MARCO LEGAL

El anhelo de la población por satisfacer sus necesidades de transporte y comodidad los ha llevado a un incremento considerable de sus emisiones a la atmósfera y de la cantidad de ruido por las actividades que llevan a cabo; provocando que sus efectos sobre la salud y el comportamiento humano sean notorios. No obstante, la preocupación por la preservación del ambiente se ha convertido en un tema de vital importancia en las sociedades de nuestro tiempo. Y dentro de este ámbito, la contaminación atmosférica ocupa un lugar preferente en la atención de las autoridades y en las inquietudes de la ciudadanía.

La existencia de la contaminación del aire y la necesidad de una legislación para proteger la salud y el bienestar de la población, no son fenómenos modernos. Las normas de emisión colocan esencialmente un límite sobre la cantidad o concentración de un contaminante que pueda ser emitido por una fuente a fin de mantener o mejorar dentro de una región, la calidad existente del aire ambiental para cumplir con las leyes federales o estatales que lo demandan.

A pesar que existe una amplia legislación que compromete al gobierno y a la sociedad al cumplimiento y aplicación de la normatividad enfocada al resguardo del ambiente, existe también una situación de vulnerabilidad ante el débil rigor en la ejecución del cumplimiento de la ley .

Si consideramos a la Naturaleza como el principal y primer acreedor del sistema social, no resulta extraña la instauración de normas jurídico-ambientales que obliguen al sector público y privado, a su infracción cuando sus emisiones liberadas a la atmósfera sobrepasan lo establecido en las NOM’s. Así, el objetivo principal de las leyes y normas deberían ser el de promover su inclusión y ejecución en los distintos ámbitos de utilidad y no sólo funcionar como un requisito más del cual se pueden “safar de panzazo”.

Si nuestro país ha adoptado diversos programas y sistemas de naciones del primer mundo, ¿por qué no hacerlo en cuestión de la aplicación de las leyes? El marco jurídico de México en materia de protección ambiental es íntegro en todos los sentidos, desde las emisiones a la atmósfera hasta la regulación de los niveles de ruido. Contamos con instrumentos de evaluación como La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), que regula y asigna competencias en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica por los estados y los municipios y que se hacen valer por la SEMARNAT (dependencia rectora en materia de carácter federal), en conformidad con la estructura orgánica y jurídica del Gobierno.

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