PRINCIPIO DE LEGALIDAD

-El Principio de la Legalidad: Corolario del Estado constitucional de primera generación.

-Hacia la Juridicidad

1- La ampliación del campo objetivo.

2- La eliminación de la razón de Estado.

3- La institucionalización de la Justicia Administrativa.

4- La regulación del Procedimiento Administrativo.

5- La institucionalización de la Justicia Constitucional.

6- La incorporación al ordenamiento jurídico de criterios teleológicos y sustanciales.

I

DEL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD AL PRINCIPIO DE LA JURIDICIDAD

SUMARIO: 1. Antecedentes. 2. Del principio de la legalidad al principio de la sujeción al ordenamiento jurídico constitucional, legal y reglamentario. 3. Del principio de la legalidad al principio de la juridicidad. 3.1 Los factores de profundización del proceso de legalización del Estado constitucional de primera generación. 3.2. De los criterios causales a los criterios teleológicos y sustanciales de interpretación y aplicación del Derecho. 3.3. El principio de la juridicidad administrativa.

1. ANTECEDENTES

La sujeción o sometimiento de la Administración del Estado a la ley, al principio de la legalidad, es hoy día una afirmación aceptada unánimemente.

Así ocurre en los preceptos constitucionales tradicionales que encuentran su fuente en la Carta de 1833, entroncada con la de Cádiz y ésta con la francesa de 1791, puesto que en ellos el principio de la legalidad significó sujeción de la Administración a la ley de la Asamblea legislativa, eje soberano sobre el cual se articuló el Estado moderno, y según los cuales el ser y el actuar de la Administración Pública se determinan por ley.

Conforme al artículo 65, inciso 4°, N° 2, los servicios públicos se crean, modifican o suprimen por ley; sus funciones han de ser fijadas por la ley; los cargos públicos deben crearse, modificarse o suprimirse por ley y las atribuciones asignadas a estos cargos también han de provenir de fuente legal.

El artículo 6°, inciso 1°, del Código Político somete la “acción” de los órganos del Estado “a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”; el artículo 7°, inciso 1°, prescribe que uno de los requisitos de validez de los actos de los “órganos del Estado”, es el respeto a “la forma que prescriba la ley”, y el artículo 63, N° 18, exige ley para fijar “las bases de los procedimientos que rigen los actos de la administración pública.”

El Derecho Administrativo actual es heredero de esta tradición legalista, aunque hay índices que hablan de una evolución.

2. DEL PRINCIPIO DE LA LEGALIDAD AL PRINCIPIO DE LA SUJECIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y REGLAMENTARIO

No obstante la tradición de la ley-declaración de voluntad soberana en el ámbito del Derecho público, que exalta el artículo 1º del Código Civil, la actual Constitución Política de la República no reduce el principio de la legalidad en cuanto sometimiento a las normas jurídicas, a la sola observancia de la ley así entendida, como se desprende de sus artículos 6º, 7º y 88, que modelan este principio en forma más amplia.

En el artículo 6º, el Código Político dispone, en efecto, que “Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella”, de modo que su mandato de sumisión al orden jurídico abarca de manera inequívoca no sólo al ejercicio del poder legislativo, sino también el del poder reglamentario que autoriza ejercer al Presidente de la República, a los gobiernos regionales y a las municipalidades, proyectándose, asimismo, a la facultad de

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