Contrados Acorazados

Contratos acorazados

La reforma laboral promovida por el Gobierno del Partido Popular enfila los últimos trámites parlamentarios. Uno de los puntos más importantes de la nueva normativa es la generalización del despido con solo 20 días de indemnización por año trabajado con un máximo de 12 meses. Los cambios en materia laboral, sin embargo, no afectarán a 260 consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección de las empresas del Ibex 35, el 46% del total, cuyos contratos contienen blindajes que les dan derecho a cobrar indemnizaciones mucho más generosas.

La inclusión de cláusulas antidespido denominadas en inglés golden parachutes (paracaídas dorados) es una práctica generalizada entre las grandes empresas. De hecho, solo cuatro grupos del Ibex —Abengoa, Banco Popular, Bankinter y OHL— no las tienen. En la práctica totalidad de los casos el órgano que decide conceder los blindajes es el consejo de administración, no la junta de accionistas a la que, como mucho, se la informa (y no en todos los casos).

La casuística es muy variada, pero el principal motivo para activar estos blindajes es si se produce un despido improcedente. En algunas empresas también se contempla su uso si el directivo dimite o si hay un cambio de control. Como contrapartida el ejecutivo se suele comprometer a firmar una cláusula que le impide fichar durante un plazo determinado por otra empresa que sea competencia directa.

Todos los años hay un goteo de directivos que ejecutan sus blindajes. En los últimos meses, por ejemplo, NH Hoteles ha pagado 6,56 millones a Gabriele Burgio; Juan Carlos Torres se ha ido de Duro Felguera con 3,65 millones; en el caso de José Manuel Vargas (Vocento) su finiquito estuvo valorado en 3,12 millones; Luis Atienza ha dejado la presidencia de Red Eléctrica con una indemnización próxima a los 800.000 euros; Diter Kiefer (Cementos Portland) recibió 331.234 euros; Rodrigo Rato (Bankia), tras su adiós a la presidencia, tiene derecho a cobrar dos anualidades, lo que supone, tras la limitación salarial aprobada por el Gobierno a los bancos con ayudas, un máximo de 1,2 millones.

¿Cómo justifican las empresas estos blindajes? Hay argumentos para todos los tipos. Red Eléctrica, por ejemplo, explica que los tiene porque los demás también los usan (“las citadas cláusulas se ajustan a la práctica habitual del mercado”). Otros hablan de evitar una fuga de cerebros, aunque con palabras más sofisticadas: “El objetivo es conseguir un grado de fidelidad eficaz y suficiente de los ejecutivos de primer nivel necesarios para la gestión de la sociedad y, de este modo, evitar la pérdida de experiencia y conocimientos que podría poner en peligro la consecución de objetivos estratégicos”, argumenta Iberdrola.

Tras el estadillo de la crisis financiera la Comisión Europea hizo pública una recomendación en abril de 2009 sobre

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