El más grande en la historia de la quiebra y reestructuración de la WorldCom

berlo concebido pero dijo que lo hizo siguiendo instrucciones claras de Ebbers, quien hizo caso omiso a las insistentes advertencias de que las correcciones eran ilegales. La fiscalía dijo que el fraude ocurrió desde finales del 2000 hasta comienzos del 2002, alcanzando en ocasiones casi 1.000 millones de dólares por trimestre en costos ocultos e ingresos registrados de manera inapropiada. WorldCom indicó entonces que las irregularidades contables consistieron en gastos mal registrados como inversiones de capital, que inflaron artificialmente los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). Así, los resultados de 2001 y del primer trimestre de 2002 deberían haber sido pérdidas netas: 6.300 millones de dólares el año pasado y 1.400 millones en el primer trimestre de 2002. El escándalo compromete nuevamente al despacho de contadores Arthur Andersen quien auditó los resultados financieros de WorldCom en 2001 y revisó los libros de la empresa el primer trimestre de 2002, y avaló las cuentas de WorldCom durante el año pasado y el primer trimestre de 2002 y pasó por alto una maniobra contable que disfrazó gastos operativos como inversiones de capital y fueron reportados finalmente como utilidades, cuando en realidad eran pérdidas por 3 mil 800 millones de dólares. Después fue sustituida por KPMG.

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La mayor quiebra de la historia y la reestructuración

WorldCom se declaró en bancarrota el 21 de julio de 2002, tras revelar que había manipulado las cuentas y que había tenido pérdidas durante tres años, en que los que había declarado beneficios. La deuda ascendía a 41.000 millones de dólares. La acusación pública sostuvo que aquella conspiración fue motivada por la presión que los bancos ejercían sobre Ebbers, a quien habían prestado 400 millones de dólares con garantía de sus acciones de la empresa. El fiscal cerró su alegato con un burlón juego de palabras: "WorldCom se convirtió en WorldCon" [traducción: Timo Mundial]. La mayor quiebra de la historia estadounidense titulan los períodicos. Ello no es una simple expresión. El ocultamiento de una realidad económica y financiera durante un tiempo prolongado, de la segunda empresa más importante en telecomunicaciones de los Estados Unidos y el primer operador mundial de servicios de Internet, significó una caída estruendosa. En momentos en que se colocó al abrigo del capítulo 11 de la ley federal de concursos, empleaba 85 mil asalariados y contaba con 20 millones de abonados en 65 países. En su declaración, el acusado aseguró no haber visto ni conocer muchos de los documentos presentados por la fiscalía en su contra, aunque éstos habrían pasado por su despacho. Los documentos mostraban la caída de los beneficios durante el período que duró el fraude, y desmentían los buenos resultados anunciados públicamente por los directivos. Una vez conocidos las maniobras contables, la empresa cayó en bancarrota. La quiebra de las empresas abrió también el tema de las remuneraciones astronómicas de los ejecutivos. Desde los años de Reagan, el abismo entre los ingresos de los asalariados y el los de los dirigentes de empresas que reciben salario no hizo más que progresar de manera vertiginosa. Según Business Week, en 1980 un director general medio ganaba 42 veces más que el obrero. En 1990 ganaba 85 veces más. Y en el 2000 ganaba ya 531 veces más. Si salimos de las fronteras de Estados Unidos, encontraremos situaciones similares. Además del perjuicio sufrido por los particulares y la afectación de la credibilidad pública de las empresas norteamericanas, debemos sumarle la enorme pérdida por el derrumbe de una empresa de la importancia de WorldCom. La empresa solicitó la protección por bancarrota en julio de 2002, fue reestructurada y rebautizada MCI, para salir del concordato en abril de 2004. Las maniobras contables para ocultar pérdidas desmoronaron al gigante de las telecomunicaciones, al cual ahoga una deuda espectacular, por lo cual ha debido tomar la decisión de reducir su planta laboral en 17 mil personas, es decir, más de 20 por ciento de sus empleados. Se ha logrado un acuerdo con sus acreedores que le permitirá salir de la bancarrota. La empresa que pasará a llamarse MCI, ha presentado un plan al Tribunal de Bancarrotas de Estados Unidos que prevé reducir deuda de 30.000 millones de dólares a 4.500 millones de dólares y disminuir drásticamente sus gastos para poder competir de forma directa contra sus principales rivales, liderados por AT&T. En cuanto al futuro de WorldCom, se aseguró que se proponía vender parte de las 70 firmas adquiridas por Ebbers en su alocada carrera de crecimiento y que se desprendería de negocios no rentables en Iberoamérica y Asia. En mayo de 2005, la nueva ejecutiva de la compañía decidió vender sus activos de red de telefonía al gigante Verizon.

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La investigación

En dos informes firmados por William McLucas (estudio Wilmer, Cutler & Pickering), por demás comprometedor, remitido el 10 de julio de 2001 por Ebbers a Ronald Beaumont -entonces director operativo-, admite complejas maniobras para alterar asientos contables e implica a John McGuire y Michael Higgins (vicepresidentes a cargo de finanzas). El texto prueba que Ebbers estaba al tanto de las irregularidades -algo que había negado sistemáticamente durante meses-, cuyo objeto era "tapar agujeros". En otro punto del informe, se señala que Ebbers participaba en reuniones donde se decidió "inflar de seis a 12% anual el aumento de ingresos para el tercer trimestre de 2001". Ambos documentos presumen, asimismo, que Ebbers hacía uso ilegal de informaciones reservadas ("insider trading"). El segundo informe, elaborado por Richard Thornburgh, explica que Ebbers vendió acciones por US$ 70 millones a fines de septiembre de 2000, antes de trascender un abrupto descenso de ingresos. WorldCom no lo comunicó a los accionistas hasta noviembre. El informe McLucas, detalla cómo varios altos ejecutivos ocultaban deliberadamente información a la auditoría externa, en manos de Arthur Andersen. Ebbers y los suyos alteraban documentos y negaban acceso a la base de datos que almacenaba las cifras más comprometedoras (había juegos dobles y hasta triples de libros). El investigador reprocha al estudio Arthur Andersen no haber reclamado ante la junta directiva, el comité auditor ni la SEC. No obstante, AA siguió certificando balances que, luego, la conducción esgrimía para aventar dudas y críticas. En cuanto al informe Thornburgh, confirma que también el directorio de WorldCom estaba a oscuras. Particularmente, respecto de unas sesenta adquisiciones "por cifras multimillonarias, aprobadas tras apenas minutos de discusión, sin que la junta recibiese siquiera un papel con términos e implicancias de cada transacción". No en vano, los directores percibían honorarios increíbles y rumbosas dádivas. Además, el management hacía retoques por su cuenta (como en el caso Intermedia Communications, febrero de 2001), sin consultar a la junta y, después, afirmaba contar con su autorización formal.

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El perjuicio

Con el colapso de Worldcom, los accionistas perdieron cerca de 180.000 millones de dólares, 20.000 personas se quedaron sin empleo y la compañía se declaró en concordato. En primer lugar, el efecto directo en la vida de los empleados que integran la organización, quienes se perjudican por la falta de continuidad del negocio (3.700 empleados sin trabajo en abril de 2002 y 17.000 a agosto de 2002), una de las responsabilidades directas de los ejecutivos. En segundo lugar, un accionista que en marzo de 2000 haya comprado títulos de WorldCom por 10 mil dólares cuando se produjo la debacle vio reducido ese capital a sólo 200 dólares, según cálculos de analistas. Esto representa una pérdida de valor de 98 por ciento y con ello esos papeles son considerados basura, en el argot bursátil. Los inversores que compraron las acciones de esta “creciente empresa” en el año 1999 a razón de u$s 64,50 por acción vieron caer su valor hasta u$s 0,83 y no precisamente por situaciones de mercado, sino por una mala gestión de management. Pero esto no queda solo en los inversores de esta compañía, ya que genera un efecto cadena en la falta de confianza en las compañías del rubro de telecomunicaciones. La lección de la sentencia es que la responsabilidad empresarial no debe esfumarse y es proporcional al daño causado.

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Interés del gobierno

No caben dudas que el impacto de los fraudes contables en la sociedad norteamericana y en la credibilidad mundial de sus empresas, impactó de manera considerable. La inmediata reacción de los políticos fue realizar propuestas de cambios en la legislación y el tema adquirió tal trascendencia que fue más allá de toda contienda partidaria. Tanto republicanos como demócratas realizaron sus respectivos protectos y el asunto pasó a ser una cuestión de Estado. Junto con Enron, esta compañía se transformó en un símbolo de corrupción empresarial, y llevó al Congreso estadounidense a aprobar una dura legislación que responsabiliza a los empresarios por las manipulaciones financieras en sus compañías. Por un lado, el senador republicano John McCain se unió a congresistas demócratas en reclamar la renuncia del presidente de la Comisión de Valores de Estados Unidos, Harvey Pitt, un ex abogado de Wall Street entre cuyos clientes figuraban importantes firmas de contabilidad. Por otra parte, el senador demócrata Paul Spyros Sarbanes y el diputado republicano Michael Oxley presentaron sendas propuestas tendientes a implementar la “Ley

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