sido una constante de los

diferentes gobiernos colombianos. Tanto la Administración Pastrana (1998-2002) como,

sobre todo, la Administración Uribe (2002-2010), han incorporado en sus diferentes

mandatos políticos la prioridad que supone el fortalecimiento institucional del Estado

como vector fundamental en la superación de la cruenta realidad que azota a Colombia.

Sin embargo, ¿cuál ha sido el verdadero alcance de dicho propósito a modo de resultados?,

¿cómo debe interpretarse la transformación, o no, de la naturaleza y posición del

Estado colombiano y el imperio de la lay respecto al escenario de violencia armada?,

¿cuáles son los horizontes y las perspectivas que plantea el escenario conflictual en

Colombia tanto en su relación con el alcance del Estado como con la posible superación

del mismo?

La hipótesis que se plantea es que tanto la concepción de Estado como el afán de su

fortalecimiento institucional como necesidad primera dentro de la realidad que presenta

el escenario de violencia armada en Colombia, han respondido a un significado parcial

que comprende la estatalidad desde el monopolio legítimo de la violencia y control

del territorio. En otras palabras, con una noción de mínimos estrictamente weberiana.

Es por ello, que si se atiende a la prolífica literatura que al respecto ha tratado el conflicto

colombiano y el significado del Estado dentro del mismo, son innumerables los

calificativos que éste ha recibido: fallido, fracasado, colapsado, débil, en vías de fracaso,

paraestado, narcoestado, Estado de naturaleza, etc.

Todas estas calificaciones, que serán expuestas, responden en buena medida a que en

su mayoría gravitan en torno al mismo binomio indisociable que, como definitorio del

Estado, representan el monopolio legítimo de la violencia y la soberanía. Así, vistos

únicamente los aspectos que tienen que ver con la seguridad, Colombia ha experimentado

una ostensible mejoría a ojos de los observadores cuantitativistas, lo que permite

hablar de un Estado despojado en cierta medida de las vestiduras del fracaso y del

colapso. Como se verá, esta perspectiva es en parte ilusoria y en exceso voluntarista, al

presentar una realidad parcial de los hechos y no contribuir a la solución sostenible de

los problemas de la violencia en Colombia.

Tanto la Política de Seguridad Democrática (PSD), bandera del gobierno de Álvaro

Uribe para la superación del conflicto colombiano, como el Plan Colombia, resultante

del común acuerdo entre Clinton y Pastrana (1999) - continuado durante la Administración

Bush y el mandato de Uribe, han respondido a la misma visión simplista

de concebir el Estado estrictamente en términos de fortaleza militar y, por ende, de

consolidación de la dimensión de seguridad3.

En la práctica, tanto la PSD como el Plan Colombia responden al planteamiento que se

construye desde la noción de “paz negativa” que concibe la paz como ausencia de conflictos

armados, a diferencia de lo que propone la “paz positiva” como orientación a crear

las condiciones materiales que hacen posible una auténtica superación del conflicto. En

otras palabras, como señala Harto de Vera (2004), donde la “paz negativa” comprende

únicamente la ausencia de guerra y violencia directa, la “paz positiva” incorpora la justicia

social. Y en el caso de Colombia

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