Poder Absoluto Sobre Vehiculo

Del análisis de la sentencia podemos definir:

Ya que el Control Constitucional es un mecanismo que consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, lo cual está establecido en nuestra Carta Magna en el artículo 334. En razón de ello, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y haciendo valer su poder, paso a decidir en este caso, en garantía y fiel cumplimiento de estas normas. Ya que el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón en sentencia dictada en el año 2009, por este juzgado, desaplico parcialmente por control difuso de la Constitucionalidad los artículos 669 al 711 del Código de Procedimiento Civil, ya que al momento de suscitarse las controversias del caso, en el cual se denota claramente que las mismas vienen dadas por Querella Interdictal Restitutoria, la cual está dirigida a satisfacer el interés particular por encima del social y colectivo, a diferencia del ámbito agrícola, el cual procura salvaguardar el interés social, general y colectivo, a través de la continuidad de la producción agroalimentaria, la conservación de los recursos naturales y del medio ambiente, el mantenimiento de la biodiversidad, garantizando todo esto a través de la protección de los derechos del productor, y de los bienes agropecuarios, los cuales como derechos colectivos se encuentran consagrados en la constitución.

Haciendo el planteamiento del caso desde el punto de vista Doctrinal, podemos decir que en la práctica existen dos sistemas de control de la constitucionalidad y legalidad de las normas jurídicas, según sea, el órgano al cual la Constitución encargue dicho cometido. Uno de ellos se denomina control concentrado porque se crean órganos constitucionales con la específica finalidad de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes; y, el otro sistema se llama Control Difuso, porque cualquier operador del derecho, en caso de conflicto entre una norma de superior jerarquía con otra de inferior jerarquía, debe preferir la primera al resolver un caso concreto.

En esta sentencia se hace notar de manera radical la violación de los derechos ciudadanos comunes, no solo consagrados en la ley de tierras y desarrollo Agrario (Art. 197 Ordinales 1,7 y 15), sino que también goza de la protección de nuestra Constitución, al salvaguardar los derechos del pueblo soberano al acceso a los rubros de producción agrícola y pecuaria, típicos del trabajo fundamentado en la tierra, el cual desde nuestros ancestros forma parte fundamental de nuestro pueblo. Independientemente del sistema de industrialización o mecanización siempre será necesaria la aplicación y desarrollo de los rubros agrícolas en las manos capacitadas de los campesinos, conocedores de las tierras y sus costumbres de labrado, cría y cosecha de los diferentes rubros que estos

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