PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO

PRINCIPIO DE LEGALIDAD DEL PRESUPUESTO

Públicamente, en la Constitución Nacional en su capítulo III, del presupuesto, en el artículo 345 se hace referencia a que el gobierno nacional no puede imponer contribución o impuesto alguno que no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de gastos, en tiempo de paz.

Claramente, en nuestro sistema presupuestal, la facultad de aprobar los estimativos de los ingresos y el gasto público, en tiempos de paz, corresponde únicamente al Congreso de la República. A su vez, las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, pueden hacerlo, según la competencia que les otorga la Constitución Política. (Artículos 150 numeral 11, 313, 338, 353)

Pues bien, el análisis que se le hace a este artículo se relaciona con los estados de excepción también señalados en la Constitución Nacional en los artículos 212 y siguientes.

Al detenernos en el artículo 215, nos señala que cuando se presenten hechos distintos a los establecidos en los art. 212 y 213 o sea el de guerra exterior o el de grave perturbación del orden público, que amenacen gravemente el orden económico y social del país, el gobierno en cabeza del presidente de la republica con todos sus ministros podrá declarar el estado de emergencia lo cual hace a través de decreto debidamente motivado, los cuales en forma transitoria pueden crear nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. Caso especial lo que ocurrió en el terremoto de Armenia, para lo cual se diseñó el impuesto del cuatro por mil.

De modo tal que, lo anterior es la única forma establecida por la Constitución Nacional para que el gobierno nacional pueda establecer impuestos o tributos diferentes a los aprobados o establecidos por el congreso de la república.

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