Declaracion Moreno Bunker

CENTRO REGIONAL DE BOCAS DEL TORO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS

LICENCIATURA EN DERECHO

POR: ELIZABETH GUERRA

TEMA DEFENSORÍA DE OFICIO

Este tema se justifica porque al estudiarse el funcionamiento del Sistema de Justicia a través del procedimiento penal, éste exige la presencia de un abogado defensor (privado o de oficio) en todas sus etapas, ya que el derecho a una defensa plena constituye una de las principales garantía para los ciudadanos inculpados por la comisión de un delito.

Este derecho puede ser ejercido mediante la designación de un defensor privado que le asiste y le defienda, o bien cuando el acusado no posea recursos económicos suficientes para poder costear los honorarios de un abogado en particular le es asignado uno de oficio por el ministerio Público o el Órgano Judicial.

En Panamá la defensa legal como parte de la tutela penal efectiva en el proceso penal se encuentra regulado en el artículo 22 de la Constitución Política .La normativa garantiza así mismo el derecho a la asistencia legal gratuita a las personas que lo solicitan en casos penales y a indigentes en materia civil (familia, menores, y reforma agraria).

Según las reglas del Patrocinio Procesal gratuito, tienen derecho a la asistencia legal gratuita las personas que ganan menos de B/.5,000.00,anualmente, y que sus bienes sean menor de B/.5,000.00. La defensa pública está en manos del Instituto de Defensoría de Oficio (el Título xv del Código Judicial regula esta institución) el cual está subordinado a la Corte Suprema de Justicia.

El cuerpo de defensores de oficio es excesivamente bajo, cada defensor tiene una carga laboral promedio de 565 casos, para atender necesidades de una población penal y civil tan alta.

El Instituto de Defensoría de Oficio depende del Órgano Judicial y está constituido por los abogados idóneos que designe el Pleno de La Corte Suprema de Justicia para que actúen en defensa de los intereses de toda persona que tenga derecho a asistencia legal gratuita, siempre que se trate de casos de competencia de la justicia ordinaria.

Sus funciones son reguladas en el Libro Primero del Código Judicial y por el Acuerdo 239 de 19 de noviembre de 1993 proferido por la Corte Suprema de Justicia.

Su estructura orgánica y funcional está constituida por: la Dirección Nacional (cuyo Director Nacional es escogido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia), la Subdirección de Distrito Judicial y Defensores de Oficio, los cuales se dividen en Defensores de Oficio de Distrito Judicial y Defensores de Oficio de Circuito Judicial.

En este mismo orden de ideas cuentan con Valores que son de gran relevancia como lo son: Vocación, Organización, Efectividad, Compromiso Social, Trabajo en Equipo, Honestidad, Integridad y Transparencia.

Desde los albores de la República de Panamá, en 1,914 se nombraron los primeros defensores de oficio. Anteriormente esta Institución estuvo adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, del Órgano Ejecutivo, durante casi todo ese periodo, los Defensores de Oficio, despachaban desde oficinas particulares, o sea no existía una entidad de cuerpo y cada Defensor actuaba de manera unilateral e independiente, además no tenían impedimento al ejercicio privado de la profesión. Posteriormente se da una Reforma Legislativa en donde el salario de los Defensores de Oficio es equiparado al de los Jueces o Magistrados donde ejercen, pero no es hasta 1991, en donde se hace efectiva la normativa y se crea el cuerpo físico del Instituto de Defensoría de Oficio, dotado de instalación y un modesto equipo mobiliario, y es en ese año en donde efectivamente se da la equiparación salarial.

Clase de Trabajo que ejecuta el Defensor de Oficio:

Realiza trabajos de nivel profesional, siendo responsable de brindar asistencia legal gratuita, eficaz y oportuna a toda persona que tenga derecho a ello en los procesos o negocios de su competencia, según lo dispuesto por la ley.

Descripción Del Trabajo:

Representa a personas con derecho a ello en la gestión de los negocios de su competencia. Prepara la defensa, estudia y examina el expediente, elabora y establece la estructura jurídica desde la fase sumarial hasta la fase plenaria.

Representa a los patrocinados en las diligencias de indagatorias, careos, inspecciones oculares y reconstrucción de los casos, en las audiencias y en toda diligencia que requiera su presencia. Recaba y obtiene pruebas necesarias para la defensa. Prepara y presenta los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios que procedan conforme a la ley. Da seguimiento a las notificaciones, sentencias, autos y providencias de los casos. Vela para que se mantenga el registro y control de los negocios que lleva ante el Ministerio Público, el Órgano Judicial y cualquier dependencia del Estado en donde ejerza sus funciones. Brinda asesoría a los patrocinados, sus familiares y al público. Visita semanalmente los Centros Carcelarios, en donde se encuentran detenidos sus patrocinados, para dar y obtener información necesaria para el ejercicio de sus funciones, así como velar por su condición. Mantiene contacto con funcionarios del Órgano Judicial y de otras dependencias para coordinar el trabajo. Rinde informes técnicos y administrativos sobre los procesos en que ha intervenido, así como los solicitados por la Dirección Nacional, Sub Dirección Distrital y coordinadores en donde ejerce sus funciones. Realiza tareas afines según sea necesario.

Supervisión:

Ocasionalmente recibe directrices muy generales sobre los trabajos que debe ejecutar personalmente o a través de los funcionarios del despacho que dirige. Normalmente da cuenta del trabajo realizado al superior de la entidad a través de reuniones e informes. Tiene libertad en la ejecución de su trabajo dentro de las normas y procedimientos establecido.

Es responsable de la supervisión del personal profesional y de apoyo que coadyuva en sus funciones.

Competencias laborales:

Conocimiento amplio de Derecho, especialmente Derecho Penal y Procesal Penal, jurisprudencia, doctrina y legislación vigente. Conocimiento de criminología, medicina legal y terminología legal. Conocimiento de métodos y técnicas de investigación jurídica. Buen conocimiento de ortografía, gramática y redacción.

Habilidad analítica:

Dominio de técnicas de lectura rápida. Habilidad

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