Naturaleza de la protección del consumidor

En lo que respecta a la naturaleza de la protección del consumidor, la derogatoria de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y una insuficiente instrumentalización técnica de esta materia deja un enorme vacío en el derecho al consumo y de protección al consumidor.

De hecho, a lo largo de la redacción de la Ley Orgánica de Precios Justos parece haberse prestado especial atención a las disposiciones y normas referidas al control de precios y de ganancia y a la prohibición de ciertas conductas tipificadas como ilícitos económicos. Sin embargo, en materia de regulación de protección al consumidor la ausencia es notable no solo con respecto a lo que la jurisprudencia internacional reconoce como derechos básicos y su desarrollo vía normas y disposiciones, sino igualmente con respecto a aquellos principios que llegaron a estar desarrollados en la derogada Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Las normas o disposiciones que adolecen de insuficiencia, ausencia o vacío legal son a saber, de forma no exhaustiva:

Normas y Disposiciones de Protección Material (normas de etiquetado, de información, publicidad, promoción y sorteos, garantía de bienes durables, etc.).

Normas de Régimen Procedimental (arbitraje de consumo, acciones colectivas, beneficio de la justicia gratuita).

Normas de Promoción y Fomento (fomentar y apoyar las asociaciones de consumidores, financiación de programas de información o educación).

Más allá, luce contradictorio que por un lado la Ley que debería tutelar la materia de protección al consumidor adolezca de un insuficiente desarrollo en su instrumentalización técnica y en sus normativas y disposiciones específicas; y por el otro lado se produzca un fenómeno de inflación regulatoria por medio de la aprobación de normas específicas referidas a sectores económicos particulares o a grupos particulares alegándose la protección de los consumidores.

En el derecho comparado suele identificarse tres modelos del derecho del consumo y/o de protección al consumidor[1]:

1. Modelo de Unificación Normativa del Derecho del Consumo: Consiste en integrar la mayor cantidad de disposiciones y derechos del consumidor en una única Ley, armónica y amplia.

2.

Modelo de coexistencia de una ley general con legislación protectora sectorial: Consiste en una norma general complementada por medio de normativas sectoriales que contengan disposiciones que obedecen al derecho del consumo o de protección al consumidor.

3.

Modelo de Protección a través de normas sectoriales: Consistiría en un modelo de protección del consumidor por medio del desarrollo y aprobación de numerosas normativas sectoriales con disposiciones consumiristas[2] o de protección del consumidor final.

En el caso venezolano, más que responder intencionalmente al diseño de un modelo de protección del consumidor como el último descrito, especialmente cuando la “fusión” de la Sundecop y el Indepabis en la SUNDDE constituyó una oportunidad de fortalecer a la normativa de protección al consumidor; parece responder a un mal ejercicio de la Ley Habilitante y la consecuente falta de discusión pública.

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