Educacion

LA EQUIDAD EDUCATIVA

El Gobierno de la República ha asumido plenamente el compromiso de alcanzar una mayor justicia educativa en nuestro país. Por ello, ha redoblado esfuerzos para abatir las disparidades en la atención a la demanda educativa. Estas disparidades se presentan en muy diversas formas y afectan de diferente manera los procesos de aprendizaje, abarcando un amplio espectro que va desde las oportunidades de acceso y permanencia en los servicios de enseñanza hasta la efectividad de los aprendizajes. En estas condiciones, para resolver el problema de manera adecuada, es necesario que concurran articuladamente las diferentes esferas del quehacer gubernamental en la materia.

Dadas las condiciones de desigualdad en el acceso a la educación básica prevalecientes en algunas regiones de nuestro país, sobre todo en las rurales e indígenas, existe el riesgo de que se profundice la brecha entre los que reciben y los que aún carecen de servicios de calidad. De ahí que el propósito de la equidad en la enseñanza reviste una particular urgencia en las circunstancias actuales. Como ya se indicó, el entorno social y económico e incluso el geográfico, de las comunidades más pobres contribuye a la perpetuación de las condiciones que generan la pobreza extrema: justo ahí donde se requieren los mejores maestros, donde los materiales educativos tienen un mayor impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde los conocimientos y habilidades adquiridos en la escuela pueden ser más importantes como factores que impulsan el desarrollo individual y comunitario, es donde estos recursos son más escasos y resulta más costoso y difícil hacerlos disponibles.

Es obligación y compromiso del Gobierno de la República hacer todo cuanto esté a su alcance para revertir la injusticia educativa. La Ley General de Educación es precisa al señalar que las autoridades educativas establecerán las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, para alcanzar la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

La realidad que encaran los programas compensatorios constituye una responsabilidad que a todos concierne. El gobierno federal apoya con recursos específicos a los gobiernos de las entidades federativas con mayor rezago educativo. En los convenios que celebra con las autoridades de los estados se precisan los términos de la responsabilidad educativa y se detallan las acciones específicas que las autoridades deban realizar para reducir y superar rezagos.

Una primera acción será que los programas compensatorios vigentes adquieran un carácter más participativo, de manera que los estados, por medio de sus estructuras regulares y con financiamiento del gobierno federal, puedan hacerse responsables de una mayor parte de los componentes de dichos programas. En particular, deberá cuidarse que no existan estructuras paralelas, ni administrativas ni de planeación y de formación de maestros. Asimismo, los gobiernos federal y estatales deberán evaluar juntos los insumos educativos que actualmente provee la SEP -inmuebles y materiales como cuadernos y lápices- para encontrar fórmulas de trabajo más descentralizadas. A este fin contribuirá sin duda la redistribución de funciones de construcción y mantenimiento de escuelas que se describe en este Programa.

La oferta de educación básica aún no ha sido suficientemente adaptada para dar una respuesta satisfactoria a las demandas que imponen las características ling?ísticas y culturales de la población rural dispersa, los diversos grupos indígenas del país y los grupos migrantes. Por otra parte, los factores que obstaculizan el buen desempeño educativo por lo general se retroalimentan. Así, es común que en una misma zona coincidan las escuelas más desfavorecidas, las menores posibilidades

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