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Una de las principales actividades que ha caracterizado el desarrollo económico en Colombia durante los últimos años, es la creación exponencial y desarrollo continuo de empresas manufactureras y de servicios, siendo ésta la tendencia que ha marcado significativamente el sector comercial. Dicho desarrollo económico se basa en la búsqueda del fortalecimiento de las estructuras empresariales encaminadas al progreso y a la consolidación de las pequeñas y medianas empresas (pymes).¹

Según estadísticas del DANE realizadas en el año de 2007, la Encuesta Anual Manufacturera permite valorar la incidencia de la PYME en el panorama empresarial colombiano, éstas representan el 96.4% de los establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social.²

La distribución geográfica de las unidades, establece que la PYME en términos generales sigue la misma tendencia del total de la industria manufacturera y reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos: Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico.³

Frente a este panorama, la mediana empresa aparece como un potencial elemento dinamizador de la economía en la medida que, en comparación con la microempresa, genera empleo de mayor calidad en cuanto a estabilidad e ingresos, requiere y utiliza mayor capital, cuenta con más infraestructura, tiene mayor potencial de integrarse en cadenas productivas debido a su mayor capital y uso de tecnología, por lo tanto, su productividad relativa es más alta.

Sin embargo a pesar de esta evolución son muchos los inconvenientes que impiden el pleno desarrollo de estas medianas empresas, puesto que están sujetas a frecuentes impedimentos que se derivan de los altos costos en los que puede incurrir al formalizarse, como impuestos, cargas prestacionales, gastos de registro y las políticas que las cobijan. Dentro de este último aspecto, es importante señalar que desde mediados de los años noventa, el gobierno colombiano empezó a establecer leyes para promover la creación de organismos y programas a los cuales los potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de negocio.¹

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