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Fuentes Del Derecho


Enviado por   •  21 de Abril de 2013  •  1.953 Palabras (8 Páginas)  •  267 Visitas

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Etimología de la palabra Fuente:

La palabra “Fuente” viene del latín “Fons” (agua que brota de la tierra). Este concepto de abastecimiento de agua esta presente en estas semánticas de la palabra: “recipiente profundo” y “aparatos y cañerías para suministrar agua”.

Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. (reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 9 de diciembre de 2005)

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

(modificado por la reimpresión de la constitución, publicada en el diario oficial de la federación el 6 de octubre de 1986)

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del derecho.

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(reformado en su integridad mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 18 de junio de 2008)

Toda persona tiene derecho a la proteccion de sus datos personales, al acceso, rectificacion y cancelacion de los mismos, asi como a manifestar su oposicion, en los terminos que fije la ley, la cual establecera los supuestos de excepcion a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden publico, seguridad y salud publicas o para proteger los derechos de terceros.

(adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federacion el 1 de junio de 2009)

No podra librarse orden de aprehension sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometio o participo en su comision.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehension, debera poner al inculpado a disposicion del juez, sin dilacion alguna y bajo su mas estricta responsabilidad. La contravencion a lo anterior sera sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este cometiendo un delito o inmediatamente despues de haberlo cometido, poniendolo sin demora a disposicion de la autoridad mas cercana y esta con la misma prontitud, a la del ministerio publico. Existira un registro inmediato de la detencion.

Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave asi calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la accion de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razon de la hora, lugar o circunstancia, el ministerio publico podra, bajo su responsabilidad, ordenar su detencion, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignacion del detenido debera inmediatamente ratificar la detencion o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a peticion del ministerio publico y tratandose de delitos de delincuencia organizada, podra decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta dias, siempre que sea necesario para el exito de la investigacion, la proteccion de personas o bienes juridicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la accion de la justicia. Este plazo podra prorrogarse, siempre y cuando el ministerio publico acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duracion total del arraigo no podra exceder los ochenta dias.

Por delincuencia organizada se entiende una organizacion de hecho de tres o mas personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los terminos de la ley de la materia.

Ningun indiciado podra ser retenido por el ministerio publico por mas de cuarenta y ocho horas, plazo en que debera ordenarse su libertad o ponersele a disposicion de la autoridad judicial; este plazo podra duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto sera sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del ministerio publico, se expresara el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionara penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacia de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorara el alcance de estas, siempre y cuando contengan informacion relacionada con la comision de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticion de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del ministerio publico de la entidad federativa correspondiente, podra autorizar la intervencion de cualquier comunicacion privada. Para ello, la autoridad competente debera fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando ademas, el tipo de intervencion, los sujetos de la misma y su duracion. La autoridad judicial federal no podra otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de caracter electoral, fiscal, mercantil, civil,

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