Ordenamiento Juridico

El ordenamiento jurídico italiano se rige por la Constitución de la República Italiana, promulgada en 1948. Se trata de una constitución rígida, lo que significa que no puede ser modificada por leyes ordinarias; sólo se puede modificar o completar a través de un procedimiento especial, sumamente complejo, previsto en la propia Constitución (artículo 138).

Esta rigidez está garantizada por un control de conformidad con la Constitución de las leyes y actos con fuerza de ley, confiado en exclusividad a un órgano constitucional especial, la Corte costituzionale (Tribunal Constitucional).

Algunos artículos de la Constitución no pueden modificarse bajo ninguna circunstancia: este es el caso de la forma republicana del Estado, que no puede ser objeto de una revisión constitucional; pero, en general se consideran inmutables todos los artículos que constituyen elementos esenciales del sistema constitucional (por ejemplo, los principios de libertad e igualdad, el sistema parlamentario, el principio de rigidez de la Constitución y la justicia constitucional).

La Constitución contiene los principios generales inherentes a los valores esenciales de la vida del Estado; dicta los principios a los que deben atenerse las leyes que emanan del Parlamento, de las Regiones y de cualquier otra institución pública con capacidad para promulgar decretos y reglamentos con validez general o específica y sienta las bases de la política exterior y de las relaciones con el ordenamiento jurídico de la Unión Europea.

Eficacia temporal de las normas jurídicas

Para la entrada en vigor de las disposiciones legislativas (leyes y reglamentos) se requiere:

a. su publicación en el Boletín Oficial de la República,

b. el transcurso de un período de tiempo, conocido como vacatio legis, que va desde su publicación hasta su entrada en vigor. Salvo que se establezca lo contrario, la disposición entrará en vigor el decimoquinto siguiente al de su publicación. Transcurrido el período de vacatio legis, la ley o el reglamento se convierten en obligatorios, aunque se dé la circunstancia de que quien tiene que cumplirlos no lo sepa o no haya podido saberlo.

Una norma jurídica pierde su eficacia por derogación expresa o tácita (por incompatibilidad con una nueva norma o porque el legislador ha regulado de nuevo toda la materia).

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_docpublicaciones/Racismo%5CCap.%20II.%20Recopilacion%20de%20Normas%20Juridicas.pdf

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