La Felicidad

Partidos y financiamiento de los partidos.

COLOMBIA

La constitución de 1991 colombiana otorga la capacidad a todos sus ciudadanos de fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos y la libertad de afiliarse o retirarse de alguno de ellos. Para poder garantizar su validez, dichos partidos deben contar con no menos de ciento cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos, o alcancen representación en el Congreso de la República.

En cuanto al financiamiento de los partidos, el Estado contribuirá al funcionamiento de éstos mismos como también de las campañas electorales siempre y cuando obtengan la personería jurídica cumpliendo las reglas de constitución para la formación de partidos. La ley así mismo podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones individuales. Los partidos, movimientos y candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen y destino de sus ingresos. Ningún funcionario público puede realizar contribución alguna a los partidos, de lo contrario esta será causa de remoción del cargo o pérdida de la investidura.

La constitución colombiana también recalca que aquellos partidos políticos que no participen en el Gobierno, podrán ejercer su posición opositora mediante la crítica, y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos se les garantizará los siguientes derechos: de acceso a información y a la documentación oficial; uso de los medios de comunicación social del Estado que será regulado mediante la ley de comunicación.

Distribución territorial del poder

COLOMBIA

Con la aprobación de la nueva Constitución, la asamblea constituyente luchó por atacar el excesivo centralismo que presentaba hasta ese entonces la antigua constitución de 1886. Es así como Colombia de acuerdo a la Constitución de 1991 apostó por una república unitaria, pero que posee una descentralización administrativa la que reparte el poder mediante entidades territoriales. Las entidades que la Constitución colombiana reconoce son de mayor a menor importancia: los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Dichas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la ley. Los derechos que les son atribuidos son los de: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que le correspondan, administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales.

Los departamentos, que anteriormente se conocía como territorios nacionales, tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. El país se divide en 32 departamentos, gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación,

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