Derechos.

A través del cuestionamiento de la dicotomía público/privado que subyace al discurso de los derechos humanos, el movimiento feminista ha logrado incorporar en la agenda política una serie de cuestiones relacionadas con la sexualidad y la reproducción. Así, y gracias principalmente al impulso del movimiento de mujeres y la comunidad LGBTI (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales), en los últimos años se ha ido avanzado en la conceptualización de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Sin embargo, se trata de un proceso incipiente y en construcción, que se enfrenta además a distintas ideologías conservadoras, contrarias a la ampliación de los derechos humanos hacia espacios de autonomía sobre el propio cuerpo y la sexualidad.

El Programa de Acción resultante de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994, es el primer instrumento internacional que incluye explícitamente la “salud sexual y reproductiva” y los “derechos reproductivos” dentro de los derechos humanos a proteger. Así, afirma que losderechos reproductivos “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”. También incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia (Capítulo VII, A).

Al año siguiente, la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, reafirma esta definición de los derechos reproductivos y da un paso más, al ampliar el alcance de los derechos de las mujeres a cuestiones que podrían reconocerse como una formulación inicial de los derechos sexuales: “Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, y decidir libremente respecto de esas cuestiones, sin verse sujeta a la coerción, la discriminación y la violencia. Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el respeto y el consentimiento recíprocos y la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual” (Párrafo 96).

Desde entonces, el concepto de “derechos reproductivos” ha conseguido cierta aceptación global, si bien muy limitada y confrontada. A ello ha contribuido en gran medida el movimiento amplio de mujeres que, en su esfuerzo por desmontar la visión hegemónica de la identidad femenina como sinónimo de maternidad, se ha focalizado en la reivindicación del derecho de las mujeres a decidir libremente si tener o no tener hijos, a contar con la información necesaria y al acceso a métodos anticonceptivos. Esto es, a reivindicar la maternidad como una opción y no como un destino.

Los derechos sexuales, por el contrario, no aparecen mencionados en ningún instrumento de derechos humanos y su conceptualización está resultando mucho más problemática. Desde la perspectiva de los Derechos Humanos la sexualidad se ve frecuentemente asociada a problemáticas como la violencia sexual, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, la infección del VIH o la mortalidad por abortos

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