Crisis Economica

Crisis económica en Venezuela es consecuencia de un modelo fracasado

Miércoles, 12 de febrero de 2014 - 7:27 am En: América Latina, Internacional

CARACAS (Notimex).- La crisis de balanza de pagos y la pérdida de reservas que actualmente sufre Venezuela son consecuencia del modelo económico fracasado que el gobierno se empeña en imponer, afirmó hoy el economista privado José Guerra.

‘Este modelo perverso, que privilegia las importaciones, destruye la producción nacional, disminuye el empleo y genera inflación, ha demostrado que puede conducirnos al abismo’, precisó a Notimex el catedrático de la pública Universidad Central de Venezuela (UCV).

Guerra destacó que Venezuela vive una crisis económica sin precedentes, caracterizada por una elevada inflación de 56.3 por ciento, pronunciada escasez y estancamiento de producción, sobre todo alimentos, por lo que las importaciones se han incrementado.

‘La declinación de reservas internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV) durante 2013 alcanzó a ocho mil 500 millones de dólares y en lo que va de 2014 es de mil millones de dólares, lo que configura una crisis de balanza de pagos’, recaló el analista.

Advirtió el economista y ex director del BCV que las medidas anunciadas recientemente por el gobierno nacional no parecen encaminadas a corregir los graves desequilibrios y distorsiones estructurales de nuestra economía.

‘Frente a esa crisis de grandes dimensiones, el gobierno se limitó a anunciar un conjunto de medidas dispersas, encaminadas a crear más restricciones al acceso a las divisas y ninguna para generar más divisas, que es donde reside el problema de fondo’, observó.

Guerra recalcó que para sanear la economía habría que levantar los controles, desmantelar las regulaciones excesivas y flexibilizar el esquema cambiario “con miras a la liberación perentoria de todas las transacciones en moneda extranjera”.

Aclaró que pretender combatir la inflación, como insiste el gobierno, acentuando los controles de precios, conducirá inevitablemente a mayores distorsiones, y advirtió que ‘el sistema de precios que hoy prevalece en Venezuela desestimula la inversión’.

Se pronunció por la necesidad de reducir el gasto público y sincerar los precios, en un marco de seguridad jurídica, que promueva y aliente la actividad productiva, genere empleos, propicie la sana competencia y reduzca la dependencia de las importaciones.

En cuanto a la posibilidad de que la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) deje de requerir financiamiento del BCV (una de las principales causas de la inflación), dijo que podría disminuir dependiendo del ajuste que se haga al precio de la gasolina.

Venezuela: Causas y Consecuencias

Por: Román D. Ortíz, Mar, 2012-10-09 11:39

Hugo Chávez se ha alzado por tercera vez con la presidencia de Venezuela. Así las cosas, no cabe duda de que el Comandante ha adquirido dimensiones de fenómeno histórico. Después de catorce años en el poder, derrotó a Henrique Capriles por una ventaja de más de un 10 por ciento y se dispone a iniciar un mandato de seis años que se extenderá hasta el 2019.

Para los partidarios de Chávez, la explicación de tan extraordinario desempeño solo puede ser la natural inclinación del pueblo a apoyar la Revolución Bolivariana. En otras palabras, los estratos populares votan por quien defiende sus intereses y ese es Hugo Chávez. Sin embargo, más allá de consignas y prejuicios, la realidad es bastante más compleja.

El presidente Chávez ha construido una formidable maquinaria que combina premios y castigos para controlar una fracción sustancial del electorado. El eje del sistema descansa en el predominio del Estado sobre la economía a través de su control de la renta petrolera. Los recursos provenientes del petróleo han permitido al gobierno financiar sus políticas populistas y arrinconar al sector privado sin pagar el precio de un inmediato colapso económico. Chávez ha acosado a un sector del empresariado– quienes que no le rinden pleitesía – y ahuyentado a parte de la inversión extranjera –no la de Rusia y China – con la tranquilidad de que disponía de un chorro de petrodólares para tapar los huecos producidos por esta cruzada anticapitalista.

El resultado ha sido un Estado omnipresente que se ha convertido en proveedor clave de bienes y servicios a todos los venezolanos, bien a través de programas sociales, bien como fuente de contratos para un sector privado dependiente de la generosidad del gobierno. Sobre esta base, el régimen ha extendido sus tentáculos para vigilar y controlar la voluntad política de los ciudadanos:

Misiones sociales y clientelismo. El gobierno venezolano ha invertido miles de millones de dólares en una variedad de programas sociales bautizados como “Misiones”. Estas iniciativas para proporcionar bienes y servicios a los sectores populares – desde salud a casas – sufren de enormes problemas de gestión que hacen incierto el acceso a los beneficios prometidos. Al mismo tiempo, las ayudas tienen un carácter netamente politizado puesto que el acceso a las mismas se presenta como fruto de los logros de la Revolución para el pueblo y no como consecuencia de un derecho ciudadano igual para todos. De hecho, el que decide quién recibe la asistencia es a la vez funcionario estatal y seguidor del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). De este modo, las “Misiones” son escenarios perfectos para el clientelismo. Los ciudadanos pueden vincularse a ellas; pero ninguno tiene la garantía de que va a obtener lo prometido a menos que cuente con las “palancas” adecuadas. Y aquí es donde se convierte en esencial la adhesión a la causa de la Revolución. Si el ciudadano requiere de una “manita” del burócrata, es fundamental que demuestre su compromiso con el gobierno.

Algunos lectores estarán pensando que lo descrito no tiene nada de nuevo. Todos los gobiernos tratan de ganarse la adhesión de los votantes ofreciéndoles algún premio por su respaldo. Pero en el caso de Venezuela, dos factores otorgan a estas estratagemas un impacto decisivo. Por un lado, el papel central de Estado como proveedor de bienes y servicios debido a la condición raquítica del sector privado. Por otra parte, el margen de discrecionalidad de las autoridades para conceder o negar las ayudas de acuerdo con su conveniencia política.

Control político de los empleados públicos. Si en algo se ha caracterizado el gobierno bolivariano ha sido en ampliar la nómina del Estado hasta dimensiones colosales. En el presente, el número de empleados públicos se sitúa en torno a los 2,5 millones, equivalente al 20,5 por ciento de la población ocupada. La libertad de voto de este colectivo –familias incluidas – es un asunto que merece discusión.

En este sentido, vale la pena recordar el formato que una parte de los funcionarios estatales tuvieron que completar semanas antes de las recientes elecciones. En estos documentos, con firma y huella, se les solicitaba que declarasen en qué colegio electoral iban a votar. Ninguno de los trabajadores públicos necesitaba mucha imaginación para suponer que el documento tenía como único propósito comprobar si apoyarían al candidato de la Revolución.

Todos los funcionarios saben que votar por la oposición les pone en un riesgo real de perder su empleo. Para botón de muestra, vale la pena recordar lo sucedido con los votantes a favor de la destitución de Chávez en el referéndum revocatorio de 2004. Sus nombres terminaron reseñados en la “Lista Tascón” y la “Lista Maisanta” que fueron empleadas por el gobierno bolivariano para castigar a los disidentes. Muchos perdieron sus empleos y otros el acceso a los servicios sociales del Estado.

Hegemonía mediática. El gobierno Chávez ha desarrollado una doble estrategia en el ámbito de la comunicación pública. Por un lado, ha presionado a los medios de la oposición, algunos de los cuales han perdido la licencia para operar o han sido cerrados. Por otra parte, ha construido un enorme bloque de medios afines al gobierno, bien sometiendo a alguno de los existentes a la voluntad del ejecutivo, bien creando otros nuevos al servicio de la Revolución. Como señala el análisis de José Woldenberg y Genaro Arriagada para el Woodrow Wilson Center sobre las condiciones de la competencia electoral en Venezuela, “en la televisión el predominio del gobierno es abrumador estimándose que ya en 2007 controlaba siete televisoras de alcance nacional y 35 televisoras abiertas comunitarias”.

De hecho, el acceso a los medios de comunicación de gobierno y oposición es completamente asimétrico. Solo a modo de ejemplo, el presidente Chávez ha usado y abusado de su posibilidad de realizar “cadenas” – declaraciones públicas que deben ser retransmitidas obligatoriamente por todos los medios de comunicación– hasta el punto de que desde 1999 hasta junio de este año había acumulado un total de 2334 con un promedio de 45 minutos cada una. Todo ello sin contar las declaraciones de funcionarios gubernamentales y otros recursos de propaganda institucional. Por su parte, Capriles disfrutó durante el periodo electoral de los tres minutos de televisión diarios que le autoriza la ley electoral al candidato opositor.

Intimidación a la oposición. Sin duda, el evento más dramático de las elecciones fue el asesinato de tres seguidores de Capriles por militantes radicales en Barinitas el 1 de octubre. Pero la campaña opositora ya había sufrido anteriormente acciones violentas. Ahí está, por ejemplo, el ataque a una concentración de partidarios de Capriles en Puerto Cabello el pasado 12 de septiembre que

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